Las condiciones de la venta al Distrito de Barranquilla de las acciones de la Triple A que estaban bajo el control la Sociedad de Activos Especiales (SAE) siguen generando dudas. La negociación fue hecha con base en un estudio de una banca privada que tasó su valor en $600.000 millones y la Superintendencia de Servicios Públicos intentó deshacer el negocio porque sus estudios arrojaban un valor distinto: $2,4 billones.
Para el procurador delegado Luis Ramiro Escandón, quien estuvo a cargo de la conciliación que permitió un acuerdo entre las partes, hay varias cosas aquí que no son ciertas. Una de ellas es que la gestión de la Procuraduría representara un favor soterrado a casa política Char interesada en recuperar el control de la compañía. Otra, que la valoración de los dos billones correspondiera a un estudio técnico y ponderado, ya que sus verdaderos autores en la sombra fueron los españoles del Canal Isabel II y de Inassa en su afán por recuperar la compañía que ellos mismos venían destruyendo.
En esta entrevista con Las2Orillas el procurador delegado explica también por qué el acuerdo que, a juicio del Ministerio Público, sirvió para salvar la Triple A, tenía que venir de la mano con el levantamiento de la suspensión de tres meses que le había sido impuesta al director de la SAE.
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