El presidente Petro remató su discurso de victoria en el Movistar Arena con los tres ejes fundamentales que constituyen la columna vertebral de su gobierno: “Paz, Justicia Social y Justicia Ambiental”. De hecho, el programa de gobierno promete avanzar en: superar la violencia, la justicia ambiental, la justicia climática, rescatar la selva amazónica, descarbonizar las economías, proteger las selvas y bosques, reformar el campo en clave de justicia ambiental y reconocer y escuchar los territorios. ¿Pero qué es la justicia ambiental y por qué es tan importante?
La justicia ambiental es una idea abstracta que necesita volverse realidad en la práctica para que un sistema de gobierno y convivencia sea legítimo. Por ejemplo, en La Guajira donde abunda la minería de carbón que es un negocio multimillonario, es una injusticia ambiental que en 2021 al menos 41 niñas y niños murieron de sed y hambre porque el gobierno no les garantizó acceso a agua potable y alimentación mínima. Esta situación injusta además de inaceptable le quita legitimidad y credibilidad a Colombia como gobierno y como proyecto de Nación.
La lucha por la justicia ambiental se opone a la repartición injusta de los impactos ambientales y exige que todas las personas en una comunidad tengan aire respirable, agua potable y alimentos nutritivos no tóxicos, entre otros mínimos vitales. Son necesidades ambientales básicas que cualquier persona tiene y entiende, pero que en muchos territorios de Colombia no se garantizan y se ponen en riesgo por la autorización de proyectos extractivos de minería a gran escala, por ejemplo.
Pero qué es la “justicia” en la justicia ambiental. Aquí se refiere a la idea esencial de la justicia, de lo justo, de la convivencia justa entre seres humanos y con otras especies. Aquí no hablamos de la rama judicial, aunque en muchas ocasiones las decisiones judiciales se han metido con injusticias ambientales. En la Sentencia T-704 de 2016 la Corte Constitucional protegió a la comunidad Media Luna del pueblo wayuu ante los impactos ambientales de la minería de carbón y explicó que “el concepto de justicia ambiental se compone de dos elementos: distribución de las cargas y participación efectiva de las comunidades afectadas.”
No existe una definición única de la justicia ambiental, que se repita aquí y allá, sino que más bien en cada territorio la definen y dan la lucha de acuerdo con su realidad. Así, la justicia ambiental en el páramo de Santurbán busca su protección frente a títulos mineros, en La Guajira incluye frenar la contaminación de la minería de carbón, en Bogotá y Medellín tiene que ver con la calidad del aire y el cuidado de los humedales, en las costas y mares se relaciona con la protección de los manglares y la pesca artesanal, en las comunidades ribereñas se opone a las hidroeléctricas y cuida los ríos, para los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas exige el respeto a sus territorios, en el Magdalena Medio se opone a los pilotos de fracking y en toda Colombia busca prohibir el fracking y la extracción de petróleo y gas de yacimientos no convencionales, como las arenas bituminosas.
Entonces, la idea de justicia ambiental es importante y cambia según a quién se le pregunte y sus circunstancias, pero hay tres elementos fundamentales que se repiten tanto en los movimientos sociales, los territorios y la teoría política, a saber: distribución de los perjuicios y beneficios ambientales, reconocimiento (de la comunidad afectada por una alteración del ambiente) y la participación efectiva en la toma de decisiones. Por ejemplo, hay una injusticia ambiental cuando el agua de un territorio se concentra en una represa para el beneficio de un sólo interés, mientras las comunidades pasan sed y no pueden regar sus cultivos, no son reconocidas y no tienen participación efectiva.
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La justicia ambiental no es algo nuevo, ya los pueblos indígenas nos han enseñado el respeto y el reconocimiento de la naturaleza en sus territorios donde el agua y la comida son sagradas desde tiempos ancestrales
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La justicia ambiental no es algo nuevo, ya los pueblos indígenas nos han enseñado el respeto y el reconocimiento de la naturaleza en sus territorios donde el agua y la comida son sagradas desde tiempos ancestrales. En Estados Unidos fue desde el movimiento heredero de la lucha por los derechos civiles del pueblo afro que en los años 80 se denunció el racismo ambiental o la injusta distribución de contaminantes cancerígenos en las comunidades afro de Carolina del Norte. Igualmente, la justicia ambiental es compleja y se entrecruza con otras ideas fundamentales de justicia y sus movimientos sociales: justicia de género, justicia racial, justicia ecológica (con la flora y fauna), justicia climática (reconocida en el Acuerdo de París), justicia hídrica, justicia multiespecies, entre otras.
Enhorabuena el gobierno de Petro tiene como pilar fundamental la justicia ambiental, como se lo exigió el pueblo en su diversidad cultural y territorial. Ya era hora que aceptáramos que Colombia es una potencia mundial de la diversidad, de la biodiversidad y de la vida.
Para profundizar este debate recomiendo escuchar con respeto el conocimiento tradicional en los territorios de Colombia. También sugiero estas lecturas: “¿Qué significa la justicia climática y por qué nos debe importar?” de Elizabeth Cripps y “Definiendo la Justicia Ambiental: Teorías, Movimientos y Naturaleza” de David Schlosberg.
