El panorama social colombiano es inmundo: dos tercios del Senado ascienden a un coronel involucrado en ejecuciones extrajudiciales a general, sin siquiera esclarecer el caso; varios billones de pesos fueron entregados como coimas a congresistas y altos funcionarios del Estado para que Odebrecht construyera varias obras civiles y los encargados de aplicar la justicia y de controlar el funcionamiento del Estado siguen callados, tapando, aplazando, hasta que todos nos olvidemos de la corrupción implícita, corrupción que se ha extendido por todo el territorio patrio, en salud, educación, infraestructura; los edificios, los puentes y las obras civiles se caen o hay que destruirlas porque no cumplen con los requisitos técnicos en su construcción; las empresas más productivas del Estado son subastadas y casi regaladas a las multinacionales; a los mayores corruptos y delincuentes cuando son juzgados se les castiga recluyéndolos en sus lujosos chalets; los terratenientes, a través de los paramilitares, les quitan las fincas y parcelas a los campesinos, asesinándolos o comprando los derechos a sus viudas a precio de huevo; miles de niños mueren por desnutrición porque el Estado está ausente o por los contratos corruptos con los encargados de suministrar los alimentos y medicinas; antes de elecciones se promete no causar daños ambientales al país y ya con el poder en la mano se argumenta que el fracking es una tecnología necesaria para garantizar la producción de combustible; más de la mitad de la población no alcanza a satisfacer sus necesidades básicas; el desempleo sigue creciendo; ni al gobierno ni al congreso ni a los grandes políticos les interesa aprobar leyes anticorrupción, pues ellos viven de ella; por qué no establecer una escala salarial equitativa de tal manera que el salario mínimo sea el necesario para que una familia de 4 personas viva dignamente y que ningún funcionario público perciba más de 15 salarios mínimos; por qué no rebajarles la pensión a los millonarios expresidentes; existen bandas criminales bajo el amparo de las fuerzas armadas y de policía que han asesinado cientos de exguerrilleros, de líderes y lideresas sociales, seguramente porque son considerados terroristas, narcotraficantes o comunistas o simplemente porque piensan diferente a la ultraderecha. La inseguridad es rampante: atracos, robos de celulares, bicicletas, automotores, y si la víctima opone resistencia paga con la muerte, ante lo cual los organismos de seguridad se limitan a responder que la inseguridad ha aumentado o disminuido en X%; los homicidios están disparados, siendo más lamentados los de mujeres, niños y niñas, después de padecer tortura y violación. Amable lector, para no hacer interminable esta lista, añádale usted otros casos que he olvidado por el momento.
Aunque aquí no es Venezuela ni los Estados Unidos nos tienen bloqueados, vivimos en condiciones similares y nuestro gobierno se preocupa más por los venezolanos que por nosotros. La lucha entre clases sociales es a muerte, así los de arriba se empecinen en negarla. Estos se han vuelto más cínicos, más atrevidos, más ladrones, están reviviendo el modelo nazi-falangista.
Cuando se escuchan, aquí y en otros países vecinos, ideas que reflejan la ideología ultrareaccionaria de sus autores (“Hay que quitar las ciencias humanas del currículo escolar porque con ellas están adoctrinando y enseñando comunismo”, “A veces hay que matar por cuestión social”, “El ejército no es de damas rosadas y cuando entra es a matar no a preguntar”, “Los paramilitares son necesarios para destruir la insurrección”), enemigos del pluralismo ideológico, de la libertad de pensamiento, de opinión y de libre difusión de las ideas ajenas a las suyas, es preocupante. Por eso, una de sus víctimas, el doctor Héctor Abad Gómez escribió: “No es matando guerrilleros, o policías, o soldados, como parecen creer algunos, como vamos a salvar a Colombia. Es matando el hambre, la pobreza, la ignorancia, el fanatismo político o ideológico, como puede mejorarse un país”.
Como lo evidencia la realidad colombiana, los beneficiarios de la guerra no quieren la paz, ni que se conozca la verdad histórica del conflicto armado, ni que las víctimas sean reparadas, ni que se ponga punto final al enfrentamiento entre los de arriba y los de abajo. El gobierno trabaja en favor de los banqueros, de las multinacionales, de las potencias imperialistas, de los ricos, en contra de los pobres. Los de abajo hemos cedido, nos hemos resignado y los de arriba son cada vez más tragones, más acaparadores, más intolerantes. Mientras en el imaginario de todos los colombianos no se instalen y practiquen los conceptos de equidad, justicia social, derechos humanos, solidaridad, pluralismo, medio ambiente sano, no es posible la “paz estable y duradera”
