Pese a las grandes dificultades la construcción de la paz, que es un proceso muy prolongado, debe seguir adelante. La paz es un campo complejo que demanda muchos esfuerzos para que su cultura penetre y se establezca en todos los ámbitos del organismo social.
El edificio de la convivencia social demanda grandes recursos económicos y la existencia de un eficiente aparato de gobierno para asegurar que cada esfuerzo que se haga y que cada peso que se invierta dé los frutos correspondientes.
Hasta el momento el diseño institucional y administrativo de la paz es bastante amplio y rizomático.
Tenemos la Alta Consejería para el Posconflicto, la Alta Consejería para la Paz, el Fondo Colombia en Paz, el Ocad Paz, el Fondo de Inversiones de Paz, la Agencia para la Reincorporación, la Comisión Nacional de Garantías y Seguridad, la Jep, la Comisión de la Verdad, la Comisión para la búsqueda de los desaparecidos, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia para la Renovación del Territorio, la Agencia para el Desarrollo Territorial, el Siipo, etc.
No obstante, este esquema está mostrando un sesgo burocratizado, centralista, con altos riesgos de corrupción, que bloquea las posibilidades de extender a los territorios regionales y locales la implementación de los pactos de paz específicamente en los temas de víctimas, justicia transicional, el logro de la verdad, la reforma agraria, la democracia ampliada, la búsqueda de los desaparecidos y el compromiso de la no repetición.
La maraña burocrática establecida, muy a tono con las tendencias inveteradas del Estado colombiano, ha servido de caldo de cultivo al despojo de los recursos que están fluyendo para la paz, pues según la Fiscalía hay una muy consistente investigación sobre una “red de intermediarios” interesados en la adjudicación de los contratos a cambio de beneficios económicos indebidos. Esta red implicaría el desarrollo de prácticas no santas en diversos proyectos de infraestructura, agricultura, piscicultura y otras ramas que involucran a diferentes entidades alrededor del tema de la paz, poniendo en duda el enredado mecanismo de administración de recursos, pues gracias a unas disputas internas en el gobierno se supo que los responsables de la implementación de los acuerdos encontraron en los millones de dólares que llegaban del exterior, una excepcional oportunidad para hacer sus negocios, creando un sistema corrupto de favores y beneficios en el que las comisiones se mueven entre el 12 y el 20%.
El ingenio de los particulares y su bochornoso contubernio con funcionarios públicos inescrupulosos está escribiendo este nuevo capítulo de mala asignación de recursos destinados al tema crucial del país en estos momentos de posconflicto.
La sociedad civil debe actuar para impedir que todo lo malogre la corrupción y sus redes criminales.
Desde la veeduría ciudadana "La paz es posible" llamamos la atención sobre la necesidad de atacar no solo las redes intermediarias y sus operadores. Es necesario erradicar el perverso mecanismo de gestión utilizado en la administración de la paz.
¿Cómo?
Como bien lo señala López, sale de nuevo a relucir un hecho recurrente que Colombia se niega a estudiar entre otras porque es muy posible que existan demasiados intereses creados, que impiden su verdadera y rápida evaluación. Se trata de la terciarización en la asignación y ejecución de dineros y proyectos de origen estatal. Agrega que, por la ineficiencia del aparato público, se decidió hace un buen tiempo que era necesario seguir una de las nuevas rutas que consiste en entregarle a terceros, privados, la operación estatal. Como una de las grandes debilidades del gobierno y del Estado en general es el control y seguimiento, los sectores privados encontraron el nicho perfecto no siempre para demostrar su eficiencia, sino para identificar esos huecos que ha dejado el sector público para permitir que se beneficien individuos o empresas, de estos volúmenes inmensos de recursos. La ganancia personal y la evasión de mecanismos reales de competencia o de evaluación de los proyectos abrieron esta gran brecha de corrupción (https://bit.ly/2IVoWDy).
Agrega que empresas de contratación que deciden quiénes realizan los proyectos financiados con dineros públicos y a su vez determinan a los evaluadores, son los males que la Fiscalía acaba de encontrar en los Fondos destinados a la paz. En este caso particular que no debe ser para nada exclusivo, la vergüenza es triple por varias razones. Primero, y de nuevo es una pregunta para los entes de control, son las preocupaciones en este caso de tres embajadores donantes, Noruega, Suiza y Suecia, las que destapan esta fuente de graves problemas en esta institucionalidad pública. Otra vez, la reacción del país es tardía y menos entendible cuando ahora dicen los entes de control, que desde hace algún tiempo tenía investigaciones sobre este caso. ¿Por qué los grandes casos de corrupción en el Estado siempre se destapan desde afuera? ¿A qué le temen los entes de control? Ojalá no sea a costos políticos por sus actos (https://bit.ly/2IVoWDy).
