Hemos intentado todas las estrategias para reducir los cultivos ilícitos en Colombia, menos una: concertar con los cultivadores y asociados a la producción cocalera, comprarles la producción de las cosechas de hoja, para ganar el tiempo que necesitan los programas de gobierno que tienen la tarea de hacer lo que no han podido hacer: instalar servicios, transformar las zonas cocaleras mediante el fomento de la pequeña y mediana producción con transacciones lícitas, brindándole a los productores del arbusto la seguridad que sus productos tendrán acceso sostenible a los mercados con una justa demanda de precios.
Con la costumbre del mercado lícito, podemos romper la cadena de lo ilícito y proponer no es ofender. Esta propuesta ha sido documentada por expertos en desarrollo rural y alternativo, influyentes en varios gobiernos. La propuesta podría neutralizar la demanda ilegal que transforma la hoja en cocaína y desalentar nuevos actores armados, intermediarios, y mafias narcoparamilitares que van a disputar territorios cocaleros. El gobierno monopolizaría la producción de la hoja.
¿Por qué la propuesta?
Porque hemos intentado de todo y no hemos sido tan efectivos. Durante el 2012 y 2013, este gobierno logró llegar a los mínimos registros de cultivos ilícitos redondeando las 42.000 hectáreas; en ese corto tiempo, se replicó un modelo exitoso liderado por un experto. Álvaro Balcázar logró una efectiva coordinación interagencial en la región de la Macarena; se invirtieron USD 107 millones en seis municipios; el alcalde era invitado de primer orden y con sus comunidades cocaleras se definió la hoja de ruta.
También durante esos dos años, se replanteó el programa de familias guardabosques instalados en zonas donde no había cultivos ilícitos; era contradictorio que los programas usaran fondos en regiones como la ciénaga grande de Santa Marta, la isla de San Andrés y zonas de contención donde el efecto derivado de la hoja de coca era marginal.
Intentos fallidos
Esta estrategia quedó frustrada, cuando las presiones políticas de entonces, relevaron a los directores técnicos de los programas, por funcionarios expertos en campañas políticas y en tomarse la foto cortando cintas tricolores para inaugurar obritas que no transforman nada.
También intentamos sin mucho éxito combatir los cultivos ilícitos a través del glifosato. Basta revisar el caso Tumaco: fueron asperjadas 375 688 hectáreas entre los años 2005 y 2015; pero por falta de integralidad y complementariedad de las estrategias, Tumaco continua siendo el municipio con mayor afectación en el país: tiene 23 148 hectáreas sembradas, según Naciones Unidas.
Además, cada pasada de las avionetas sobre los cultivos de coca, derivaba por efecto del viento, residuos del herbicida (N-fosfonometilglicina, C3H8NO5P,) sobre los esteros y manglares, sobre las aguas de los ríos Mejicano, Rosario, Telembí, Patía, el Mira y las aguas de las lagunas de Pulvusa, así como las vertientes del parque nacional Sanquianga: ¡qué tragedia!.
Es un hecho: la estrategia de aspersión con glifosato es tácticamente inexacta, muy costosa y políticamente incorrecta.
Es claro que la hoja de coca no es cocaína y que los cultivadores no son narcotraficantes; la lucha contra las drogas es un compendio de complejidades, con una multiplicidad de actores en el campo de combate. Estos últimos años, se ha configurado un escenario de transición de las estrategias contra los cultivos ilícitos y es imposible entender el fenómeno, sin diferenciar entre tendencias y coyunturas.
Estrategias enfrentadas
Se puede evitar que rivalice la estrategia de sustitución voluntaria, espíritu del acuerdo de La Habana, con la estrategia de erradicación forzosa que hace la fuerza pública, porque enfrentadas confunde a las comunidades.
La Fuerza Pública cumple órdenes, pero no se le puede mandar a enfrentar comunidades organizadas que derivan su sustento de los cultivos ilícitos. El gobierno no puede darse el lujo de producir señales contradictorias con sus estrategias, pues su centro de gravedad se encuentra en su legitimidad.
Los programas de sustitución deben ir con más cuidado. Antes de la firma definitiva de los acuerdos con las Farc, con justa preocupación, los programas partieron como un jinete con caballo desbocado sin agua y sin plata en las alforjas; debían cumplir con la orden de inscribir 50.000 familias.
Pero más vale ser coherentes con las nuevas dinámicas; con los presupuestos, con las realidades sociales y políticas de las zonas cocaleras. Allí hacen falta estudios antropológicos, lo que permitiría respaldar con mayor rigor las estrategias de intervención. Expertos en econometría indican que cerca de 180 000 familias derivan su sustento de la hoja de coca y con hijos promedian 780 000 personas; muchas podrían sentirse excluidas de los programas de sustitución; porque el punto es que los cocaleros son mucho más, que los que atenderán los programas del gobierno.
Es peligroso prometer y no cumplir; incumplir resta credibilidad y la protesta social no se debe subestimar; esta puede poner en jaque a cualquier gobierno. Por lo pronto, cualquier estrategia innovadora o arriesgada cobra vigencia, cuando hemos ensayado de todo en la compleja lucha contra los cultivos ilícitos.
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