El establecimiento dominante en Colombia lleva doscientos años combinando todas las formas de lucha para perpetuarse en el poder. Bien sea por medio de la guerra y el terror, como instrumentos de sometimiento de la población; o logrando la corrupción de sus miembros como forma de complicidad silenciosa de sus desvíos; o impulsando la ignorancia colectiva como política pública que garantiza la dominación; o valiéndose de la exclusión social como la gran oportunidad para aprovechar el valor de sus ventajas; o, entre otras, manteniendo la ausencia total de un proyecto político de nación que comprometa a sus habitantes, así el establecimiento defiende el statu quo. De tal manera somos habitantes de un país ajeno, que a Petro le tocó ir a USA.
La solicitud de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, a favor de Petro es la mayor vergüenza para la justicia en Colombia. Aún más: será un icono para reconocer el estado de desconocimiento de los derechos humanos en Colombia. La decisión del Procurador de destituir y decretar la muerte política de un funcionario de la jerarquía del Alcalde Mayor de Bogotá, Distrito Especial, es atípica. No tiene par en el mundo. No existen antecedentes de una decisión similar: tal es el tamaño de la monstruosidad jurídica.
Uno no entiende y los entendidos quedan callados, en qué momento se elude una consagración taxativa en la Convención Americana de Derechos Humanos, y que hace parte del llamado bloque de constitucionalidad, en el artículo 23, sobre derechos políticos, que garantiza para todos los ciudadanos el fundamento, la inclusión en una democracia, al permitir a todos elegir y ser elegidos, y ejercer funciones públicas en condiciones de igualdad, advirtiendo que “La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos políticos, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal”.
Esa es la justicia que se aplica en Colombia: un funcionario administrativo le impone como sanción a un funcionario elegido por voto popular, no solo la destitución sino la muerte política. Y las Altas Cortes, y el Congreso, y el establecimiento aplauden. Qué vergüenza… Eso es más grave que la corrupción, que la guerra, que la falta de democracia. Porque es una consagración legal de la injusticia. Es un robo legal. Porque es el desconocimiento deliberado de la Ley por los mismos oficiantes.
Lo de Petro ha sido un crimen político de lesa ilegalidad, algo que solo cabe en un código de la infamia. Y refuerza el impulso de muchas fuerzas sociales y políticas que anhelan un cambio en Colombia por la vía de una Asamblea Nacional Constituyente que nos conceda mayores garantías a los ciudadanos frente al Estado, y que la democracia no sea un juego sucio de profesionales que se reparten el poder cada que sucede al orgasmo electoral cuando se rompe la piñata.
Petro se ha convertido en esperanza de cambio en Colombia. No tanto por la ideología sino por la dignidad política, por la intransigencia con las mafias de la corrupción y de la política, por la equidad y la transparencia, por la inclusión, por la paz, por el medio ambiente y la nueva ciudadanía.
