La colonización marcó el inicio de un proceso de acaparamiento de la tierra por parte de la corona española y sus secuaces. Desde entonces, se consolidó un orden social en el que se abrieron paso los grandes terratenientes, mientras que la población no heredera del linaje real tuvo afugias para sobrevivir en el territorio sometido.
En Cali, esta concentración de la tierra y muchas otras medidas de injusticia social, hicieron parte de la heredad de Sebastián de Belalcázar que se reprodujo en los siglos posteriores por la mentalidad de los hacendados de abolengo. Los vestigios de ese poder aún los conservan con orgullo los urbanizadores de la ciudad, cuya vida social se desarrolla en el club Campestre y en el club Colombia, poseedores de la tierra y beneficiarios con la acción o la omisión del Estado.
Desde la cuadrícula impuesta por los españoles para ordenar el territorio, se generó la segregación social y espacial. Mientras las familias de notables ubicaron sus aposentos en El Empedrado, los desposeídos lucharon ante la autoridad colonial para acceder a condiciones de hábitat dignas en El Vallano. Casi cinco siglos después, estas lógicas de exclusión social se han profundizado en Cali.
Un claro reflejo de esta realidad es el indicador de espacio público efectivo en la zona urbana de Cali: en la Comuna 22, sus habitantes disponen de más de 6 metros cuadrados de espacio público por habitante, mientras que quienes sobreviven en una de las comunas del Distrito de Aguablanca, Comuna 14, no supera entre 1 y 2 metros cuadrados de espacio público por habitante. El espacio público es una condiciones del hábitat consideradas indispensables para garantizar la vida digna.
Lo paradójico e injusto es que en la Comuna 22, donde se encuentra el Club Campestre —que dispone de más de 124 hectáreas para la recreación, el deporte y la vida social de sus socios— también está ubicado el barrio que más le debe impuesto predial al Distrito de Cali: Parcelaciones Pance.
Este barrio alberga suntuosas casas, conocidas coloquialmente como “mansiones”, algunas con más de 3.000 metros cuadrados, lo que equivale a un espacio en el que podrían construirse aproximadamente 50 viviendas de interés social. Este barrio, en el que tienen predios familias con cuantiosos ingresos —incluyendo familiares del alcalde Eder Garcés— le debe al erario 178.629 millones de pesos. Por el contrario, el barrio Los Naranjos, de la Comuna 14, de población de bajos ingresos, tan solo le debe al Distrito 548 millones de pesos por impuesto predial.
Si a los superricos que viven en el barrio de la Comuna 22, Parcelaciones Pance, se les cobrará oportunamente la totalidad de lo que adeudan por impuesto predial, se podría construir en Cali un gran hospital público con tecnología de última generación o, también, arreglar las escuelas públicas que están en riesgo de colapsar por el deterioro en la infraestructura.
Sin embargo, se ratifica, una vez más, que a las familias herederas de los hacendados que acapararon la tierra desde la colonia, se le han incrementado sus exorbitantes ganancias con el proceso de urbanización. A esas familias no les gusta pagar impuesto predial, porque, precisamente, el orden social al que alude el alcalde Eder Garcés es aquel que mantiene este tipo de privilegios e injusticia tributaria. La división existente es la que se impuso con la colonización y se sigue reproduciendo como segregación y exclusión social. ¿Cuál odio de clases? Paguen.
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