La serie de allanamientos a viviendas y sedes sindicales adelantada por las autoridades en ciudades capitales de Colombia dejó sentada cuál es la doble moral que maneja el presidente Duque cuando sale a los medios para hablar del respeto a la libertad para la movilización pero, por otro lado, ordena reprimir la protesta social.
De entrada, los uniformados anunciaban la motivación de los operativos: porte y fabricación de explosivos y terrorismo. Bogotá, Cali y Medellín fueron tres de las ciudades donde, tras golpes secos en la puerta, entraron a la brava, voltearon todo al interior de las viviendas para, anunciar, finalmente, que “material altamente subversivo” había sido encontrado. Se trataba de afiches, calcomanías y propaganda alusiva al paro. Y, si le encontraban alguna prenda que luciera sospechosa, rumbo a la judicialización.
En Cali, varios miembros de la juventud comunista fueron blanco de esta arremetida, que lleva a recordar la infausta época del presidente Julio César Turbay Ayala cuando hace más de 30 años estableció el Estatuto de Seguridad que restringió la libertad de protestar.
Organizaciones sindicales y sociales también enfrentaron los embates de la fuerza pública. Es producto de la macartización que procura deslegitimar el parto de este 21 de noviembre. Las denuncias del Congreso de los Pueblos y del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, evidencian que el trato que recibieron al momento de las requisas, fue el de terroristas.
"Los uniformados habrían llegado a sus viviendas con órdenes de allanamiento por investigaciones relacionadas con el porte y fabricación de explosivos y terrorismo", publicó la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en un comunicado.
La Corporación Jurídica Libertad denunció que en varios casos no se presentó orden judicial y, de paso, se impidió que las víctimas grabaran los procedimientos. Así solo actúan las dictaduras y no debería ocurrir en una nación que se precia de democrática.
La estrategia de estigmatización e intimidación a la que acude el gobierno envía un mal mensaje. Enrarece el ambiente y da lugar a pensar que en desarrollo del paro, algo grave puede ocurrir. Que se podrían violentar los derechos humanos de los manifestantes, al amparo de “proteger la institucionalidad”. Todo es posible en un país donde pensar resulta peligros.
Pese a lo que viene ocurriendo, si algo no podemos permitir es que el derecho a protestar sea violentado. Hay que salir a las calles, pacíficamente, pero salir y entender que se trata de un paro y no circunscribir la jornada a una marcha. Es mucho más que eso.
Dejo de escribir porque están tocando duro en la puerta… ¿Será que ahora me toca a mí un allanamiento?
