En las últimas semanas se ha venido discutiendo y problematizando la relación entre la paz total y la implementación del acuerdo de paz. Para algunos analistas, el arranque de la paz total opacó el “segundo aire” del acuerdo y le restó importancia; otros se han asumido desde una postura intermedia, pues consideran que el gobierno viene avanzando en los desarrollos normativos e institucionales necesarios para estabilizar los objetivos de la paz total y eventualmente sincronizarlos con las disposiciones del acuerdo; y otros, más pacientes y optimistas, consideran que la implementación del acuerdo es el “alma y nervio” de la paz total.
Ahora bien, esa cuestión podría tomar un mayor alcance social y político en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo (PND), en el cual resulta pertinente incluir un capítulo específico que relacione indicadores y acciones con la implementación del acuerdo de paz. Este capítulo —ausente de un borrador del anteproyecto del PND publicado por algunos medios de comunicación— podría ser clave para armonizar los diversos esquemas de planeación creados para facilitar la implementación de lo acordado con las FARC.
A continuación, presento los componentes del citado borrador del PND directamente relacionados con el acuerdo de paz:
Se recupera la centralidad de la reforma agraria
Según el gobierno, la reforma agraria será un eje trasversal del cambio. Para lograrlo, Petro no siguió con el libreto tradicional de entregarle el manejo de la política rural a los sectores vinculados al Partido Conservador. Con la llegada de Cecilia López a la cabeza del Ministerio de Agricultura y con la conformación de un equipo directivo ajeno a los intereses gremiales, se confirmó aquello de que “la política son los nombramientos” y que en el gobierno Petro la triada de agencias rurales no será una cuota burocrática cedida a los conservadores.
Ese nivel de centralidad también se ve reflejado en el borrador del anteproyecto del PND al reposicionar los Planes Nacionales Sectoriales como dinamizadores de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS); es decir, se retoma el planteamiento esbozado en el mismo acuerdo de paz que considera estos dieciséis planes nacionales como instrumentos orientadores en las intervenciones de los PDET, el PNIS, el catastro multipropósito, la compra de tierras y la formalización masiva de la propiedad rural.
Es ese sentido, concluida la discusión el PND, el gobierno deberá avanzar en dos frentes. Desde el primero, tendrá que alinear todas las intervenciones del gabinete para la paz —figura creada por la ley de paz total— con los objetivos de los planes nacionales —rezagados en el gobierno Duque a la condición de engorrosos documentos de política pública—; y en el segundo, deberá actualizar de la mano de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI) las metas e indicadores proyectadas en el Plan Marco de Implementación.
Sobre el PNIS, el borrador del anteproyecto del PND plantea que los acuerdos suscritos con las familias cocaleras podrían ser modificados de forma concertada para darle cabida a un modelo de intervención territorial. Así, se le rompería el espinazo al modelo de priorización familiar que caracterizó la formulación del PNIS y se otorgaría un carácter preferente a proyectos colectivos de industrialización y comercialización; inclusive, hasta derivados del cultivo de la hoja de coca, ya que, el presidente podría contar con facultades extraordinarias para reglamentar sus usos medicinales, terapéuticos y científicos.
Se fortalece la justicia transicional
El punto cinco del acuerdo de paz creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición conformado por la Jurisdicción Especial para la Paz, la extinta Comisión de la Verdad y la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. Fortalecer este sistema deberá ser una pieza clave en el PND.
Por un lado, el gobierno ha ratificado su compromiso con la implementación de las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad y en el borrador del anteproyecto del PND propone delegarle al Departamento Adminsitrativo de la Presidencia la responsabilidad de establecer los lineamientos y metodología para monitorear su cumplimento por parte de todas las entidades del orden nacional.
Por otro lado, también propone la creación de un mecanismo no judicial de contribución a la verdad y un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Tanto el mecanismo como el sistema se podrían considerar como componentes de la institucionalidad para la paz total y se asemejarían al mandato de la Comisión de la Verdad porque entre sus objetivos se encontrarían: recolectar, sistematizar y preservar la información que surja de los acuerdos de contribución a la verdad histórica en el marco de los procesos de negociación política y sometimiento colectivo a la justicia.
En relación a los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador (TOAR), es decir, las sanciones restaurativas que deberán cumplir los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad —que hayan reconocido plena verdad y responsabilidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz—, el capítulo específico del PND deberá establecer mecanismo interinstitucionales para facilitar su cumplimento y así orientar acciones relacionadas con la construcción de la memoria histórica y aporte a la verdad.
Todo parece indicar que en el gobierno Petro la Reforma Rural Integral y la justicia transicional tendrán un papel central. Sin embargo, el acuerdo también contempla medidas sobre participación política y reincorporación socioeconómica que no se pueden pasar por alto. El reto sigue estando en integrar las disposiciones del acuerdo a las posibilidades de la paz total. Para ello, se requiere de un capítulo específico en el PND que trace esos caminos de entendimiento y complementariedad.
