Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín, se siente rondado por los fantasmas de una persecución que ve encarnados en los organismos de control, en las veedurías ciudadanas, en medios regionales críticos de su gestión y en los poderosos integrantes del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).
Ha tratado de exorcizarlos a través de un rito común en sus prácticas: la controversia pública cargada de simbolismos agresivos, como el que usó aquel día en el recinto del Concejo donde le arrojó un queso al entonces gerente de EPM Jorge Londoño De la cuesta mientras comparaba a los miembros de la junta directiva -que ahora él preside- con roedores que se alimentaban de la corrupción, a la que le atribuyó la contingencia sufrida por Hidroituango en 2018.
Recientemente le picó pleito a la Procuraduría al divulgar por cuenta propia la existencia de cerca de 50 radicados de indagaciones abiertas en su contra con el ánimo perverso, según él, de desacreditarlo.
Sus prevenciones y contrataques han llevado a un punto de ebullición el debate en su ciudad, sobre todo después de que su esposa Diana Osorio le confirmó a la periodista Vanessa de la Torre que, en el horizonte político del mandatario de 42 años, se encuentra la aspiración de llegar a la Casa de Nariño
¿Existen esos fantasmas? Si la búsqueda se concentra en el mundo de los estrados judiciales, no hay huellas de espectros, sino de apariciones concretas de evidencias que han dado para la apertura de procesos a funcionarios y personajes del círculo administrativo y político del alcalde.
Uno de esos procesos llevó a la Fiscalía a enviar copias de sus actuaciones para que evalúe la posibilidad de despojar de su investidura a un congresista y otra condujo a la imputación de delitos a la secretaria de Educación de la ciudad. Ambos se relacionan con el hecho de que entidades públicas están siendo convertidas en una suerte de franquicias, modelo opaco en el que los servicios que deberían estar a cargo de servidores públicos son prestados por particulares a expensas de multimillonarios contratos interadministrativos que no se rigen por la ley, sino por el derecho privado y terminan convertidos en fuente de desangre de recursos públicos.
Lo que busca la justicia por estos días no son fantasmas sino a los verdaderos franquiciados que se ocultan detrás de razones sociales para mover los hilos de los contratos y entre los que hay, según los denunciantes, no solo dirigentes políticos sino hasta un hermano del alcalde. Las historias que se cuentan son reales:
En junio de 2021, cuando despegaba la campaña para la elección de senadores y representantes, la veeduría ciudadana Todos Por Medellín comprobó que en la página del Instituto de Recreación y Deportes de Medellín había una aplicativo denominado sugestivamente “Dímelo”. Contenía un formulario que invitaba al visitante a registrar no solo sus datos personales, sino incluso el puesto y la mesa donde votaría en las elecciones de marzo de 2022.
A través de su “línea de confianza ciudadana”, la veeduría acababa de recibir una denuncia según las cual esa plataforma estaba habilitada para que los contratistas del Instituto -los viejos y los nuevos- que quisieran mantener o celebrar nuevos negocios con la entidad tendrían la obligación de inscribirse allí, de manera que su voto fuera verificable.
Cada interesado en contratar debía conseguir cincuenta personas que a su vez pudieran llevar veinte más cada una y convertir los votos en inversión. El aplicativo permitiría verificar si realmente marcaron los tarjetones como se comprometerían a hacerlo.
¿Por quiénes había que votar? Lo que la justicia penal busca establecer es quién estaba detrás de esa exigencia. Entre los sospechosos aparece el nombre de Johnny Armando Jaramillo Montoya, excandidato a la Cámara y socio principal de la empresa C.I. Golden Platino Colombia S.A.S. Fiscales especializados buscan encontrar la nuez de una denuncia según la cual Jaramillo, uno de los financiadores de la campaña del alcalde Quintero, es el dueño de la franquicia en la que se ha convertido el Inder y el regente en la sombra de todas las decisiones administrativas y financieras.
Según un registro actualizado de procesos que lleva la veeduría, el caso es objeto de una investigación abierta por la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo con las denuncias, Johnny Jaramillo promovía la elección de la fórmula integrada por León Fredy Muñoz, al Senado, y Juan Camilo Londoño Barrera a la Cámara, por el Partido Alianza Verde. Muñoz que ‘quemó’, pero su afinidad con el Petrismo le sirvió para ser nombrado embajador en Nicaragua. Londoño sí fue elegido.
Antes de llegar al Congreso, Londoño, exjugador profesional de baloncesto, fungía como asesor del Inder, y según declaraciones judiciales, desde allí le reportaba a Johny Jaramillo todos los movimientos contractuales. El grueso de los negocios -contratos de asesoría con amplios y objetos sociales- se ha venido haciendo desde entonces a través de Metroparques.
