Durante el último medio siglo, la guerra contra las drogas ilícitas ha sido tema central en la agenda de las relaciones con Estados Unidos y por más que han hecho, el fenómeno, en lugar de disminuir, ha estado aumentando. Algo se está haciendo mal y ya los responsables del gobierno de ambos países han tomado conciencia de que así no es y que se debe cambiar, pero aún no es claro el sentido del cambio.
Lo cierto es que el problema se debe abordar con el esquema sistémico producción-distribución-consumo, como lo han dicho últimamente, lo que significa una intervención internacional casi global. El tratamiento holístico del caso requiere de la intervención de varios países según donde se ubique en el esquema sistémico de la cadena.
Colombia tiene la mayor participación en el subsistema de producción, sobre todo de coca, amapola y cannabis. Pero, siempre se han impuesto medidas equivocadas para la solución del problema del cultivo.
Está claro y demostrado que la principal causa del fenómeno de producción de cultivos de uso ilícito en las zonas de economía campesina y minifundio es de naturaleza de mercado por lo cual es impertinente y resulta MFT, lo que se hace con medidas de política.
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Las medidas de política no corrigen las causas de mercado. Se tiene que implantar medidas de mercado, si se quiere eliminar la producción de estas especies vegetales.
En Colombia solo dos productos de economía campesina tienen solución de comercialización establecida: el café y la coca. De ahí el fracaso de la federación de cafeteros hace más de 40 años con el programa de diversificación cafetera.
Ahora la historia se repite: mientras la coca tenga, como tiene hoy, solución de comercialización, no se podrá erradicar con medidas coactivas y de presión.
Se necesita que a esos territorios les implanten estructuras eficientes y eficaces de comercialización de otros productos diferentes a la coca, para que inercialmente, las fuerzas del mercado y los factores de competencia, propicien el abandono de la coca, sin que haya mecanismos coercitivos, sino voluntarios; la racionalidad del mercado es más potente que la fumigación y esa misma razón es la que hace que hoy, la fumigación no sirva para nada.
Con el cambio, los narcos tendrían que elevar el precio de compra a precios tan altos, que ya la cadena de intermediación hasta los países consumidores se debilitaría y las mafias del narcotráfico tendrían más dificultades para operar, con el complemento de las medidas en el subsistema de consumo.
Acoabastos presentó ante el Ministerio de Agricultura una solución estructural al problema de la comercialización de los productos de economía campesina y minifundio a finales de los años ochenta cuando el ministro era Caicedo, pero el alto gobierno no atendió la propuesta y hoy la situación rural sigue vigente, como si no hubiera pasado la historia; y para acabar de completar, los PDET, que se suponía iban a aplicar el enfoque territorial en la gestión pública, terminaron haciendo lo mismos del PNR de Virgilio Barco, que no se parece en nada al concepto suprasectorial y holístico que encierra el enfoque territorial con políticas públicas bottom up.
No sabemos cómo se va a orientar la nueva política internacional propuesta por el presidente colombiano contra el narcotráfico, ya con la anuencia de Estado Unidos; pero sí sabemos que, si no se cambia el paradigma y no se responde con pertinencia a las verdaderas causas del problema, como en cualquier método del marco lógico, las condiciones seguirán igual y el fenómeno se mantendrá, porque los campesinos de los pobres territorios necesitan medios para subsistir y hoy, el único que se los brinda es el cultivo de uso ilícito, que tanto le preocupa al gobierno del país del norte, por el temor al daño que la salida de dólares de su país le produzca a la Reserva Federal (FED), organismo que los emite; y así dentro de pocos años tendremos que volver a repetir que otra vez las drogas ilícitas.
