La libertad de cultos establecida por la Constitución de 1991 desencadenó un proceso de proliferación de cultos: más de 4000 iglesias cuya filosofía se sustenta en cualquier pasaje de la Biblia, de El Corán o incluso en visiones escatológicas. Según reciente informe de Dinero.com “Es tan fácil que en los últimos tres años se constituyeron 1258 iglesias, más de una al día en promedio. El año pasado se registraron 434 iglesias… En Colombia hay más iglesias que colegios… iglesias de todas las confesiones y vertientes crecen sin control y se convierten, en varios casos, en fortines económicos a expensas de los diezmos.”
¿Y a qué se debe esta proliferación de iglesias? La inequívoca respuesta es que, a la luz de la total libertad de cultos consagrado en la Constitución, ni el Estado ni el ejército de burócratas a su servicio, meten sus narices y pezuñas en nada que tenga que ver con las iglesias. Es decir, para abrir una iglesia no se necesitan los 30 a 50 pasos que tiene que cumplir cualquier colombiano del montón: no se necesita ni registro ante la Cámara de Comercio, ni RUT, ni ninguna de las trabas y escolleras con que el Estado oprime al resto de los colombianos. El columnista de la revista Dinero, Juan Ricardo Ortega, recientemente señalaba: “La lista de trabas, controles, reglas e informes que no son efectivos es tan larga que deberíamos repensar si es con leyes y controles que se resuelve esta insoportable corrupción El Estado colombiano sufre de arterioesclerosis regulatoria. Entre la labor de las ‘intimadurías’ y los fallidos intentos de defender lo público poniendo trámites, informes y controles estamos paralizando al país… El sector productivo necesita oxígeno y el Gobierno tiene que aligerar la carga. Segmentos del Estado dedicados al control deberían ser los primeros en sufrir las consecuencias de su absoluto fracaso. La evidencia es contundente: no han servido para nada. Sus acciones no generan ninguna percepción de riesgo a los corruptos, ni persuaden a los funcionarios de no colaborar en ilícitos…Personerías y Contraloría regionales son sanguijuelas que le chupan taja a los funcionarios corruptos o cobran a los capos por intimidar a los funcionarios que traten de parar los torcidos o que hagan bien su tarea. En estos 26 años de la nueva Constitución, las ‘ias’ no han hecho más que bulla; en platica blanca no han recuperado ni 0,01 % de todo lo que se roban…Ya es hora de que la opinión pública exija que se eliminen estos costosos y tóxicos aparatos de la burocracia nacional. Si dejan robar y estorban, por lo menos que no estorben más”.
Las más de 7000 iglesias con RUT solo tributan $250 millones al año,
pero sus activos fijos valen $6 billones
y su patrimonio bruto se aproxima a $ 10 billones
Las glesias, al amparo del Concordato y del derecho a la igualdad pregonado por la Constitución, tributan entre todas menos de $250 millones al año.
Sin contar los datos de 2014 y 2015, que no fueron suministrados, los activos fijos de las algo más de 7000 iglesias con RUT acumulan cerca de $6 billones, mientras que el patrimonio bruto se aproxima a los $10 billones. Los ingresos de las Iglesias que están estimados en cerca de $10 billones. En realidad pueden ser tres veces más. En virtud del Concordato entre Colombia y el Estado Vaticano y del derecho fundamental a la igualdad, no solo la Iglesia Católica goza de gabelas fiscales. Todas las demás tampoco están obligadas a presentar declaraciones de renta, no pagan impuestos sobre estas y tampoco tienen la obligación de registrar sus libros de contabilidad en cámaras de comercio. Al igual que las ONG, los movimientos religiosos son considerados congregaciones sin ánimo de lucro. Por eso solo tienen que pagar retención en la fuente por servicios distintos a los pastorales (un salario o una contraprestación por conceptos de asesorías, por ejemplo) y actúan como agentes retenedores de IVA por ventas de productos. Salvo las donaciones que reciben del exterior, sometidas al pago de una retención equivalente al 3 % de su valor, el resto de los movimientos financieros de las iglesias está lejos de la vigilancia estatal.
El autor de esta nota está completamente de acuerdo en que el Estado no tenga potestad alguna para entorpecer la creación de nuevas iglesias. Pero la verdad es que el grueso de los diezmos, limosnas y aportes en general, entregados con fervor, no va realmente a obras sociales o es garantía para la redención de sus pecados, sino a los bolsillos de los pastores. Pero lo que no es justo es que el resto de los colombianos, empresarios o no, mientras que los pastores llenan sus alforjas, sí tengamos que pagar impuestos y ellos no. ¡Que las iglesias y/o sus pastores tributen, como cualquier hijo de vecino!
Publicada originalmente el 12 de noviembre de 2017