La segunda razón para la vergüenza nacional es que parte de estos fondos vienen de países donantes que nos han apoyado desde el principio en las negociaciones de paz y ahora en la financiación del posconflicto. Estamos quedando como algo que nos negamos a aceptar: somos un país poco serio en el manejo de lo público. La tercera razón es además muy dolorosa. La falta de escrúpulos de sectores privados y de funcionarios públicos ante un tema tan crítico para todos los colombianos como es el asegurar la no repetición de estos cincuenta años de conflicto armado, para no hablar de la historia de guerra de este país (https://bit.ly/2IVoWDy).
Es por tal hecho, como lo señala Rueda, explicable que el primero que salió a defender la transparencia del Gobierno cuando los embajadores de Suecia, Suiza y Noruega la exigieron fuera el coordinador residente de la ONU en Colombia, Martín Santiago Herrero. En virtud del convenio W40, el Gobierno le entregará a la ONU casi 1 billón de pesos para ejecutar en cuatro años. Es decir, la ONU implementa la política de sustitución de cultivos y, a la vez, la evalua. Cómo se auditará a sí misma. Un conflicto de intereses (https://bit.ly/2IYWe4Y).
Con ese dinero, la ONU les paga sus 36 millones a los campesinos que sustituyan, monitorea, les brinda asistencia técnica y saca una parte importante para su mantenimiento burocrático (https://bit.ly/2IYWe4Y).
Por esta vuelta, agrega la prestigiosa columnista, la ONU nos cobra el porcentaje más alto del resto del mundo, que en este convenio serán cerca de 135.000 millones, a título de “donación”. Contablemente, no pueden registrar eso como una ganancia. Pero lo es. La ONU gana plata en Colombia. Al punto de que la burocracia de la Oficina contra la Droga y el Delito (UNODC), con sede en Viena, la pagamos en alto grado los colombianos. Miremos comparativamente: en el 2014, Colombia aportó 62 millones de dólares, mientras EE.UU., 28 millones, y México, 3,5 millones. Al representante de esa oficina en el país, Bo Mathiasen, le pagamos los colombianos un sueldo de 60 millones de pesos al mes, lo mismo que a otros dos expertos en sustitución que importamos (https://bit.ly/2IYWe4Y).
Dice María Isabel que el resto de los fondos de la cooperación internacional, es decir, los que nos dan otros países para invertir en el posconflicto, ya casi no se los dejan manejar a la ONU, por las dudas de los manejos que vienen desde épocas del Caguán. Pero es tan sui géneris el uso de la ONU de la chequera de la paz que prácticamente se puede decir que el organismo no viene a Colombia a invertir recursos en la paz, sino a llevarse los recursos de la paz a su sede europea (https://bit.ly/2IYWe4Y). Aunque usted no lo crea.
La oficina que ejecuta esos dineros en la sustitución tiene cientos de empleados colombianos que hace rato vienen demandando a la ONU y ganando por incumplimientos en sus obligaciones laborales. Sería bueno que el Gobierno aclarara si con el convenio W40 asumió esos costosos pleitos, inquiere la columnista.
¿Quiénes?
Con ese modo de operar se instaló fácilmente una red delincuencial integrada por María Elvira Valencia Gómez, abogada de Fonade; José Domingo Ardila Neira y Sonia Veloza Mogollón, candidata al senado por el Partido Verde, al frente de la cual está un señor Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, el recién elegido Senador de la Farc, quien debería aclarar y responder por tan grave hecho dada sus estrechos vínculos con el tal Marlon.
Igualmente se ubicó en esa red, Carlos Fidel Simancas, funcionario de confianza de Rafael Pardo, un desmovilizado ex EPL, depredador consuetudinario de cooperativas agrícolas y de entidades públicas como la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, en la que protagonizó varios casos de desfalco con convenios fraudulentos firmados con entidades de bolsillo.
Muy oportunas las denuncias y acciones de la Fiscalía, de la Procuraduría y de la Contraloría. Las apoyamos sin peros.
Ojalá los funcionarios más importantes del esquema institucional de la paz, como el Doctor Rodrigo Rivera y la Doctora Paula Acosta, den todas las garantías a las veedurías ciudadanas para que puedan realizar sus labores en favor de la transparencia y pulcritud en el manejo de los dineros de la paz.