La concentración de los negocios ha sido jugosa para los operadores de los contratos. Un estudio de la veeduría muestra que el 50 por ciento del presupuesto anual del Inder se va en contrato con Metroparques, entidad que bajo la figura jurídica de Empresa Industrial y Comercial del Estado no está sujeta a las reglas señaladas por el Estatuto de Contratación Pública. Por eso hasta allá no llegan los controles.
En solo el año 2021 los contratos fueron 56 y su monto total llegó a $56.000 millones. Como el presupuesto anual del Instituto supera ligeramente los $100.000 millones, varios observadores se preguntan si se justifica que el Instituto de Recreación y Deporte siga existiendo porque toda su función misional está quedando prácticamente a cargo del contratista mayor, en cuyo entorno la única sombra perceptible es la de Miguel Quintero, hermano del alcalde. Soto vocce empleados de Metroparques aseguran que Miguel es quien lleva allí la voz cantante y que la gerente María Eugenia Domínguez actúa como si él fuera el conducto regular para la toma de decisiones.
Diana Toro Zuleta, entrenadora de baloncesto y directora del Inder cuando se produjo la toma política, les ha dicho a amigos suyos que en una ocasión se vio obligada a hablarle fuerte a Johny Jaramillo porque pretendía obligarla a firmar “cosas raras”. Esas cosas raras no tenían que ver ni con espectros ni con fantasmas, sino que se trataba de doce contratos interadministrativos precisamente con Metroparques. Jaramillo le habría respondido que de allí tendrían que salir plata para nominadores y para dirigentes políticos aliados como Fredy Esteban Restrepo. Restrepo aspira a la gobernación de Antioquia por el movimiento Independientes, el mismo que llevó a Quintero a la Alcaldía, y recientemente una investigación del diario El Colombiana reveló su incremento patrimonial que ha crecido en el ejercicio de cargos públicos hasta ubicarlo en la categoría que el periódico llama “nuevo rico”.
Johnny Jaramillo niega a pie juntillas cualquier relación con el Instituto y solo admite que tenía “alguna cercanía” con el alcalde Daniel Quintero, ya que es viejo amigo de su hermano Miguel
Sin embargo, la Fiscalía decidió investigar de oficio una denuncia hecha por el medio virtual IFM Noticias que trazó una línea de tiempo que muestra, de manera documentada, que la empresa Golden Platino Colombia S.A.S. comenzó a dar réditos financieros a partir de los contratos concentrados entre el Instituto y Metroparques. Antes de eso Golden, en la que Jaramillo es socio con otro jugador profesional de baloncesto, Hemel Jimy Mosquera Capurr, estuvo de caer en causal de liquidación y su situación fue seguida de cerca por la Superintendencia de Sociedades. Sus socios insisten en que los recursos provienen exclusivamente de la comercialización internacional de oro.
El capítulo de cierre de la Investigación judicial está cerca, según lo Indican algunas decisiones ya tomadas por la Fiscalía. Una de ellas enviar copias de ciertas actuaciones a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado. Los altos tribunales evaluarán, según sus competencias, la posibilidad investigar al representante a la Cámara Juan Camilo Londoño por posible corrupción al sufragante y de estudiar su pérdida de investidura.
En junio del año pasado el periódico El Colombiano, el medio más crítico de la gestión de Quintero, sugirió la necesidad de investigar el mérito de versiones según las cuales los interesados en la “franquicia” para manejar la contratación de Afinia –operador sustituto del mercado de Electricaribe- habrían pagado por debajo de la mesa cinco millones de dólares en ganado representados en ganado, tierras y otros bienes.
Días atrás, como lo publicó en su momento Las2Orillas, el penalista Abelardo de La Espriella interpeló públicamente al alcalde para que aclarara la operación que estaba generando dudas gigantescas.
Tras Afinia estaría oculta la figura de Alfonso Hilsaca Eljaude, empresario cartagenero mejor conocido como ‘El Turco Hilsaca’. Otras fuentes mencionan también el nombre de un congresista que antes fue concejal de Bello, pero que hasta el momento no ha sido requerido al respecto.
La controversia se calentó mucho más después del retiro de Blanca Liliana Ruiz, una de las más destacadas profesionales de EPM, del cargo de gerente de la filial proveedora de energía en la costa. Álvaro Guillermo Rendón, entonces gerente de EPM, atribuyó la salida de la ejecutiva a presiones del alcalde, que al poco tiempo llevó como sucesor al excontralor y exconcejal Javier Lastra, inhabilitado para ejercer cargos públicos.
Hay un largo etcétera de denuncias contra el mandatario que comienzan por su aparente regusto por intervenir en política, pasan por la contratación en entidades cuyo rostro social parece desdibujado, como el Hospital General de Medellín, y terminan como sus manejos en EPM, empresa que llegó a ser la segunda más grande en términos de activos después de Ecopetrol.
Con el sol a la espalda, la recta final de su mandato luce como un empinado y duro trecho que tendrá que transitar, como los carros, con el cambio de mayor potencia: la primera.
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