El proyecto de ley, que fue aprobado por el Congreso de la República, le apuesta garantizar una correcta distribución, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables. Así mismo, precisa las condiciones de participación de sus beneficiarios.
De acuerdo con José Caicedo (Partido de la U), ponente coordinador del proyecto, el reto está en lograr que los recursos lleguen de manera equitativa hasta los municipios productores en donde se explota petróleo, gas natural, carbón, entre otros, así como al resto de municipios que también necesitan de estos dineros para el desarrollo de proyectos de alto impacto regional. Cabe resaltar que la reforma al sistema no obstruye el desarrollo de proyectos que están en ejecución o prontos a ejecutarse.
Por otro lado, el representante señala que, en el marco de la emergenia sanitaria causada por el COVID-19, el gobierno dispuso mediante el Decreto-ley 444 de 2020 un préstamo por $12.1 billones provenientes del FAE y $2.7 billones del FONPET del SGR para financiar el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), sin contar para ello con el asentimiento y mucho menos con el consentimiento de las regiones que son las titulares de dichos recursos. Según él, esta reforma es la oportunidad para que se establezca, de manera diáfana y perentoria, un plazo límite para el reintegro de los mismos.
Así mismo, el congresista celebra, como medida para fomentar la transparencia y evitar hechos de corrupción, que a través de esta reforma se contemple la participación de la Contraloría General de la Nación en la vigilancia de la ejecución de los recursos y las regalías que se asignan a los municipios, ya que inexplicablemente estaba al margen del mismo, siendo esa su competencia misional.
El medio ambiente uno de los más beneficiados
Los conceptos de distribución ahora están favoreciendo al medio ambiente, pues antes de esta reforma no había un porcentaje de recursos destinados a su preservación. “Dentro de la distribución de regalías se contempla que el 5% se destine para la conservación de las áreas ambientales estratégicas y la lucha contra la deforestación; este concepto se denominará asignación ambiental”, aseguró.
