Contenido

INTRODUCCION.. 3

1.       PRIMERA PARTE. 6

1.2.        CONTEXTO REGIONAL. 6

1.3.        CONFLICTO ARMADO E HITOS HISTÓRICOS. 7

FARC aplican el Plan Renacer. 15

Muerte de Edgar Tovar, jefe del frente 48 de las Farc 15

2.       SEGUNDA PARTE. 28

2.1.        PROYECTO PRODUCTIVOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EN LA EXPERIENCIA DEL PUTUMAYO, AÑOS 2000 a 2013.  28

2.1.1.         Contexto institucional en las políticas de cooperación internacional 29

2.1.2.         Distribución de la ayuda no militar de EEUU 2000 – 2005 (Plan Colombia) 29

2.1.3.         Segunda fase de Plan Colombia; Plan Patriota y Tercera Fase de Plan Colombia; Plan Consolidación. 2005 A 2013.  32

2.2.        COCA Y MOVIMIENTO SOCIAL. 34

2.3.        AÑO 2013 – AÑO DE LAS MOVILIZACIONES CAMPESINAS y PERSISTENCIA DEL CONFLICTO SOCIAL-ARMADO EN PUTUMAYO    40

2.3.1.         AGOSTO DEL 2013, MES DE CONFLUENCIA DE MOVILIZACIONES. 42

2.3.2.         SEPTIEMBRE DEL 2013, CONTINUAN LAS MOVILIZACIONES. 42

2.3.4. OCTUBRE DEL 2013, TERMINAN LAS MOVILIZACIONES, SE INICIAN MUERTES SELECTIVAS y PROSIGUEN LOS ATENTADOS A LA INFRAESTRUCTURA PETROLERA.  43

2.3.5. NOVIEMBRE DEL 2013, PROSIGUEN LOS ATENTADOS A LA INFRAESTRUCTURA PETROLERA Y HOSTIGAMIENTOS A LA POLICIA   44

3.       TERCERA PARTE. 46

3.1.        Dinámicas sociales, políticas y de seguridad que se despliegan en el departamento de Putumayo a partir de la presencia de procesos de extracción minera, petrolera y energética. 46

4.       CUARTA PARTE. 53

4.1.        CONFLICTO ARMADO Y SOCIAL EN EL BAJO PUTUMAYO. 53

4.1.1.         PARAMILITARISMO.. 54

4.1.2.         LA GUERRILLA. 57

4.1.2.1. PRESENCIA DE LAS FARC EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.. 58

4.2.        CONFLICTOS TERRITORIALES EN EL PUTUMAYO.. 60

4.3.        RECURSOS MINERALES POTENCIALES EN EL SUR DE LA AMAZONIA.. 64

5.       QUINTA PARTE. 66

5.1.        DINÁMICAS SOCIALES, POLÍTICAS Y DE SEGURIDAD EN EL BAJO PUTUMAYO. 66

5.2.        MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO.. 66

5.2.1.         COLONIZACION MILITAR. 68

5.2.2.         ORGANIZACIONES SOCIALES. 68

5.2.3.         ANALISIS DE RIESGOS. 69

5.3.        MUNICIPIO DE PUERTO ASIS. 73

5.3.1. RESEÑA HISTÓRICA. 74

5.3.2. COCA, PACTOS SOCIALES, CONFLICTO ARMADO, PETROLERAS Y MOVIMIENTO SOCIAL. 75

5.3.3. PACTOS SOCIALES. 76

5.3.4. CONFLICTO ARMADO.. 78

5.3.5. MOVIMIENTO SOCIAL. 80

5.3.6. Análisis de Riesgos. 84

5.4.        VALLE DEL GUAMUEZ (LA HORMIGA) Y SAN MIGUEL. 92

5.4.1.   RESEÑA. 92

5.4.2. CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO.. 94

5.4.3. PRESENCIA DE ACTORES ARMADOS. 98

5.5.        MUNICIPIO DE SAN MIGUEL. 102

5.5.1. RESEÑA. 102

5.5.2. CONFLICTO ARMADO EN EL CONTEXTO MUNICIPAL Y MOVIMIENTO SOCIAL. 103

5.5.3. VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS. 107

5.5.4. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL CONFLICTO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL. 108

5.5.5.1. CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO EN EL VALLE DE GUAMUEZ (LA HORMIGA) Y SAN MIGUEL. 112

6. SEXTA PARTE. 121

6.1. CONSOLIDADO DE ACTORES SOCIALES EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.. 121

7. CONCLUSIONES. 126

 

TERCER INFORME

INTRODUCCION

 

El debate sobre si la extracción de recursos naturales puede utilizarse de manera eficiente para generar  desarrollo sostenible a nivel local o regional no es nuevo. Podría decirse que es uno de los debates más  antiguos en la industria extractiva. Actualmente hay un consenso sobre la posibilidad de tener impactos  positivos a partir del desarrollo de proyectos mineros o extractivos alineados con el desarrollo sostenible  local, si estos proyectos toman en consideración la situación de las propias comunidades, fortalecen sus  redes sociales y las involucran en procesos de desarrollo sostenibles de largo plazo[1] .

