Se ha dicho en Colombia y en el exterior, desde orillas muy distintas, que el mayor reto del gobierno para asegurar que su agenda de negociación con las Farc sobreviva al 2018, consiste en generar confianza ciudadana en torno a los acuerdos que se logren. Ese es un desafío que concierne a ambas partes de la mesa de La Habana.
En los últimos cuatro años, sin embargo, la confianza ha resultado ser un sentimiento muy familiar para los de Timochenko, pero solo por el hecho de que ganan el pulso a los negociadores oficiales cada semana, mientras que los ciudadanos nada han podido hacer para expresar su descontento, distinto de fijar en las encuestas su postura reiterada de rechazo categórico: En efecto, la gente cree que con el mencionado grupo guerrillero todo es tiempo perdido.
Fíjense en lo que sucedió el 18 de febrero pasado en Conejo, un corregimiento del municipio guajiro de Fonseca. Allá hizo presencia una parranda de vividores de nuestros impuestos, encabezados por el tal Iván Márquez, quienes pretendieron hacer actos políticos en compañía de hombres y mujeres armados.
El gobierno puso el grito en el cielo y dijo que no permitiría que se hiciera política con armas. Y hasta se suspendieron las giras de estos personajes a sus supuestos campamentos en Colombia, excursiones que tenían el propósito de explicarle a sus “bases” los alcances y avances del proceso.
Dos semanas transcurrieron, y en vez de corregir, se tomaron un poblado (Buenos Aires, Cauca) a espaldas de su alcalde, se movilizaron en sus propios vehículos (robados, porque no podía ser de otro modo) e hicieron la didáctica social que les vino en gana.
Y a pesar de que el gobierno salió a decir que otro acto como el de Conejo no se repetirá jamás, muy pocos se confían. La mesa de negociación da positivos, uno tras otro, a las Farc. Un ejemplo claro es la famosa Jurisdicción Especial para la Paz, que no es otra cosa que un tribunal a la medida de la guerrilla para que sus integrantes gocen de impunidad y sus contradictores sean juzgados y encarcelados.
No lo digo yo, sino Human Right Watch, cuyo líder, José Miguel Vivanco, que tampoco ha sido el santo de mi devoción por sus posturas blandas del pasado frente a las Farc, no duda en afirmar que “Ningún tribunal internacional ha permitido que aquellos que han sido condenados por crímenes de guerra puedan evitar la prisión por crímenes tan graves”, y que “Este nuevo acuerdo va incluso más allá y garantiza que no enfrentarán un castigo ni siquiera remotamente serio”. ¡Imagínense!
Por eso, el ciudadano tiene razón al preguntarse si hechos como la captura de Santiago Uribe Vélez (aunque no por cuenta de la Jurisdicción Especial para la Paz), hacen parte del nuevo “mapa político” que empieza a conformarse en Colombia, esto es, los victimarios al poder y las víctimas a la cárcel. Y tiene razón el ciudadano al preguntarse si el hecho de que varios influyentes periodistas y columnistas que han sido botados de sus medios de comunicación o se aprestan a correr idéntica suerte, como el exministro Fernando Londoño Hoyos con su programa radial La hora de la verdad, están relacionados con una agenda que empezamos a avizorar por cometer el delito de no patrocinarle cualquier cosa a la guerrilla.
Unos se quieren tragar vivos a los otros,
ahorrándoles a las Farc el trabajo que por décadas han hecho
directamente a punta de secuestros y asesinatos
Cómo se reirán los de las Farc después de ver este espectáculo en Colombia, en el que los unos se quieren tragar vivos a los otros, ahorrándoles el trabajo que por décadas han hecho directamente a punta de secuestros y asesinatos. ¡Qué coyuntura tan propicia para sus intereses!
Alias Iván Márquez sugirió que es posible que a finales de año 2016 estemos coreando todos en Colombia “terminó la guerra”. Y me he puesto a pensar que a cualquiera en su posición le provocaría hacer tales augurios, si se basan en la promesa de impunidad por actos aberrantes, o si se basan en eliminar, no ya físicamente, sino también moralmente a todas sus víctimas, en un acuerdo que no los reconoce, que los esfuma y que, por lo mismo, los ciudadanos no van a aceptar.
Piden constituyente, pero no porque algún político oportunista les desmonte el acuerdo en el 2019 —cosa que no se me haría rara— sino porque saben que necesitan más que una camisa de fuerza para contener la repulsa constante de los ciudadanos, necesitan envolver su presencia en nuestra vida pública con una resistente tela de araña jurídica del más alto calibre que los blinde cada hora, cada día y cada año de la previsible reacción a sus posturas desafiantes.
Las constituciones podrían ser, eso sí, un instrumento útil para acoger acuerdos razonables basados en la pesadumbre y el arrepentimiento por los delitos cometidos. Pero los ciudadanos no han visto rastro de tal arrepentimiento, ni ven en los acuerdos el menor respeto por las víctimas. Y es que ni una constitución ni un referendo de sastre tendrán jamás fuerza suficiente para garantizar la inmortalidad de una partida de cínicos.
