Actualmente cursa en el Congreso de la República un proyecto de acto legislativo que busca la cadena perpetua para abusadores sexuales y asesinos de niños y niñas. Esta discusión que se está dando en el recinto de la democracia está a un paso de convertirse en ley. Por ser una reforma constitucional debe surtir 8 debates, 4 en Senado y 4 en Cámara. Solo está pendiente uno en la plenaria del Senado, que debe hacerse antes del 20 de junio, fecha en la que terminan las sesiones ordinarias. Si todo resulta, quedaría aprobado este proyecto de reforma constitucional.
El actual debate sobre la cadena perpetua tiene opiniones a favor y en contra. Algunas de ellas están relacionadas con la falta de eficacia en el aumento de penas en los delitos, como lo señaló el fiscal general de la nación o la Procuraduría. Sin embargo, esta iniciativa ha tenido un amplio respaldo del gobierno nacional y de las mayorías en el Congreso. De hecho, este proyecto había sido presentado 13 veces en el Congreso y en ninguna de ellas había logrado este avance.
Pues bien, es necesario revisar las cifras de nuestro país sobre abuso contra nuestros niños. Según informes de organismos como Unicef y Save The Children, que trabajan por la protección de la niñez, somos el tercer país del mundo con la tasa de homicidio y abuso infantil más alta y el quinto con mayor porcentaje de niños en desplazamiento por conflicto. Además, en el año 2019, se presentaron 708 homicidios contra menores y en delitos como abuso sexual se presentaron 34.000 casos reportados. De acuerdo con esta información, estamos hablando de que en nuestro país cada día son abusados 62 niños y en el 85% de los casos son niñas. Así mismo, según datos del ICBF, de estos casos, 9.923 han sido perpetrados por su núcleo más cercano (padres, abuelos o tíos).
Cada día en los medios nos encontramos con historias que cobran vida y dejan de ser cifras como el caso de Yuliana Samboní, Angie Lorena, Génesis Rúa, Luis Santiago, entre otros. Estos pequeños y otros han estremecido nuestra cotidianidad y solo son algunos de los miles de niños y niñas que sufren el maltrato y el abuso y que en casos como estos terminan cegando sus pequeñas vidas. Es que solo una sociedad enferma puede permitir que no se castigue con la mayor severidad los delitos contra nuestros menores. De hecho, según cifras de la Fiscalía, el 95% de los casos quedan en impunidad, solo el 5% son procesados y en muchos ocasiones los condenados pueden acogerse a rebajas de penas y otros beneficios del sistema penal.
Aunque nuestro sistema jurídico ha tenido avances importantes en materia de sanciones penales y el desarrollo de políticas públicas que propenden por el bienestar de nuestros niños y niñas, aún hay mucho camino por recorrer. Como concejal del Centro Democrático, que hace parte de la bancada de gobierno, expreso mi total apoyo a esta iniciativa. Lo hago por considerar que es necesario un endurecimiento de las penas y una mayor efectividad de la justicia para procesar a los implicados en estos hechos tan deplorables.
Como madre sé que no solo es responsabilidad del Estado la protección de nuestros niños. Velar por la protección de los derechos y la vida de nuestros menores debe ser un esfuerzo conjunto entre la familia y todas las instituciones (escuela, iglesia, comunidad). Es que el abuso en los menores tiene secuelas que marcarán de por vida y que afectarán su buen desarrollo físico y emocional, así lo han demostrado muchos estudios psicológicos. Bajo desempeño escolar, embarazo adolescente, baja autoestima, depresión, suicidio y consumo de alcohol y sustancias psicoactivas se presentan en la mayoría de casos en las personas después de ser víctimas de abuso.
Es por ello que debemos como sociedad rechazar todo acto que atente contra la integridad de nuestros niños. Además, es necesario iniciar un proceso de educación desde el hogar sobre el cuidado y la prevención del abuso, y hacer que nuestros niños se sientan seguros en sus casas y en la escuela. Pues bien, esta reforma constitucional es un gran paso en la defensa y protección de la garantía de los derechos de los niños y niñas, pero ahí no acaba el proceso: desde la institucionalidad y la sociedad civil se debe trabajar en mecanismos de prevención, hacer que existan sanciones sociales a estos hechos y que nuestros niños puedan crecer en ambientes seguros con las mejores condiciones de desarrollo como salud, educación, deporte y cultura, pero sobre todo una formación basada en valores. Solo de esta manera podremos derrotar tan terrible flagelo que vivimos día a día.
Por estas razones doy todo mi respaldo a esta iniciativa tan importante para combatir este problema. Espero que sea aprobada en la plenaria del Senado y que nuestro sistema de justicia pueda ser efectivo en castigar de manera ejemplar a quienes atentan contra nuestros niños. Como concejala del municipio de Itagüí expreso todo mi compromiso en defender y promover iniciativas que redunden en beneficio de nuestros niños y niñas, ellos son nuestro futuro y también nuestro presente. Por eso, como sociedad tenemos el deber moral de asegurar toda la protección, el amor y el respeto para que crezcan felices y no veamos más de esas tristes historias que empañan nuestra cotidianidad.
