Desde su creación como departament, el Chocó ha padecido innumerables dificultades que han impedido su desarrollo; esto, a pesar de su favorable ubicación geográfica y su vasta y diversa riqueza natural, que hoy lo ha llevado a ser considerado pulmón del mundo y bastión en la lucha contra el cambio climático.
Tras poco más de setenta años de haber sido elevado a la categoría de departamento, hemos observado que los chocoanos han tenido que librar una ardua lucha en contra del abandono. El Estado, como si de un hijo no deseado se tratase, ha incumplido con sus obligaciones del debido cuidado que caracteriza a los buenos padres; al punto que para lograr el poco desarrollo de que hoy goza ha tenido que acudir a las vías de hecho, como lo han sido los paros cívicos (el primero en 1967, tan solo veinte años después de su creación, y el último en el 2017), convirtiéndose estos en los únicos canales para que el gobierno central atienda las grandes necesidades del pueblo.
Ahora bien, como si lo anterior no fuera suficiente, para el Chocó su estratégica ubicación geográfica no ha sido una bendición que lo ayude a alcanzar el desarrollo, sino, por el contrario, una maldición que ha traído un sinnúmero de grupos al margen de la ley (ELN, FARC, paramilitares, bacrim, delincuencia común, etc.), que cada día se pelean el territorio para hacerse a las principales rutas de narcotráfico hacia el centro y el norte América; dejando en el medio de esa violenta disputa a la población civil, que ha tenido que desplazarse para salvaguardar su vida, perdiendo de paso todas sus pertenencias.
El principal y más fuerte de estos grupos es la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, más conocido por sus siglas como el ELN, que en este territorio opera a través del Frente de Guerra Occidental, en cabeza del comandante Uriel. De acuerdo con el relato de algunas de sus víctimas, este es un guerrillero sanguinario, despiadado e intransigente, quien no da su brazo a torcer. Entre sus actividades se cuentan principalmente el tráfico de armas y drogas, el secuestro de personas, la instigación, la persecución y el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, y la violación, el reclutamiento y la muerte de menores, ya sea por acciones directas o indirectas. Se trata pues de una guerrilla que no tiene respeto alguno por el derecho internacional humanitario, ni por los derechos humanos, al punto que el gobierno nacional hace varios años lo declaró como un grupo terrorista, recibiendo el apoyo incondicional de Estados Unidos, país que ha padecido las devastadoras consecuencias del tráfico masivo de drogas hacia su territorio.
Hace unos años, cuando el expresidente Juan Manuel Santos firmó el acuerdo de paz con las guerrillas de las FARC, vimos cómo se abría una puerta de esperanza, pues al tiempo que se alcanzó ese importante logro en la historia de nuestro país, otra comisión se encontraba adelantando diálogos con la guerrilla del ELN, que parecían estar adelantados, pero que desafortunadamente tras la llegada del presidente Iván Duque se fueron al traste y han desembocado en el recrudecimiento de la guerra.
Hoy el panorama en materia de seguridad, tras el fracaso en las conversaciones con el ELN, es totalmente desalentador, pues la fuerza pública no ha logrado derrotarlos, y, por el contrario, su fuerza efectiva ha incrementado; esto guardando directa relación con el reclutamiento de menores, quienes bajo todo tipo de promesas y/o amenazas son forzados a abandonar sus familias para hacer parte de las filas de esta guerrilla. Esto es una verdadera lástima, pues se trata de niños que en su mayoría no tienen pleno conocimiento de todo lo que representa la vida bajo esas condiciones; menores a los que su inocencia, su sexualidad y todos sus sueños han sido arrebatados de manera abrupta, sin dejarles ninguna oportunidad de escapar al horror de la guerra.
Si todo eso ha ocurrido durante tanto tiempo, hoy, cuando nos encontramos confinados por cuenta de los decretos presidenciales que declararon la emergencia sanitaria y económica para enfrentar la pandemia mundial del COVID-19 (coronavirus), cuando tantas familias han mermado notablemente sus ingresos, y cuando las ayudas humanitarias del gobierno son mínimas o simplemente no llegan a todos los rincones, mucho menos al Chocó, la exposición a ser reclutados será mucho mayor. Ese es un objetivo claro del comandante Uriel, quien ha ordenado a sus hombres salir a patrullar día y noche las selvas y pueblos del Chocó para fortalecer su presencia y su estructura, lo cual resulta muy preocupante, pues de parte de la fuerza pública y demás autoridades no se advierten ningún tipo de decisiones al respecto.
Mientras tanto, el Estado infame, la sociedad indiferente y una guerrilla que hace décadas perdió su horizonte siguen viendo al Chocó como un balón sin dueño que todo el mundo puede usar y abusar.
