No es exagerado decir que el proceso está, como nunca antes lo había estado, ante la posibilidad real de volver a la guerra entre las Farc y el Estado Colombiano. Hay un trasfondo y una triple jugada de Santos y el fiscal Martínez.
Las acciones guerreristas y en contra de la paz de los y las colombianas, van desde la no adecuación de las antiguas Zonas Veredales, ahora ETCR, hecho denunciado hoy por el encuentro nacional de delegados de las ETCR, en la que afirman que “El proceso de reincorporación, visto de conjunto, se encuentra en una manifiesta situación de precariedad y amenaza con fracasar si no se toman medidas urgentes que permitan su reorientación a fin de generar las condiciones para una reincorporación colectiva e individual e xitosa”. Los incumplimientos frente a las garantías económicas, sociales y de seguridad para los reincorporados han hecho que el 55% de excombatientes se hayan ido a los grupos residuales o hayan abandonado el proceso y están reintegrándose por su cuenta.
La no implementación de las 16 Circunscripciones Especiales de Paz, les quitaron los derechos a las víctimas de estar en la instancia legislativa y empezar decidir también sobre los destinos del país, es uno de los mayores incumplimientos del Estado.
La falta de voluntad y de mecanismos reales de protección de líderes, lideresas y excombatientes, ha dado como resultado más de 150 asesinados, un verdadero crimen de lesa humanidad que se convierte en atentado a la vida y a la paz.
Los incumplimientos en el punto 4 de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, priorizando la erradicación forzada y la falta de garantías y seguridad para los campesinos comprometidos con reintegrarse a las economías legales, han sido verdaderos torpedos a la paz.
Los nulos desarrollos en el punto 1, la ausencia de leyes que reformen el campo colombiano y le den vida a la Reforma Rural Integral y la desfinanciación que viven hoy las entidades como ANT. ART y ANR encargadas de implementar este acuerdo, expresan el incumplimiento más grande al campesinado colombiano.
Todas las trabas, las demoras, la falta de recursos y ahora la corrupción que se denuncia en la JEP, violan y niegan la posibilidad de la verdad para las víctimas y la justicia transicional para los responsables en el conflicto. La crisis hoy de la JEP otro obstáculo para la paz real e integral.
Y ahora la captura de Jesús Santrich con fines de extradición, en el marco de una alianza siniestra entre la DEA y la Fiscalía colombiana, torpedo mayor que de concretarse, con la extradición tendría consecuencias irreparables para las posibilidades de la paz en Colombia. Santrich es acusado de narcotráfico, la figura preferida con la que Estados Unidos interviene y viola la soberanía nacional y los asuntos internos de nuestros países latinoamericanos.
Sin duda es grave que Santrich haya sido detenido, su vida corre peligro, sus derechos anulados y las consecuencias son de gran magnitud. Pero lo que hay de trasfondo y lo que viene es peor.
El trasfondo y la triple jugada de Santos y el fiscal Martínez
Primera jugada: La captura es una “victoria” del hombre con mayor poder que se ubica en la orilla de los enemigos de la paz, el fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez, escudero incondicional de Vargas Lleras, amigo personal del expresidente Uribe y aliado estratégico de Iván Duque. En el actual contexto electoral ¿a quién conviene un golpe como este? A Vargas Lleras porque, esto reforzaría la idea de que Vargas lleras con su fiscal aliado, si aplicaría la justicia y no le temblaría la mano para castigar a las Farc a los supuestos incumplimientos o a quienes supuestamente están ligados al narcotráfico después de los acuerdos de paz. Con esta Jugada Santos ganará si sale elegido Vargas Lleras.
Segunda jugada: Iván Duque fue uno de los primeros candidatos presidenciales en pronunciarse sobre la captura y en tono de cobrar sus réditos políticos afirmó que "queda en evidencia por qué las Farc no han entregado la información de las rutas del narcotráfico y sus socios en esa cadena criminal (…) Gracias a una solicitud de las autoridades de los Estados Unidos se procedió a esa captura y hoy las autoridades colombianas tienen que actuar con firmeza e investigar qué otros cabecillas de esa organización siguen en esos vínculos criminales". La premisa es “yo tenía razón, debo ser el elegido para castigar a los narcotraficantes de las Farc que han engañado al país”. La captura de Santrich fortalece las tesis y la imagen de Iván Duque. Con esta jugada Santos ganará, un poco menos, pero ganará si Iván Duque sale elegido.
Tercera jugada: La estrategia de narcotización de las relaciones entre los países asumidos como colonias, entre las que Estados Unidos cuenta a Colombia, es la estrategia más efectiva para violar la soberanía e incidir en los procesos sociales, económicos y políticos de los países. El proceso político electoral es de incertidumbre para mister Trump, la derecha y la extrema derecha colombiana y estadounidense. Los nervios por una posible victoria de un bloque alternativo que lleve a cabo las reformas que se necesitan y que potencializa el acuerdo de la Habana. La captura de Santrich tendría dos mensajes claros para los Estados Unidos.
Uno: Estados Unidos necesita un gobierno y un fiscal que garanticen en toda su dimensión la política antihumana, agresiva y antiecológica de aspersión y militarización territorial de lucha contra el narcotráfico. Aquí está el fiscal Martínez como mascota obediente ante tales designios del imperio. Trump y su presencia en Latinoamérica lo que busca es afianzar la visión de un destino manifiesto de sumisión y guerra permanente.
