El magnate mexicano Carlos Slim y sus ejecutivos en Colombia en cabeza del también mexicano Carlos Zenteno presidente de la empresa de telefonía Claro Comunicaciones han logrado mantener una línea de comunicación abierta y efectiva con el Congreso, con la Presidencia de la República, con el Ministerio de las Tic y con el ente regulador del negocio, la Agencia Nacional del Espectro. Su puntal ha sido la firma Gestión Legislativa y de Gobierno que dirige Javier Hoyos, un experimentado lobista conocido como el ‘senador número 103’, por su influencia en el Congreso, sobre todo cuando como funcionario del Grupo Santo Domingo hacia el enlace entre el presidente del conglomerado empresarial Augusto López Valencia y los parlamentarios frente a la legislación alrededor de la cerveza, especialmente en el orden tributario.
Actualmente Javier Hoyos y su equipo integrado por Silvia Reyes, asesora tributaria, y Paula Caballero, asesora legislativa, lleva al hombro los intereses de la compañía de telefonía celular y de televisión por cable Claro, la que más registra quejas de usuarios ante la superintendencia por el mal servicio y con dos grandes retos por delante ante el Congreso y los órganos de Control: enfrentar la última sanción de $87 mil millones que le impuso el superintendente Pablo Felipe Robledo, y la otra, atravesársele a una reforma normativa y legislativa para poder mantenerse como el operador dominante con más del 60% de los usuarios de telefonía celular a su cargo.
Javier Hoyos es una de las pocas personas que hace lobby en Colombia de forma profesional -con registro oficial- y con reconocido protagonismo en la fallido intento de Reforma Tributaria en el 2012 cuando la presión del empresariado logró frenar varias medidas drásticas.
Javier Hoyos y su equipo de Gestión Legislativa y de Gobierno integrado por Silvia Reyes, asesora tributaria, y Paula Caballero, asesora legislativa (Foto Dinero.com)
En ese mismo año Hoyos vio su primer éxito con la empresa de Slim cuando con el apoyo de los senadores Jorge Pedraza y Efraín Torrado en la Comisión Sexta del Senado lograron hundir el proyecto de Ley antimonopolio que intentó sacar adelante el Senador Conservador Juan Mario Láserna (quepd).
El mayor reto de Javier Hoyos con su cliente Claro es evitar tener que pagar la sanción de $ 87.000 millones, la más grande que le han puesto a compañía de telefonía celular en Colombia por impedir que más de 80 mil usuarios pudieran migrar a la competentica. La defensa tiene como escenario dos frentes: en el Congreso y ante la superintendencia y los órganos de control.
El capítulo jurídico va por cuenta de los abogados que asesoran a Claro en materia litigios de competencia: José Orlando Montealegre, Gustavo Valbuena y Emilio Archila.
El abogado Valbuena fue socio de la senadora del Centro Democrática María del Rosario Guerra a quien han señalado de presentar un proyecto de ley de televisión que favorecería los intereses de Claro. El abogado Emilio Archila es primo del alcalde Peñalosa; dirige un departamento de derecho económico de El Externado y ahora está muy interesado en el proyecto de ley antimonopolio para lo que está organizando un foro. Archila fue nominado por Peñalosa para integrar la junta directiva de la ETB.
El lobby ha sido más efectivo que la estrategia jurídica: Claro ha aprovechado sus buenas relaciones con el Congreso a través de la gestión de Javier Hoyos con senadores como el Presidente de la Comisión, el Senador Conservador Jorge Eduardo Pedraza, del congresista de La U Ángel Custodio Cabrera y de Efraín Torrado también conservador. Todos de la Comisión Sexta, una célula llamada a legislar en pro de los intereses colectivos pero que ha hecho oídos sordos al malestar y las quejas de la ciudadanía
Claro sigue gozando de su posición dominante en el mercado: acapara el 45% de los usuarios de telefonía de voz, datos móviles internet y telefonía fija frente al 17% de los españoles de Movistar, el 9% de UNE y el 8% de Tigo, estos dos últimos que forman parte del grupo Millicom International Cellular, S.A. Esa posición dominante, que reconoció el propio Presidente Santos que se quejó del mal servicio de Claro (link) pone a la firma de Carlos Slim en una posición que le permite ponerle las reglas y los precios a sus competidores en una práctica prohibida, y sujeta a sanciones ya que va en detrimento de la calidad del servicio y de los precios que finalmente resultan pagando los usuarios.
La empresa Claro tiene la mayor parte del espectro que asigna el Estado y que le permite tener la mitad de los más de 40 millones de usuarios de telefonía en Colombia.