La materialización de recursos extractivos en desarrollo,  enfrenta grandes complejidades. Para empezar, desarrollo sostenible, calidad de vida o bienestar pueden  significar cosas diferentes sobre todo cuando las comunidades sujetas de desarrollo tienen sus propios  valores y tradiciones como por ejemplo campesinos o indígenas. En esta monografía se pretende dar un marco  para entender las lógicas del Departamento del Putumayo, que es uno de los departamentos en  Colombia que ha enfrentado históricamente una terrible encrucijada: riqueza extractiva abundante (principalmente petróleo) versus altos niveles de pobreza y rezago social.

El Putumayo fue declarado departamento tras la nueva Constitución Nacional de 1991, anteriormente era una Intendencia. El Putumayo, limita al norte con los departamentos del Cauca y Caquetá, al sur con el departamento del Amazonas y las Repúblicas del Ecuador y Perú y al occidente con el departamento de Nariño. El Departamento del Putumayo está ubicado en la región amazónica al sur de Colombia, en el extremo noroccidental de la cuenca del río Amazonas, en las coordenadas 01º 26´18´´ y 01º 27´37´´ de latitud norte y 73º ,50´39´´ y 77º 4´58´´ longitud oeste. Una parte del territorio del Putumayo está en el hemisferio norte y la otra parte está en el hemisferio sur[2].

El río Putumayo circunda la región por el sur y le da nombre al departamento, su  significado es “río de las garzas” y nace en el páramo de Juanoi, en el nudo de los pastos.

El territorio putumayense se ha caracterizado a lo largo de la historia – incluso antes de ser Departamento- por una gran dinámica y movilidad poblacional ligada a modelos económicos extractivistas que se han sucedido unos tras otros a lo largo de centurias.

El Putumayo representa el 2.2% del territorio nacional, con una extensión de 2.600.000 hectáreas, esta región se encuentra en un sitio estratégico de desarrollo y centro mundial de protección ambiental y una inmensa riqueza en biodiversidad, compartiendo dos regiones geopolíticamente estratégicas: la Amazonía y Orinoquía sur[3] .

El departamento está constituido por 13 municipios distribuidos en tres regiones. La primera es el alto Putumayo o región andina, que hace parte de la cordillera de los Andes y encierra el valle de Sibundoy. La segunda es el medio Putumayo o piedemonte amazónico, que comprende el descenso de la cordillera, y la  tercera es el bajo Putumayo, o llanura amazónica, que constituye la mayor extensión del territorio y se caracteriza por ser terreno  casi llano, ligeramente inclinado y cubierto de bosques nativos de selva tropical bañada por numerosos ríos. Corresponde a los municipios de; Puerto Caicedo, Orito, Puerto Asís, Puerto Leguízamo, el Valle del Guamuéz y San Miguel, y es precisamente el bajo putumayo, sobre los cuatro últimos municipios donde se hará un análisis de riesgos en temas de conflicto armado, conflictos sociales asociados a la minería, la extracción petrolera y la infraestructura energética en comunidades de la región y su impacto en la infracción de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

Un tema relevante de análisis es la situación de los diferentes pueblos indígenas que habitan en el Putumayo. Hacia principios del nuevo milenio estos pueblos estaban agrupados en 120 cabildos de los 14 grupos étnicos del Departamento del  Putumayo, que cobijaba en ese momento a una población aproximadamente de 22.000 personas.

Tal vez una de las conclusiones iniciales de la investigación realizada que permitió escribir el presente texto es que en la actualidad los pueblos Indígenas del Putumayo, sufren la violencia de manera particular. Obviamente en este punto surgen varias inquietudes, una de ellas, es la pregunta sobre si la violencia afecta más a los indígenas que a las otras comunidades presentes en el Putumayo. La respuesta debe ser dada con cuidado, pues si bien en términos numéricos no parece ser así, los procesos de violencia contra grupos pequeños y culturalmente en peligro de extinción, los pone en un mayor riesgo de ruptura de capital social. Basta un homicidio contra un guía espiritual, medico tradicional curaca,  mamo, un capitán del cabildo, como ocurrió a mediados de este año en el municipio de Puerto Caicedo, para que una parte o toda la comunidad corran especial peligro. Por lo anterior, la presentación de la cifras estará mediada por la información cualitativa, con el ánimo de intentar captar la gravedad de algunos de los eventos violentos sufridos.

