Un tema candente durante estos últimos días de 2017 ha sido el pensional. Dos noticias han acaparado los titulares recientemente: la primera, la reforma pensional adelantada por el gobierno Macri en Argentina, conducente a tapar un hueco fiscal en el sistema mayor a los 5 mil millones de dólares; y la segunda, el anuncio en Colombia del presidente Santos de que no hubo tiempo para hacer una reforma pensional, y que el próximo gobierno debe quedarse con esa tarea.
El asunto no es nada sencillo: aquí juegan dos fuerzas a veces diametralmente opuestas, una de las cuales siempre tendrá un alto costo político. La primera fuerza es la racional, aquella que indica que un sistema insostenible debe ser reformado, con el fin de que el consumo de recursos no afecte a la sociedad en general; y la segunda fuerza es la emocional, en la cual entran los argumentos de justicia y equidad, pero más aún el argumento de estar afectando a una de las poblaciones más vulnerables de todas, como son los adultos mayores (o viejos como se decía anteriormente, término bello pero que desencadeno en, también, un argumento emocional, de que se refería a esa población mayor de forma peyorativa…nada más alejado de la realidad).
Claramente, desde que el sistema pensional fue creado, muchas cosas han cambiado. Ya no solo la gente vive más tiempo, sino que cada vez la población joven —aquella que con su trabajo debe sostener a la población mayor, por una vía u otra— es más escasa. Atrás quedaron las épocas de nacimientos de 7, 8 o más hijos, lo que garantizaba que muchos jóvenes en la fuerza laboral, pudieran pagar las pensiones de menos viejos que, además, vivían mucho menos.
En vista de esos cambios demográficos, el sistema tradicional de pensiones es insostenible: cada día, de mayor manera, se deben destinar mayores recursos de los impuestos recaudados para poder financiar las pensiones de los viejos que están jubilados. Claro, otra consideración también entra en escena: la mayoría de los viejos no son jubilados, pues la informalidad laboral y el sistema, llevaron a que la mayoría de los que hoy son viejos, hayan quedado excluidos del sistema pensional, creando un problema paralelo que también debe ser atendido con recursos del presupuesto nacional. En sí mismo, esto último no entra en discusión: ¿quién le va a negar unos ingresos mínimos de subsistencia a una persona mayor que no tenga cómo financiar una vejez digna?
La receta básica para tratar de corregir el desequilibrio es subir la cotización a pensión obligatoria y aumentar la edad de retiro. En la hoja de cálculo esto funciona bien, salvo un par de detalles que son bastante cuestionables: el primero, que ya de por sí existe una alta carga tributaria y subir la cotización, si bien es realista pues es un mayor ahorro para el futuro, seguiría minando la capacidad de compra de la mayoría de la población en el presente; y el segundo tema, es un mercado laboral que tiende a excluir a personas mayores de cierta edad, por lo cual aumentar la edad en la que vas a recibir la mesada pensional, solo podría aumentar un problema de por sí ya presente en muchas formas, es decir, de personas que en cierto momento ni reciben salario y todavía les falta el requisito de la edad para acceder a su pensión.
Es totalmente cierto que la reforma pensional es necesaria para corregir algunos desequilibrios, infortunadamente la mayoría de veces que se quiere discutir este tema, se corre a taparlo, pues una reforma de este estilo es inmensamente impopular (si se hace bien hecha, valga decirlo) y eso va en contravía de los intereses de la clase política. En Colombia se hizo en el año 1993 una reforma que, para tratar de complacer a muchos frentes, creó una figura pensional que crea muchos más problemas: un sistema dual conviviendo, en el cual la mayoría de trabajadores no sabe hacía dónde dirigir sus esfuerzos pensionales; un régimen de transición de 20 años (un exabrupto); regímenes especiales que todavía viven y crean cargas económicas adicionales muy complicadas de corregir; entre muchas otras.
Por sí sola, la reforma pensional soluciona una parte, pero debe venir acompañada también de una reforma laboral. Eso sí, lo que no se debe hacer es, como muchos proponen, hacer primero la laboral, ver cómo funciona, y luego sí entrar en discusión de una reforma pensional. Eso, sencillamente, es seguir aplazando una solución que se necesita.
Sobre la mesa de lo que debe ser una reforma óptima hay muchas propuestas. Debe ser deber del próximo gobierno llevar a una mesa de concertación los puntos que deba tener la reforma, donde estén muchos actores involucrados. Incluso, debe haber alguien que abogue por los niños y niñas de este país (incluso los que aún no han nacido), porque son ellos, dentro de 30 o 40 años, los que van a terminar pagando de su bolsillo y de sus impuestos, la ineficacia de las generaciones actuales de no haber podido tramitar una reforma pensional que garantice ingresos para los mayores y una sostenibilidad del sistema a futuro.
