Hace exactamente 43 años, el expresidente Julio César Turbay, mediante el Decreto 1923, promulgó el denominado Estatuto de Seguridad en Colombia. Esto con el fin de suprimir la lucha insurgente y frenar el crecimiento de grupos guerrilleros. Además de eso, el gobierno empleó el estatuto para regular y más precisamente prohibir la protesta social, empleando excesos de la fuerza pública y violaciones a los derechos humanos. En este nefasto periodo se promulgó el estado de sitio, se llevaron a cabo juicios a civiles en consejos de guerra verbales sin garantías judiciales, se realizaron concesiones de facultades de policía judicial a las fuerzas militares y se efectuaron diversas amenazas a organizaciones sociales. Parecía que el país ya había cerrado totalmente esta lamentable época y que después de la formulación e implementación de la constitución de 1991 la nación se desenvolvería en una democracia efectiva, pero, con gran sorpresa, defensores de derechos humanos, algunos sectores de prensa y hasta organizaciones internacionales han afirmado que algo similar está sucediendo estos días en Colombia durante el actual gobierno del presidente Iván Duque.
Cuando Duque fue elegido en el primer cargo de la nación, varios sectores de la academia, algunos periodistas y organizaciones políticas tenían bastantes dudas sobre el desarrollo de su mandato, ya que este era un joven e inexperto senador, cuyo único cargo hasta la fecha era congresista (elegido en una lista cerrada por el Centro Democrático, partido creado por el expresidente Uribe con el fin de oponerse al proceso de paz que adelantaba el gobierno Santos con las extintas guerrillas Farc). Las dudas sobre el futuro gobierno de Duque también se debían a que fue impulsado por el mismo expresidente Uribe, quien tiene un amplio registro de investigaciones en su contra por diversos delitos, posible participación en actos de corrupción y hasta procesos en la justicia por delitos contra la humanidad. De hecho, este ha sido el único expresidente privado de la libertad en la historia reciente de Colombia.
Hoy en día, esas dudas respecto al gobierno de Duque ya han sido aclaradas, pues es evidente el mal manejo del país. En su periodo ha sido clara la improvisación en varias carteras y la negligencia en atender emergencias como la crisis social y de salud pública durante la pandemia del coronavirus. Así mismo, hay varios casos de derroche presupuestal como la compra de aviones, helicópteros, tanquetas, camionetas, entre otras; además de incompetencia en la implementación del acuerdo de paz y en la resolución de los estragos causados por los fenómenos naturales en San Andrés. Adicionalmente, es contundente el clientelismo que se ha visto con el nombramiento en cargos públicos a familiares cercanos a miembros de su partido o a partidos tradicionales como el Conservador, Liberal y Cambio Radical, que han apoyado algunas de sus iniciativas bajo la denominada "mermelada política".
Y fuera de toda la negligencia, clientelismo y derroche antes señalado, ahora el gobierno del presidente Duque quedará en los libros de la historia como uno de los más autoritarios y represivos del país, pues sus malas decisiones han impulsado a gran parte de la sociedad a desarrollar jornadas de protestas con marchas y paros por parte trabajadores, desempleados, sindicatos y las centrales obreras. La primera gran movilización empezó en octubre de 2019, en donde se produjo la muerte de 6 personas, entre ellas el estudiante Dilan Cruz, quien fue asesinado por un impacto de proyectil disparado por una agente del Esmad en una marcha pacífica, como se comprobó en videos difundidos por Noticias Uno.
Desde este evento, el gobierno Duque ha tomado un tinte cada vez más represivo contra la sociedad inconforme a sus políticas. Por ejemplo, en el año 2020, en plena pandemia, fue asesinado el estudiante Javier Ordóñez por dos miembros de la policía, después de haber sido torturado y sometido a varias descargas eléctricas. Por este evento y por el mal manejo de esta situación, además de manejos equivocados y derroche durante la pandemia, las personas en Bogotá salieron a protestar durante la tarde y noche en la recordada y trágica noche del 13 de septiembre 13S; donde alrededor de 14 personas fueron asesinadas por miembros de la policía, como se ha comprobado en diferentes videos compartidos en las redes sociales y que son materia de investigación. De momento solo los policías que asesinaron a Javier han sido suspendidos de la institución y uno ha sido juzgado, pero los crímenes contra los otros manifestantes se encuentran en impunidad. Además de estos lamentables hechos, durante el año también se presentó una masacre en la cárcel Modelo de Bogotá, donde murieron 23 presos por el exceso de fuerza de los agentes que los custodiaban en un intento de fuga... y por si fuera poco, finalizando el año, 8 jóvenes resultaron incinerados al interior de un CAI.
