Las comunidades urbanas y rurales del municipio de Mercaderes, en el sur del departamento de Cauca, exigimos de manera legítima y soberana el goce efectivo del derecho al agua potable.
Esta audiencia pública es un ejercicio de participación convocado por el Comité Ciudadano por la Defensa del Derecho al Agua Potable y el Saneamiento Básico de Mercaderes, creado y legitimado en la movilización del 27 de marzo de 2021.
A partir de dicha movilización nos declaramos en Asamblea Permanente desarrollando acciones ciudadanas de visibilización, denuncia y exigibilidad ante las diferentes instituciones locales, regionales y órganos de control por ser los responsables de la vulneración sistemática de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al medio ambiente sano, entre otros, y exigirles las garantías de un mínimo vital para la subsistencia de nuestros hogares. Es evidente que por causa de esta problemática se nos está negando el derecho al agua en condiciones de permanencia, calidad y cantidad suficiente para la población mercadereña.
Como es conocido, históricamente el municipio de Mercaderes ha tenido dificultades para acceder efectivamente al agua potable como derecho. Tal como lo establece la Sentencia T-279 de 2011 de la Corte Constitucional que determina el agua potable como un derecho fundamental.
En la actualidad más de 8000 personas dependemos del suministro del mínimo vital del acueducto “nuevo” que inició su construcción en el año 2013 y fue entregado a la comunidad en el año 2017, casi cuatro años después, teniendo en cuenta que el contrato 82N “Obras de optimización del acueducto de Mercaderes” se firmó para realizar la obra en un tiempo máximo de seis meses.
Si bien nuestras expectativas y sueños como mercadereñas y mercadereñas crecieron al tener la certeza de esta nueva obra, con el paso de los años esas expectativas se han ido esfumando porque los grifos aún siguen secos y escasamente llega el agua unas pocas horas, una vez por semana promedio y en condiciones no aptas para el consumo humano.
La Veeduría Ciudadana por el Agua, órgano comunitario que ha estado al tanto de este proceso, ha alertado en repetidas ocasiones ante las entidades de control y ejecutoras del proyecto, que desde el inicio hasta el recibo oficial de la obra y a la fecha, se presenta graves fallas estructurales que afectan el buen funcionamiento del acueducto, lo cual no permite a las comunidades beneficiarias del proyecto gozar plenamente del derecho al agua.
Sin embargo, se han encontrado con una institucionalidad sorda y permisiva, y que ha omitido su deber constitucional de garantizar los derechos fundamentales. “El agua es un bien y un derecho inalienables de las personas, siendo deber del Estado garantizarlos y protegerlos en el marco de la Constitución y los Derechos Humanos” (Constitución Política de Colombia)
Es por esto que son muchas las preguntas e inconformidades que como comité ciudadano y comunidad en general tenemos y manifestamos sobre los diseños, la construcción y el funcionamiento del acueducto nuevo. La realidad es que, el municipio no cuenta en la actualidad con el suministro del mínimo vital dado que la obra construida no logró satisfacer las necesidades de agua potable a la comunidad mercadereña.
A través de la audiencia pública como mecanismo de participación ciudadana se busca esclarecer a la comunidad mercadereña qué pasó con la obra, por qué no funciona de manera óptima, y quiénes son los responsables de tan grave vulneración a los derechos humanos.
Seguir fortaleciendo la observancia ciudadana, el control social de manera amplia y democrática, la exigencia y protección de los derechos fundamentales de los más vulnerables es uno los desafíos que nos compete a todas y todos, es nuestra consigna.
Hemos sido referentes importantes de ser promotores de las luchas por la defensa del agua y nos hemos movilizado en torno a ello, ahora es importante que como comunidad nos convoquemos de manera cívica y participativa a la exigibilidad del agua como derecho, al cuidado y protección de los recursos públicos, y a denunciar con vehemencia estas anomalías que ponen en riesgo la vida y el bienestar de la ciudadanía, esperamos que estas acciones legítimas sean ejemplarizantes para que situaciones como esta no se vuelvan a repetir contra el pueblo mercadereño.
“El agua es un derecho, no un privilegio”