Y dos: Si esta acción redunda en beneficio de los candidatos presidenciales de Vargas Lleras e Iván Duque, la obediencia será más completa y los EE.UU. tendrá un mejor escenario en su colonia. Lo cierto es que el desarrollo pleno de las políticas antinarcóticos y antiterroristas de EE.UU., podrían ser más efectivas y eficientes en contextos de guerra que en contextos de paz. La guerra interna entre los colombianos es el estado ideal en que el comercio de armas, la producción de pesticidas, y la presencia militar de fuerzas norteamericanas pueden tener desarrollo y potencialidades de continuidad.
No es gratuito que esta captura se haya dado en la antesala de la visita del presidente Trump a Colombia. No es gratuito que haya sido la DEA quien haya suministrado las “supuestas pruebas” con las cuales la justicia colombiana ha actuado con una fe religiosa. No es gratuito que el anuncio del fiscal Martínez se haya hecho en la casa de Nariño y no en el búnker de la Fiscalía como siempre se hace en estos casos. Todo está organizado para no permitir el 27 de mayo próximo la posibilidad de la esperanza, de cambio y reformas democráticas.
Consecuencias profundas para el proceso de paz de Colombia
A pesar de todos los incumplimientos del Gobierno y del estado colombiano, el proceso ha resistido los embates de la desidia, la indiferencia y la ineptitud institucional, local, departamental y nacional. Pero esta acción, de consumarse en la extradición, será sin duda el hecho que dispare la deserción a niveles insostenibles y se produciría lo que hasta ahora no se ha dado y es una recomposición político militar de una nueva Farc que asumiría el inicio de un nuevo ciclo largo de la guerra en nuestro país.
A estas alturas ya no es extraño preguntarse entonces: ¿será esto lo que quieren el fiscal Néstor Humberto Martínez e Iván Duque? Pareciera que si es lo que quieren. No es exagerado decir que el proceso está, como nunca antes lo había estado, ante la posibilidad real de volver a la guerra entre las Farc y el Estado colombiano.
Las consecuencias no son sólo sobre un miembro líder de los excombatientes y sobre la posibilidad de un nuevo ciclo de la guerra. Esta decisión entra a profundizar la desconfianza, no sólo de los excombatientes, sino, de la sociedad colombiana, en el gobierno y las instituciones del Estado. Además, el proceso retrocede a los primeros momentos del inicio de la implementación en la que la premisa dominante era la desconfianza y el distanciamiento.
Como siempre ocurre en estas investigaciones y procesos judiciales, es casi seguro que habrá nuevas y más capturas. Al respecto, algunos medios como la Blu Radio han informado que “el CTI y Policía ejecutarán nuevos allanamientos contra miembros de Farc. Fuentes judiciales y de Policía le confirmaron a BLU Radio que luego de la ejecución de la orden de allanamiento en la vivienda de Jesús Santrich hay más procesos en marcha, en cumplimiento a investigaciones y órdenes emitidas por el gobierno de Estados Unidos. Los nuevos allanamientos están listos para cumplirse en diferentes zonas del país en viviendas, oficinas y lugares frecuentados por miembros de las Farc”. De ser cierto esto, las consecuencias serían irreparables e irreversibles. Conociendo a las Farc y teniendo en cuenta que Santrich mandó el mensaje desde el bunker de la Fiscalía haciendo un “llamado a toda la militancia de las Farc en las zonas lo que era anteriormente llamados ETCR para que se cuiden porque la persecución contra las Farc hasta ahora comienza”, en este momento deben estar dándose movimientos de resguardo preventivo de los excombatientes.
Aunque estamos en el peor momento, la esperanza es un deber
La situación no es fácil y amerita acoger la recomendación de La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia emitida el 9 abril de 2018, en la que “hace un llamado a las instituciones del Estado a evaluar los acontecimientos actuales con el mayor discernimiento, teniendo en cuenta que las decisiones que se tomen tendrán consecuencias profundas para el proceso de paz de Colombia”.
La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia también orientó de manera precisa el camino jurídico a seguir en un caso como este. La Misión de Verificación llama la atención sobre el acto legislativo que crea el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, revisado por la Corte Constitucional. En su artículo transitorio 19, relativo a la extradición, establece: “Cuando se alegue, respecto de un integrante de las Farc-Ep o de una persona acusada de ser integrante de dicha organización, que la conducta atribuida en la solicitud de extradición hubiere ocurrido con posterioridad a la firma del Acuerdo Final, la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz evaluará la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado”.
Pero más allá de las formalidades jurídicas, es necesario que así como se hizo después del 2 de octubre de 2016, la parte de la sociedad colombiana que está con la paz y la justicia social, nos pronunciemos, nos movilicemos y nos organicemos en resistencia, unidad y lucha. La solidaridad internacional y popular comienza a sentirse, no estamos solos. El 27 de mayo próximo habrá una oportunidad para demostrar que los que queremos la paz somos más. Por encima de la voluntad de paz y justicia de un pueblo, no prevalecerá el odio y la mentira.
