El panorama pensional es crítico y hablar del tema no solo genera zozobra en millones de colombianos que trabajan día a día sin estar respaldados por un régimen de ahorro para su jubilación, sino que también se ha convertido en una ilusión utópica para las nuevas generaciones, un leviatán económico para el Estado, un problema que mutó en mil facetas y que se le salió de las manos al gobierno —que por décadas hizo caso omiso a la crisis pensional que se le avecinaba y que prefirió saturar a la gente con reformas laborales y pensionales innecesarias que provocaron la crisis estructural que hoy afronta el sector—.
El sistema pensional colombiano fue creado con la Ley 100 de 1993 como una respuesta política aparentemente contundente a las diversas propuestas legislativas que se discutían en torno al tema. Los ponentes de la Ley 100 sustentaban que el objetivo era reducir el desproporcionado gasto del Estado, incentivar la financiación privada y garantizar la cobertura pensional enunciada en el artículo 48 de la Constitución, estableciendo la seguridad social y la pensión como un derecho que compromete al Estado nacional a responder con eficiencia a las necesidades económicas y políticas que se presenten en la ejecución del régimen.
Pues bien, lo que en principio se creía que sería un gran avance social, terminaría enclaustrando el sector, puesto que dichas dinámicas generaron la constitución de dos regímenes: el público, administrado por Colpensiones, y el privado, administrado por entidades privadas de fondos pensionales.
¿Cuál es el problema pensional?
Para entender el problema de la jubilación en Colombia hay que tener clara la diferencia que existe entre los dos fondos pensionales.
Por un lado, en el fondo privado los aportes de cotización se manejan de manera individual, es decir, los aportes del afiliado van directamente a una cuenta, la cual genera rendimiento de capital a partir de las contribuciones que este haga. Este régimen exige acumular un capital pensional proporcional que permita: tener una pensión equivalente al 110% del salario cotizado o cumplir con los requisitos que garanticen la pensión mínima.
Por el otro lado se encuentra el fondo de pensiones público, el cual funciona como una bolsa común, en la que se encuentran los aportes de los trabajadores, más el subsidio del Estado. Este régimen requiere del cumplimiento de 1.300 semanas de cotización y de 57 años para mujeres y de 62 para hombres.
Con la distinción anterior nos enfocaremos en el analizar el sistema pensional en Colombia, el cual presenta una crisis estructural debido a su estrecha relación con el sector laboral del país, que en la actualidad es uno de los aspectos más deficientes que agobia a la sociedad colombiana.
Según los datos del Dane, en Colombia hay 22,6 millones de trabajadores. De estos, 10,2 millones desarrollan sus actividades laborales en la informalidad, 3,1 millones fluctúan entre el desasosiego de la prestación de servicios y 2,3 millones se encuentran desempleados, lo que genera repercusiones críticas en el sistema pensional, puesto que tan solo 8.6 millones de personas en Colombia están cotizando pensión; es decir, están trabajando de manera formal o hacen el esfuerzo de contribuir al ahorro de su jubilación, lo que produce un desequilibrio fiscal en la bolsa de cotización de pensiones, debido a que 14 de los 22 millones de personas clasificadas como económicamente activas no cuentan con ningún tipo de ahorro a su vejez, algo que es verdaderamente crítico en el país teniendo en cuenta que el 48% de los trabajadores se ubica en la informalidad.
Estos efectos repercuten directamente en el sistema pensional y la administradora colombiana de pensiones así lo evidencia: 47% de los afiliados cotiza pensión sobre el salario mínimo, el 25 % lo hace fluctuando entre 1 y 2 salarios, el 10% cotiza sobre 3 o 4 salarios de base y el 18% restante lo hace entre menos del salario mínimo y entre más de 4 salarios mínimos.
Los datos demuestran una suma de factores como la desigualdad persistente en el país, las escasas oportunidades de trabajo, la poca inversión social del Estado y el gasto fiscal ejercido en el sistema pensional que a diariamente sigue creciendo y que necesita una rápida intervención del gobierno nacional con políticas que logren estabilizar y controlar el sistema, garantizando centros de trabajo que permitan una vinculación, cobertura y retribución monetaria decente y que no acrecente más la crisis con reformas que lo único que hacen es afectar la calidad de vida de la sociedad colombiana, porque a este paso para 2030 la jubilación será una utopía para más de 20 millones y un privilegio para otros 3.6.
