Desde la década de los 90, en Colombia se implementó la Ley 100, propuesta por el entonces senador Álvaro Uribe Vélez, quien en su momento prometió la eficacia en el acceso al derecho a la salud, la mejora de los indicadores en la prestación del servicio y el cuidado de todos los colombianos. Sin embargo, 25 años después, para nadie es un secreto que dicha política sumergió a la salud en grandes escándalos de corrupción, eternos padecimientos de los enfermos y una privatización del derecho fundamental a la vida, lo cual en tiempos de pandemia se evidencia de manera notoria.
Es de común conocimiento lo traumático que llega a ser intentar solicitar una cita médica general, de especialista o de atención por urgencias en cualquier institución prestadora de salud, sea pública o privada. Esto por sus enormes trámites, altos costos y baja calidad en la prestación del derecho. ¿Cuántos de ustedes han preferido comprar un acetaminofén a exponerse a ir a un hospital o puesto de salud? En las cuentas que hacemos como pacientes analizamos lo dispendioso que es ir hasta dicho lugar, esperar la atención y reconocer que las opciones de los médicos se restringen a formular calmantes y no a finalizar con los quebrantos de salud que cada uno presenta.
Aun así, en este momento todos necesitamos de un sistema que proteja la vida, cuide de las personas y prevenga las múltiples enfermedades, además del COVID-19. Por ello, un debate que pareciera eminentemente científico es extremadamente político: la desfinanciación de los derechos de las personas termina por afectarlas de manera directa. Ahora bien, recuerdo muy bien que en Cuba existen 9 médicos generales por cada 1000 habitantes, mientras que en Colombia solo tiene 1,5 médicos generales por cada 1000 habitantes: esto quiere decir que un país bloqueado política y económicamente por Estados Unidos tiene mucho más desarrollado su sistema de salud que nuestra nación.
Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias entre los cubanos y nosotros? El precedente de cualquier discusión es que la isla mayor de las Antillas vivió una revolución en la década de los 70 que priorizó el cuidado de su población, manteniendo un sistema enfocado en la prevención de las enfermedades, en el desarrollo científico y en la formación gratuita de médicos; a tal punto que la isla tiene capacidad de realizar acciones diplomáticas con otros estados brindando formación a estudiantes en la Escuela Latinoamericana de Medicina, centro de estudios que hoy en día educa mediante becas a 1000 jóvenes colombianos subvencionados económicamente por el Estado cubano, dándoles techo, alimentación y educación de excelencia sin cobrar un solo peso por ello.
Mientras tanto, nuestra dirigencia política ha privatizado el derecho a la salud, ha desfinanciado la investigación científica y ha convertido el estudio de la medicina en un bien solamente accesible a las personas más pudientes. Ejemplo de ello es que quienes se deseen formar como médicos en nuestro país, deben disponer en promedio de doscientos millones de pesos para cubrir la carrera universitaria, capacidad económica que muy pocos tienen.
Entonces aquí es cuando la salud se convierte escenario de discusión nacional, porque si bien todos los colombianos debemos agradecer que los médicos están haciendo esfuerzos sobrehumanos para enfrentar la crisis, no se les puede tratar como héroes, en realidad son mártires que se inmolan frente a la precariedad en la cual el sistema de salud los mantiene. Es extremadamente vergonzoso observar cómo los médicos utilizan bolsas de basura para proteger su integridad, cómo se ven abocados a protestar para que les paguen sus salarios y cómo comienzan a morir por la manera planificada en la cual el Estado colombiano actúa contra su población.
Con eso claro, es tiempo de ser conscientes de las responsabilidades que cada uno tiene frente a la crisis para transformar el actual sistema de salud, que está pensado para quienes tienen dinero, condenando a muerte a la gran mayoría de personas que carecemos de los medios suficientes para costearnos por cuenta propia el derecho fundamental a la vida.
