Después del revuelo causado por la encuesta nacional contratada por diferentes medios de comunicación y divulgada hace casi un mes, donde la coalición que lidera Fajardo encabezaba la intención de voto de muchos colombianos descontentos por la situación socioeconómica y política del país, las recientes declaraciones concedidas por Vargas Lleras a Caracol y a El Tiempo calientan desde el punto de vista de la "centroderecha" el ambiente rumbo a las elecciones presidenciales de 2018. Lo anterior, al igual que las del exprocurador Alejandro Ordóñez, concedidas a Rodrigo Pardo de Semana y el debate del martes 17 de octubre en el Senado, promovido por los senadores Robledo y Claudia López sobre el caso de Odebrecht y las investigaciones por parapolítica que sospechosamente la corte Suprema le archivó a Germán Vargas Lleras.
En la campaña que cada vez será más intensa estarán al orden del día temas como: la aprobación o no en el Congreso de artículos para reglamentar y poner en marcha la Justicia Especial para la Paz, que al investigar por igual a guerrilleros, militares y civiles que apoyaron crímenes de lesa humanidad pondría en dificultades a numerosos líderes políticos y empresarios que apoyaron a paramilitares y guerrilleros; la implicación del fiscal Martínez y varios congresistas y dirigentes de Cambio Radical y otros partidos de la coalición de gobierno y de la oposición en numerosos casos de corrupción descubiertos en el "cartel de los togados" y entidades nacionales, departamentales y municipales; la implementación o no de las leyes necesarias para poner en marcha los puntos aprobados después de los acuerdos con las Farc, especialmente los relacionados con la Reforma Agraria Integral, las reformas política y electoral y la participación en las próximas elecciones de cabecillas de las Farc, el problema de los cultivos ilícitos y la expropiación de bienes adquiridos mediante el narcotráfico, entre otros puntos.
La posición pública de Vargas Lleras explica las posiciones críticas a la JEP y al tratamiento dado a los cabecillas de las Farc y al enriquecimiento ilícito producto del narcotráfico y otros delitos, expresada por la bancada de Cambio Radical en el Senado, encabezada por Rodrigo Lara y el fiscal Néstor Martínez en sus frecuentes pronunciamientos. Según la senadora Claudia López, Vargas Lleras teme que entre a operar la JEP porque podría revivirse la investigación que por colaboración con el paramilitarismo en el Vichada "sospechosamente" le archivó la Corte.
Para las elecciones presidenciales de 2018, antes de la primera vuelta, la tendencia se orienta a la conformación de dos grandes bloques en los que se agruparían los sectores de centroderecha, incluyendo a Vargas Lleras, quien lo encabezaría, más los conservadores de Pastrana, Marta Lucía Ramírez y Ordóñez, otros dirigentes a la derecha de los partidos de la coalición de gobierno, más el uribismo, pues el Centro Democrático no encuentra un candidato propio con carisma suficiente para encabezar la coalición.
En la alianza que asumiría las reivindicaciones económicas, sociales, políticas y culturales represadas durante décadas para amplios sectores marginados de la sociedad colombiana se integrarían los miembros de la coalición conformada por Sergio Fajardo, Claudia López, Jorge Robledo, más Humberto de la Calle, Clara López y posiblemente Gustavo Petro, más numerosos movimientos sociales y posiblemente el nuevo partido de las Farc.
En el Cauca y otras regiones del país también influirá en el realinderamiento de fuerzas para las próximas elecciones la programación desde mediados de octubre de amplios movimientos sociales por parte de organizaciones sindicales, campesinas, de indígenas, afrodescendientes, maestros, etc. Este fenómeno le agrega otro ingrediente a los conflictos que puedan generar las marchas y bloqueos de vías programados por los líderes de estas organizaciones exigiendo que diferentes entidades del Estado cumplan con acuerdos firmados por diferentes gobiernos. En este panorama será puesta a prueba la capacidad de movilización de las organizaciones populares y el acatamiento a las normas que rigen la protesta social descriminalizada, tanto por parte de los manifestantes como de la fuerza pública desplegada para controlarla en las movilizaciones programadas.
El aplazamiento de grandes transformaciones en las estructuras de la sociedad colombiana por parte de la clase dirigente hereditaria que se ha turnado en el manejo del Estado permitirá que amplios sectores sociales marginados de la vida económica y política del país se movilicen en los próximos meses alrededor de protestas anunciadas por diversas organizaciones y alrededor de un programa de gobierno que impulse grandes reformas en el manejo de la economía, el sector agrario, salud, educación, justicia, el sistema político electoral, la descentralización administrativa, los asuntos étnicos y culturales, entre otros puntos que estarán en el primer plano del debate electoral y de los programas y campañas de los candidatos que en primera vuelta, si antes se conforman dos grandes bloques, o en segunda vuelta, decidirán el futuro de Colombia.
