El estado de cosas inconstitucional que la corte declaró en La Guajira —para incidir en el cambio tendencial del departamento en torno de la muerte de cientos de niños y niñas wayúu por causas asociadas a la desnutrición— nos muestra un caso específico en donde operan con toda su fuerza, y más allá de la hipótesis de la “maldición de los recursos naturales”, las disfuncionalidades del Estado colombiano: su grado de desarticulación, los tipos y la calidad de las respuestas de sus instituciones frente críticas realidades sociales y económicas que trascienden las que generalmente se encuentran al estudiar los procesos regionales, la descentralización y autonomía regional.
En la Sentencia T -302 de 2017, 25 instituciones se encuentran accionadas en aras de promover ejecuciones conjuntas y propiciar progresivamente condiciones de desarrollo armónico a partir del acceso a los derechos al agua, seguridad alimentaria, salud y participación. Después de más de 3 años de promulgada, ellas evidencian problemas a su interior, lo que ha imposibilitado la presentación del plan de acción como médula de la intervención para superar el estado de cosas inconstitucional.
Las consecuencias son diversas. La brecha existente al comparar la tasa promedio nacional de mortalidad de niños menores de 5 años (por 100.000 niños) con el de La Guajira en el 2019 fue de 26 puntos, la que tiende a crecer en el 2020. En el 2019 la prevalencia de la desnutrición global se encuentra 5 veces por encima del promedio nacional. Estos son dos de los 4 indicadores seguidos por la corte y sustantivos para afirmar que el estado de cosas inconstitucional se mantiene.
En relación con el agua, el censo de 2018 señala que el 56.07% de la población rural dispersa (mayoría wayúu) toma el agua de pozo sin bomba, aljibe, jagüey o barreno. En Riohacha este porcentaje llega al 24.04%, en Maicao al 62.12%, en Manaure al 59.76% y en Uribia al 78.21%. Las pilas públicas tienen una cobertura limitada, ya que el modelo de Casa Azul solo cubre el 40.5% de la población en sus áreas de influencia. Adicionalmente, Corpoguajira no ha cumplido la orden de estudiar la dinámica del agua y las conexiones entre el ciclo de agua en la Media Guajira y los acuíferos de la Alta Guajira, dado que en el área de minería se han intervenido 17 arroyos y 177 adicionales podrían ser afectados por futuras actividades mineras y se desconocen sus consecuencias.
En torno del objetivo mínimo constitucional de alimentación y seguridad alimentaria, de las 29 iniciativas del Departamento de la Prosperidad Social (DPS) para producir agua y alimentos, 2 están operando, 5 nunca fueron terminadas y entregadas y el resto se encuentran abandonadas. Sobre salud y nutrición, la disponibilidad de cupos de los niños más que crecer han disminuidos. Entre el 2015 y el 2018 desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se redujeron los cupos por tipos de atención: 32.407 en primera infancia y 6.422 en niñez y adolescencia, incrementándose el riesgo para esta población por inasistencia estatal.
En el ámbito de generar condiciones de producción de alimentos y de seguridad alimentaria, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, mediante informe presentado al Tribunal Superior de Riohacha el 6 de diciembre de 2019, reportó las siguientes acciones en cumplimiento a la Sentencia: i) proyecto ReSA 2019-2020, el cual busca contribuir a la autonomía alimentaria de los grupos étnicos del país, mediante la producción de alimentos para el autoconsumo, la promoción de hábitos y estilos de vida saludables, el rescate de productos locales y el fortalecimiento de la cultura alimentaria (para el mes de noviembre de 2019 se encontraba en proceso de caracterización de la población); ii) desarrollo de la licitación pública 02 de 2019 del Proyecto ReSA Étnico, el cual tendrá una duración de 12 meses y tiene la finalidad de promover la producción de alimentos para el autoconsumo a partir del intercambio de saberes y prácticas agropecuarias tradicionales y fortalecer la cultura alimentaria mediante el rescate de los productos locales y el consumo adecuado de los mismos.
