Movidas por el creciente interés que despierta el afán de lucro, las empresas extractivas de combustibles fósiles se esmeran por presentar sus objeciones a la futura restricción de nuevas explotaciones, como una simple reflexión para lograr un tránsito racional, progresivo, confiable, y, al final, rentable para quienes por el bien del país se dedican a tan encomiable y difícil renglón de nuestra economía. Y tiene que ver con la riqueza ecológica.
Que de no ser aceptadas traería para los colombianos -cuya mayoría, para ser sinceros con las cifras, todavía no conoce beneficios concretos- la fuga inmediata de los capitales dedicados al negocio de los hidrocarburos, que dada su importancia en las exportaciones totales de la nación, en pocas horas precipitarían la debacle de todos los índices que animan su actividad productiva.
Obviamente dentro de sus catastróficos balances no explican cómo luego de tanto tiempo –150 años de ejercicio y los extraordinarios beneficios que le asignan- el país no ha salido de la situación de subdesarrollo y pobreza extendida en que hoy nos encontramos, como para que no existieran dudas sobre su prolongación.
Porque la que sí no guarda dudas es su necesaria -no inmediata, como cazurramente lo exponen- restricción, por los elementos trascendentales que para el desarrollo económico de los países pobres y la vida de la especie tiene esta decisión, como lo ha venido planteando el gobierno de Gustavo Petro en diferentes foros.
Pues está destinada a proteger la riqueza ecológica de nuestro país, que por supuesto incluye la de las naciones hermanas, que constituye el insumo vital de una apuesta global superlativa, pero perfectamente viable para frenar el calentamiento del planeta.
Y que se ha venido consolidando desde la COP21 de París en 2015, cuando fue evidente el fracaso de los proyectos tecnológicos de los países ricos, que incluían hasta colocarle un paraguas para evitar el paso de los rayos del sol y poder enfriarlo.
Y que ha sido impulsada desde entonces por la cada vez más angustiante súplica del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio climático (IPCC) sobre las condiciones aciagas que ha ido tomando el calentamiento, dirigida a las posteriores Conferencias de la Partes incluida la COP25 efectuada en Madrid en 2019, y que resaltan la importancia esencial de los bosques como captadores de CO2 para frenarlo.
Contención ecológica crucial que de por sí no bastaría si no fuera aplicada de manera sincronizada y complementaria con una política de transformación progresiva de la actividad económica de los países ricos, que representan, según el Fondo de Población de la Naciones Unidas (UNFPA), el 97% de los recursos del planeta. Y donde el 10% de la población más rica concentra el 76% de la riqueza total.
Una transformación imposible de conseguir en corto tiempo por los traumatismos que causaría a la economía mundial y el rechazo de sus consumidores, mientras con su tecnología avanzada logra hacer tránsito a las energías limpias con las que, de no producir efectos sobre la Tierra, reanudaría un crecimiento sostenible con la misma.
Un periodo de acoplamiento consensuado sin caducidad prevista, durante el cual las naciones ricas como compensación o pago, por concederles esa oportunidad excepcional, deberán suministrarnos capital y tecnología no solo para paliar los daños propiciados por el cambio climático, sino impulsar nuestro verdadero desarrollo que incluye transición a energías limpias e industrialización de nuestra biodiversidad hasta ahora abandonada.
Y mientras ese acuerdo global se precipita más temprano que tarde por las consecuencias inmisericordes que se avecinan, lo único que no pueden hacer los países como Colombia es continuar destruyendo, por unos dólares más, la riqueza ecológica de valor absoluto con la que negociaría no solo la permanencia o transición tranquila de la economía de los países avanzados sino un verdadero desarrollo de la nuestra, todo dentro del objetivo central de detener el calentamiento que amenaza la supervivencia del hombre y la inteligencia.
Y persistir en tanto en la costumbre frustrante de destruir nuestra riqueza ecológica solo contribuirá a agravar las condiciones ambientales ya bastante precarias por las que pasan millones de compatriotas, cuya reparación estamos lejos de poder costear, y más cuando el mundo desarrollado una vez más se ha negado, como lo ha hecho en la COP28, a cubrir los daños descomunales que su hiperdesarrollo nos ha estado generando.
