La política de educación de los diferentes gobiernos se ha orientado a la privatización de este derecho, primero convirtiéndolo en un servicio público, luego pretendiendo su mercantilización a través del ánimo de lucro y la iniciativa privada en la educación pública. El gobierno de Duque no es la excepción.
Hoy la educación superior pública afronta una crisis de tamaños sorprendentes donde según Jairo Miguel Torres Oviedo, presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), el faltante de recursos de funcionamiento pasó de 1,46 millones en 2016 a 3,2 millones al presente año. Sumado a esto se mantiene una deuda de inversión cercana a los 15 billones con las universidades estatales para un total de 18,2 billones.
Ante el evidente problema de financiamiento, el gobierno nacional saca pecho anunciando el desmonte del programa Ser Pilo Paga (SPP) y anuncia mayores recursos para la educación superior. Sin embargo, lo que los tecnócratas del ministerio de educación no comentan es que su política de educación gira en torno al otorgamiento de créditos educativos financiados por el Icetex y de una suerte de “gratuidad” educativa para los estratos 1 y 2, donde al terminar sus estudios tendrán que pagar un porcentaje de su salario para la financiación contingente al ingreso (FCI), fruto del empalme entre el gobierno Santos y la administración actual, sustentado en la Ley 1911 de 2018. Es de notar que en materia educativa Duque no acaba SPP, sino que perpetúa su espíritu.
Como se vio anteriormente, el gobierno nacional una vez más busca desligarse de su responsabilidad de financiar a las universidades estatales, la descarga en los jóvenes de escasos recursos, quienes se verán atados con onerosas deudas a plazos inciertos, y favorece la privatización de la educación de todos los colombianos.
Ante semejante arremetida contra la educación pública los diferentes movimientos estudiantiles y profesorales de las universidades públicas, y varias privadas, se dieron cita el pasado miércoles 10 de octubre en las principales ciudades del país para exigir una adecuada financiación por parte del Estado, la eliminación de los abusivos intereses en los créditos educativos del Icetex, presupuesto digno para Colciencias y respaldo para la educación técnica y tecnológica.