En este nuevo año, también se han convocado a diferentes marchas desde el mes de abril, específicamente en contra de una reforma tributaria que afectaba principalmente a la clase media y en general por el mal manejo del país. Nuevamente hemos visto el exceso de la fuerza pública que hasta la fecha ha causado la muerte de más de 40 personas; cifras que superan las victimas morales de las protestas más recientes en Chile, Estados Unidos y Venezuela, las cuales duraron mayor tiempo, como la de Chile que se extendió más de 5 meses. Sin embargo, todas tienen un elemento común: las muertes han sido causadas por agentes estatales, según se ha afirmado en diversos medios y por diversas organizaciones de derechos humanos.
Por lo tanto, se podría afirmar que el país ha vuelto al Estatuto de Seguridad, no de forma oficial, pero sí ante los hechos palpables, pues las cifras en violaciones a los derechos humanos son alarmantes: más de 470 personas desaparecidas en el periodo del 28 de abril al 10 de mayo, de las cuales cientos siguen sin aparecer hasta la fecha y las otras fueron retenidas de forma ilegal por miembros de la policía y liberadas después de recibir torturas, según cuentan. A su vez, 15 mujeres han sido atacadas sexualmente por miembros de la policía, más de 1300 personas han sido capturadas y más de 450 heridas, 32 con lesiones en los ojos, más de 40 personas han sido atacadas por armas de fuego. Y ahí no para, hay cerca de 70 defensores de derechos humanos agredidos y más de 700 denuncias por el delito de abuso de autoridad por miembros de la policía, y lo más alarmante es que estas cifras van en alza mientras más jornadas de protestas se desarrollan.
Otro hecho que confirmaría la vuelta del Estatuto de Seguridad de Turbay es la alarmante presencia de miembros del ejército en Cali y Medellín. Parece que alcaldes y el gobierno nacional se han puesto de acuerdo para asegurar que la situación se va a solucionar con mayor presencia policial y militar, pero esto puede resultar más preocupante, dado que la historia ha comprobado que, entre mayor presencia de agentes militares, mayores serán los casos de violaciones de los derechos humanos. De hecho, en Colombia son más que claros los casos de esta desafortunada práctica. Por ejemplo, los más de 6.000 asesinatos extrajudiciales que ha comprobado la Jurisdicción Especial para la Paz hasta la fecha por parte de miembros del ejército contra civiles inocentes, a fin de subir las bajas en combate contra los grupos guerrilleros durante el gobierno del expresidente Uribe (2002-2010); o las decenas de violaciones y ataques sexuales a mujeres y niñas por parte de efectivos del ejército, que han sido denunciados y comprobadas por diversas organizaciones en los territorios rurales donde han operado.
Por tal razón, llevar el ejército a las ciudades para detener protestas sociales es un grave error que puede resultar en peores violaciones a los derechos humanos, así como los cometidos en el gobierno de Turbay bajo la figura del Estatuto de Seguridad. La represión ha sido de tal magnitud que se han visto a las nuevas tanquetas de la policía lanzando gases y bombas aturdidoras, incluso dentro de los conjuntos residenciales en Cali y Bogotá, donde hay presencia de menores de edad y personas de la tercera edad que nada tienen que ver con las protestas, además de daños a la propiedad privada de varios propietarios. De hecho, en muy pocos países, se ha comprobado la presencia de tanquetas de escuadrones antimotines con estas características, lo cual presenta una nueva violación a los derechos humanos.
Solo esperamos que el presidente Duque desista de su represión autoritaria contra los marchantes y se siente a dialogar con el comité de paro y voceros de diversos colectivos sociales que están protestando y se enfoque en un gobierno respetuoso de los derechos humanos. De lo contrario, será recordado al lado de Laureano Gómez, Turbay Ayala o Álvaro Uribe Vélez, en cuyos periodos se dieron las mayores violaciones a los derechos humanos. Y lo peor, si Duque sigue el rumbo de la represión extrema, puede que tenga que responder en las cortes internacionales o puede ser cercado diplomáticamente por la comunidad internacional que ya tiene los ojos puestos en Colombia, después de que Naciones Unidas comprobara y alertara sobre la situación que se está presentando en el país.