Igualmente, implementó el Proyecto Piloto La Guajira Productiva, cuyo objetivo fue generar una estrategia “probada y validada” con las comunidades rurales de La Guajira para fortalecer la generación de ingresos y la seguridad alimentaria y nutricional con criterios de sostenibilidad y el Convenio 204-2016 DPS-UNGRD, para la perforación de pozos exploratorios para construcción de pozos de extracción de agua.
También reportó que reparó un molino de viento en la población de Wimpeshi en el municipio de Uribia, que se realizaron perforaciones de 15 pozos para aprovechamiento de agua subterránea, 4 en el municipio de Uribia y 11 en el municipio de Manaure. En el marco del proyecto con ejecución desde el 2015, Prosperidad Social reportó que se desarrolló la infraestructura de los sistemas de tratamiento de agua y se efectuó la contratación para la construcción de 12 nuevos sistemas integrales de agua, de los cuales ya se había adelantado un convenio y el diagnóstico de visitas de pertinencia de los posibles sitios donde se realizarán las intervenciones y verificación de disponibilidad de agua, que se complementaría con la producción de alimentos..
Según Prosperidad Social, en 15 centros etnoeducativos se benefician 3.110 estudiantes. Durante el 2017 se proyectó la terminación de 2 sistemas integrales de agua y la generación de 12 nuevos centros de abastecimiento de agua para consumo humano para población núcleo y aferente a un radio de acción de aproximadamente 3.5 km.
En visita de campo y en consulta directa con autoridades y líderes de las comunidades se pudo identificar que el estado de estos pozos y los proyectos complementarios de producción de alimentos, la mayoría en mal estado y muchos de ellos fueron abandonados y de baja sostenibilidad. Es decir, que los proyectos no fueron probados ni validados y tampoco pertinentes.
En los proyectos de perforación de pozos y el desarrollo de huertas demostrativas es clara la necesidad de generar capacidades comunitarias y desarrollar esquema de sostenibilidad de la infraestructura entregada. La entidad responsable de los mismos no realizó el respectivo seguimiento posterior a la entrega y las comunidades no recibieron asistencia técnica y acompañamiento en los procesos posteriores a la ejecución de las obras.
Entre las situaciones adversas que allí se presentaron se pueden resaltar: i) escogencia de los beneficiarios poco transparente y sin focalización; ii) algunas familias entraron en contradicciones con la autoridad tradicional; iii) se evidenciaron conflictos interétnicos por ocupación de tierras sobre las cuales los grupos familiares beneficiarios no tenían derechos; iv) los altos precios de los insumos; v) las escalas productivas no permitieron que las familias accedieran a un ingreso adicional de corto plazo y vi) los grupos familiares no pudieron tener los recursos para reparar los daños y hurto de los equipos de extracción de agua y riego.
En consistencia con la Corte Constitucional, los programas de seguridad alimentaria deben estar dirigidos a: i) aumentar la cobertura y la escala de los programas de alimentación; ii) generar capacidades dentro de los municipios y las asociaciones de autoridades tradicionales wayúu para realizar intervenciones en seguridad alimentaria; iii) desarrollar programas de generación de empleo y iv) implementar proyectos productivos adaptados a las distintas partes del territorio wayúu.
En estas circunstancias, es claro que una hectárea adecuada para desarrollar un proyecto productivo no es suficiente para atender las necesidades nutricionales de las comunidades seleccionadas. En el caso de Winpiraren y El Corral tienen más de 70 familias. En esa línea de acción, se requiere adecuar un mayor número de hectáreas, brindar asistencia técnica agrícola y pecuaria por más de 5 años hasta generar capacidad instalada, garantizar insumos por lo menos en ese lapso de tiempo, mientras se generan condiciones de autosostenibilidad.