En el Departamento actualmente hay 14 pueblos indígenas reconocidos por el Ministerio del interior: Cofán, Kamentsá y Siona; adicionalmente los que llegaron productos de migraciones que son los Awá, Korebaju, Embera –Katío y Chamí-, Murui, Inga, Nasa, Uitoto, Pasto, Kichwas, Yanaconas y Bora.

De acuerdo con el censo desarrollado por el DANE en el año 2005, la población indígena del Departamento era de 37.896; de los cuales 24.151 habitan en zonas rurales, mientras que los 13.745 restantes, viven en las cabeceras municipales. De este modo, se observa que la población indígena representa el 18.8% de la población total del Departamento; donde el 8% de esta población vive en condición de desplazamiento. Cabe resaltar que de los Departamentos amazónicos (Amazonas, Caquetá y Putumayo) el de Putumayo es el que aporta la mayor proporción (61,83%) de población indígena a la región.[4]

Así mismo se analizaran datos que nos permitan concluir si la tendencia actual de movilidad de la población en el Putumayo, es hacia las cabeceras (como ocurre en el resto del país) o es hacia las áreas rurales, al igual que se revisará las tasas e índices de expulsión y recepción de población en condición de desplazamiento; donde se pretende conocer cuál es la causa actual de movilidad de la población.

Ahora bien, en lo referente a los movimientos sociales, en especial de las comunidades campesinas, se podría manifestar que desde el año 2010 se produjo un agravamiento de la violación de derechos humanos en varias zonas rurales donde existe un movimiento campesino fuerte. De hecho autoridades indígenas y líderes campesinos, manifiestan que a diferencia de lo que ocurrió en otras regiones del país la llegada a la presidencia de Juan Manuel Santos, en el año 2010, no significó una mejora en la situación humanitaria en esta zona, sino un agravamiento de la violación de derechos humanos e infracción del derecho internacional humanitario.

Sus argumentos son variados pero valdría la pena destacar tres de ellos, por un lado; existe un fuerte rechazó a las medidas que ha tomado la administración Santos en el tema minero y petrolero, para esta serie de líderes, la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, donde se afianzo la locomotora minera significó un aumento “dramático” de las licencias mineras y petroleras entregadas en esta región del país. De hecho entre el año 2011 y  el 2013 las licencias de explotación petrolera y minera se incrementaron, como lo veremos posteriormente, sumado al inicio del megaproyecto vial variante Mocoa – San Francisco.

Esta situación sobre el terreno ha traído la militarización del territorio, el aumento de la presencia de grupos armados ilegales que van en busca de dinero derivado de las extorsiones, y sobre todo, ha traído un aumento de los conflictos sociales alrededor de la posesión de la tierra. A lo anterior se le suma el reinicio de las fumigaciones de la hoja de coca, las muertes selectivas de varios líderes sociales, la judicialización de líderes campesinos, la contaminación al medio ambiente resultado del trabajo llevado a cabo por las empresas petroleras, el incremento de nuevos grupos armados organizados, el aumento de atentados a la infraestructura petrolera, el reclutamiento de menores por parte de las Farc y el deterioro de la malla vial por la circulación de más 400 tractomulas; es comprensible entonces, que se haya aumentado la protesta social.

En algunos casos esta protesta social ha utilizado las vías de hecho, como bloqueos de vías, las cuales mes a mes se incrementan, llegando de manera coincidente a encontrarse con el Paro Nacional Agrario que inició el 19 de agosto  y que culmino el 19 de septiembre del 2013. Lo interesante de esta situación es que aún bajo la presión de la violencia colectiva y la intimidación, parece que el Putumayo se está reorganizado el movimiento social, después de más de una década en la que fue destruido.  En el marco de un conflicto armado y social que padece la región este movimiento emergente hace resistencia y propuestas de desarrollo alternativo  y ese es otro de los objetivos de análisis que pretendemos cumplir en esta investigación.

Una última situación a destacar es que a diferencia de lo que sucede en gran parte de país, en la actualidad la violencia se ha recrudecido durante las negociaciones de paz en el Putumayo. La situación ha llegado a un punto dramático, en especial en los municipio de San Miguel, donde las autoridades están considerando seriamente en pedir participación en los diálogo que se llevan a cabo en la Habana para hablar directamente con los guerrilleros y pedirles que no atenten más contra la población.