En 2016 más de 500 personas llegaron furiosas hasta el campamento San Miguel de la Empresa de Energía del Pacífico —EPSA— en el municipio de Suárez en el Cauca, cansados de los cortes de luz y el mal servicio. Desde las 10 de la mañana se instalaron con pancartas pidiendo una reunión con los directivos de la empresa, pero la primera respuesta la recibieron de la Policía, que mandó al ESMAD para disolver la protesta. Sin embargo, la presión dentro de las instalaciones del campamento se hizo inmanejable después de decenas de llantas quemadas que bloquearon la vía que conecta el pueblo con Cali y algunos daños dentro de las instalaciones del campamento, en donde habían por lo menos 35 empleados de EPSA. A las cuatro de la tarde llegó la secretaria de Gobierno del departamento Alejandra Miller, el alcalde de Suárez, Hernando Ramírez y varios directivos de EPSA y de la Central Eléctrica de Occidente —CEO—, que es la empresa que presta el servicio de Energía en el municipio.
En 2009, CELSIA, una empresa con una larga historia que empezó en el negocio del tabaco y hoy pertenece al poderoso Grupo Empresarial Antioqueño, se hizo con la mayoría de las acciones de EPSA en una movida para entrar en el sector energético y especialmente para hacerse con el negocio en el Valle del Cauca, en donde la empresa ya es distribuidora de energía en 39 municipios. Desde los años 90 los españoles de FENOSA, que tenían el control de la empresa, comenzaron a venderla a cientos de particulares, principalmente en Cali. Aunque el negocio generó mucha resistencia por la entrada de los paisas a la región, CELSIA no se echó para atrás porque estaba decidida a controlar La Salvajina. Además, desde hace un par de años han querido adelantar una fusión completa con EPSA —Ricardo Sierra es su gerente y al mismo tiempo presidente de CELSIA— y poco a poco su imagen ha ido despareciendo, con un último objetivo: manejar no solo la producción de energía, sino también la distribución.
La vía que conecta el municipio de Suárez con Cali fue bloqueada durante horas para presionar a los directivos de las empresas.
Sobre la mesa de diálogo entre los dirigentes de las empresas y los líderes del pueblo aparecieron los reclamos y argumentos de lado y lado, pero la situación era clara: para la gente de Suárez, no tenía sentido tener que pagar una de las energías más caras del país, a pesar de tener la hidroeléctrica La Salvajina a cinco minutos del pueblo. Tampoco era concebible que les hicieran cortes de luz que los dejaban 7 horas a oscuras diariamente. Los representantes de EPSA aclararon desde un principio que ellos no tenían nada que ver con la distribución de la energía ni el cobro de esta, negocio que está en manos de la CEO.
A finales de los años 70 la Corporación Autónoma del Valle del Cauca comenzó la construcción de la hidroeléctrica que represó el río Cauca y se convirtió en el símbolo de la energía del departamento. Sin embargo, su paso dejó miles de personas desplazadas que vieron cómo sus tierras y el oro del que vivían quedaba bajo el agua. "Nosotros no nos hemos beneficiado de La Salvajina. Allá se quedaron nuestras minas y las mejores tierras para cultivar. El tal desarrollo y prosperidad que iba a traer nunca nos llegó", sentenció una de las personas que estuvo ese día en las protestas.
Desde 2015 existe un proyecto impulsado por la CEO, dirigida por Ómar Serrano Rueda, para ofrecer el servicio de energía prepago. "Energía Social", como quisieron llamarlo, pretende tapar el hueco financiero que la CEO asegura existe porque cientos de personas en Suárez no quieren pagar por el servicio. Además, justificaron los apagones como una medida de choque para evitar que la gente en los barrios del pueblo caucano se conecte de manera ilegal. Sin embargo, y aunque saben que deben millones en facturas de luz, la gente no está dispuesta a saldar la deuda, pero tampoco quieren que a las personas que sí pagan su factura les "aprieten el cinturón para que paguen lo que los otros deben".
Como parte del proyecto también se propuso electrificar 29 veredas del municipio, una obra que tendría un costo de por lo menos $7.000 millones para prestar el servicio con cobro prepago, lo que mantiene el malestar en la comunidad. Incluso, la propuesta, que también tiene el respaldo del alcalde Hernando Ramírez, no es bien vista dentro del Concejo Municipal a pesar de que siempre ha sido amigo del mandatario.
Mientras que a la EPSA le cuesta alrededor de $80 pesos cada Kilovatio que producen en la represa La Salvajina, la CEO cobra hasta $570 pesos, un valor superior incluso al de una ciudad como Bogotá, porque la energía tiene que ir hasta Cali para volver a Suárez. El reclamo es insistente: las personas se vieron altamente afectadas con la hidroeléctrica, y ahora que ya no pueden hacer nada para frenarla, esperan que por lo menos reciban un beneficio por tenerla al lado.
