Eran las cuatro de la tarde del 4 de mayo, en la calle principal del centro poblado del resguardo de Puracé el Cabildo Indígena de Puracé, en compañía de la Guardia Indígena, esperaban impacientes la llegada de un vehículo transportador de pasajeros que traía una encomienda para un integrante de la Policía Nacional.
El rumor del consumo de sustancias psicoactivas por parte de los jóvenes indígenas corría de boca en boca, lo que motivó al cabildo a iniciar averiguaciones y logró saber que en un vehículo que cubre esta ruta se enviaban encomiendas desde Popayán diciendo que se trataba de ropa, celulares u otros objetos. Antes de la fecha mencionada uno de los paquetes fue abierto por las autoridades tradicionales y se encontraron que la “ropa y celulares” eran papeletas de marihuana, basuco y cocaína, pero permitieron que llegara a su destinatario en la estación de la policía para continuar en las pesquisas.
Esta información de inmediato fue socializada inicialmente entre los integrantes del cabildo y posteriormente entre la comunidad que decidió realizar una audiencia pública el 22 de mayo en la plaza principal del poblado para el cual convocaron al comandante de la policía metropolitana con sede en Popayán Coronel Pompy Pinzón, al gobernador del Cauca Oscar Rodrigo Campo Hurtado, al alcalde municipal de Puracé, Jairo Rolando Certuche, al personero municipal así como al concejo y organismos de derechos humanos del orden regional y nacional.
El día de la cita desde muy temprano los nativos puraceños y de otros resguardos del municipio de Puracé fueron arribando en chivas, buses, motocicletas a caballo o a pié para decirle a los delegados gubernamentales que no querían más policía nacional para que le hiciera daño a sus hijos y que le concederían plazo para el abandono del poblado. Llegada la hora fijada se conoció que el gobernador del Cauca no asistiría y delegó a un funcionario, el comandante de la policía se excusó y envió a un oficial de menor rango mientras que el alcalde, el personero y el concejo municipal no asistieron. Los que sí llegaron fueron los delegados de la Organización de las Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Regional Indígena del Cauca, la asociación de cabildos de la etnia Coconuco y periodistas comunitarios.
El gobernador del cabildo de Puracé, un joven indígena de baja estatura, recio en el hablar y portando el bastón de autoridad abrió la audiencia, llamó a lista como si estuviera en una escuela con la fila de estudiantes y constató quienes atendieron el llamado. Hizo la exposición de motivos de la audiencia, entregó pormenores de la investigación y la decisión de la comunidad de pedir el retiro de la policía nacional mediante una resolución de la cual entregaron copia a quienes hacían parte de la mesa directiva. La noticia cayó como un baldado de agua fría especialmente entre los uniformados que observaban desde el cuartel y de preocupación para las autoridades civiles toda vez que se les concedía plazo de quince días para abandonar la región. Los comuneros empezaron a tomar la palabra para opinar sobre la resolución y mientras unos aseguraban que la policía era importante para la seguridad ciudadana otros se vinieron lanza en ristre contra la fuerza pública.
El gobernador volvió a tomar la vocería y recordó que como hijo del Senador Anatolio Quirá había sido víctima de los uniformados cuando reclamaban el derecho a la tierra, les recordó a los patrulleros de la policía que su señora madre había sido retenida ilegalmente en ese proceso y que eso no significaba ayuda sino atentar contra los derechos comunitarios. Otro de los participantes fue más allá y refrescó la memoria indicando que en un diciembre cuando el cuartel de la policía era atacado por la guerrilla fue la propia comunidad la que salió a defenderlos y cambiar la historia de quienes sobrevivieron a ese ataque. Un día cuando la delincuencia común ingresaba a una vivienda cercana al área de población la policía fue llamada para atender el caso y la respuesta fue que no tenían autorización para acudir a la defensa del afectado. ¿A eso le llaman defender la comunidad? Se preguntó. Aquí a la comunidad le ha tocado defender a los policías antes que ellos defendernos a nosotros subrayó. Su intervención levantó los ánimos y en medio del frío propio de la región sacaron sus manos que abrigaban sus ruanas para aplaudir.
El delegado del gobierno departamental llamó a la cordura indicando que la institución debería permanecer en el lugar, el teniente de la Policía Joaquín Trujillo presentó excusas por la inasistencia del coronel Pinzón por las dificultades que se hubieran presentados entre sus subalternos y la población civil afirmando que la totalidad de los policiales habían sido retirados de esa estación y que se había iniciado la investigación administrativa y judicial pero a renglón seguido aseguró que su institución no tenía lugar vedado y que no se irían de la región. La autoridad entregó la copia del documento a los delegados gubernamentales y observadores internacionales y cerró el acto.
En el ambiente quedó la pregunta de cómo hacer cumplir la decisión comunitaria mientras que el delegado de la policía metropolitana aseguraba a los medios de comunicación que la resolución entregada no tenía ninguna firma (para él la decisión comunitaria no tiene validez) mientras que en Popayán el coronel Pinzón indicaba que lo dicho en la audiencia no era cierto.
No habían pasado los quince días de plazo y autoridades tradicionales y policía fueron convocadas a una reunión por parte de la Gobernación del Cauca donde el cabildo ratificó la decisión tomada por la comunidad y socializada en todo el territorio. Sin embargo, concedieron un compás de espera para evitar acciones de hecho en cumplimiento de la determinación comunitaria.
Días después las comunidades del pueblo Kokonuko determinaron una marcha y audiencia pública en la ciudad de Popayán para la que se solicitó presencia del ministro de la Defensa Nacional donde la autoridad tradicional buscaría que se reconozca la jurisdicción especial indígena. En esta ocasión las autoridades tradicionales manifestaron que en su papel de defensa del territorio han adelantado operativos contra el narcotráfico, la delincuencia común y los terratenientes todo porque están dispuestos a que la juventud crezca libre del mal de la drogadicción. El ministro no llegó, tampoco las autoridades departamentales, pero al menos dejaron constancia en la ciudad de paredes blancas que harán respetar sus territorios de personas ajenas a sus comunidades y que se mantienen a la espera que la policía salga de la región tal como se determinó en la primera audiencia.
