Cómo no podía ser de otra manera, la renta ciudadana no se salvó de los ataques perversos y de la guerra sucia de la ultraderecha y los monopolios bancarios. Ha ocurrido con la reforma a la salud, a las pensiones, con la laboral, con la agraria, la tributaria y un largo etcétera.
Nada se salva de las propuestas e iniciativas del presidente Gustavo Petro; todo su gobierno es objeto de la arremetida permanente, mentirosa y perversa del bloque reaccionario de la ultraderecha del que hacen parte el uribismo, el conservatismo, el gavirismo, el santismo, los militares y la centroderecha fajardista.
El actual gobierno se convirtió en una pesadilla para los sectores privilegiados y el pánico entre estos va creciendo.
La Renta ciudadana es una política de la actual administración de izquierda que tiene como propósito atacar la pobreza que golpea a millones de colombianos, especialmente a mujeres, niños y ancianos.
En el Plan de desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la vida” se determinó que se dará un periodo de tránsito, hasta el mes de diciembre del 2023, cuando se hará efectivo el artículo 66 de la Ley 2294 de mayo del año en curso que dispone lo siguiente:
“A partir de la entrada en vigencia de la presente ley. créese el programa de Renta ciudadana, el cual armonizará los programas de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas a cargo del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - DPS-.
“La renta ciudadana, hará parte del Sistema de Transferencias y consistirá en la entrega de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas de manera gradual y progresiva a los hogares en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad socioeconómica, priorizando a la población con discapacidad, con la finalidad de aportar a la superación de la pobreza y promover la movilidad social y fortalecer la economía popular y comunitaria. Para la obtención del beneficio de que trata este programa los beneficiarios podrán vincularse o estar vinculados a iniciativas de orden nacional o territorial de trabajo social y aporte a su comunidad. El monto de la transferencia dependerá de la conformación del hogar y la zona en la que habite y tendrá en cuenta el ciclo de vida. El componente condicionado estará asociado a dimensiones de salud, educación y corresponsabilidades en ocupación y empleo.
La focalización, montos, criterios de ingreso y permanencia serán puestos en consideración de la Mesa de Equidad o quien haga sus veces.
El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social-DPS- contará hasta el 31 de diciembre de 2023 para definir, reglamentar, e implementar la armonización de los programas de transferencias monetarias existentes.
Los beneficiarios de los programas actuales continuarán recibiendo los beneficios durante este proceso” ( https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=209510#:~:text=Derecho%20humano%20a%20la%20alimentaci%C3%B3n.&text=Bajo%20este%20contexto%2C%20se%20establecen,una%20vida%20activa%20y%20sana ).
Han transcurrido tres meses del tránsito a Renta ciudadana y en el primer mes todo se dio con normalidad y millones de familias recibieron correctamente estos dineros.
En vista del éxito de la primera entrega de estos recursos, la ultraderecha en llave con los grandes bancos y las redes financieras de la mafia (no olvidar que Súper Giros es propiedad de la Gata, la socia de Carlos Castaño), montaron una campaña para sabotear la segunda entrega de dichos dineros.
Montaron bodegas, robots e influenciadores, utilizando cuentas falsas (tweets, Facebook, Instagram, Napchap, tiktok) para generar información mentirosa sobre los verdaderos beneficiarios de este aporte estatal, provocando la presencia de miles de personas –muchas de ellas sin ser beneficiarias de la RC- en las sucursales del Banco Agrario lo que, obviamente, llevo a la congestión y largas colas que se reflejaron en la reacción airada de muchos ciudadanos que protestaron y se manifestaron contra el Departamento de la Prosperidad Social y el Banco.
Seguidamente, la red mediática hegemónica de la ultraderecha posicionó una matriz comunicacional para presentar un escenario de caos, anarquía y desastre, sugiriendo que ese era el modelo “socialista” –de colas interminables- que Gustavo Petro quiere implantar con sus funcionarios, entre estos Cielo Rusinque, la actual directora del DPS.
Desde luego que el truco del despliegue ha quedado a la vista. En Colombia hay “colas” para todo: para pedir una cita médica, para recibir medicamentos de las EPS, para que se hagan tratamientos médicos, para ser atendido en un banco, para pagar servicios públicos, para ingresar a las oficinas públicas, pero nada de eso es noticia en la gran prensa. Pero esas colas no producen titulares en Semana, El Tiempo y los otros grandes medios.
En este caso más bien lo que está ocurriendo es que en el traumatismo originado desde el 7 de julio con el pago de la Renta ciudadana por el Banco agrario, la manipulación señalada se está utilizando para desviar la atención de otros graves problemas que golpean a la ultraderecha como es la vinculación del exgeneral Zapateiro con el grupo paramilitar de los urabeños y el asesinato de Matamba, el caso de los sobornos de Odebrecht en la campaña presidencial uribista de Oscar Iván Zuluaga y la vinculación de Uribe Vélez y Juan Manuel Santos al proceso de los falsos positivos que investiga la JEP y en la que están comprometidos decenas de generales, coroneles y soldados profesionales.
Cielo Rusinque, la destacada e intachable directora del DPS, y su equipo asesor (Carlos Chinchilla y Javier Mora), ha sido sometida al matoneo mediático para afectar su gestión y reputación como gestores de la Renta ciudadana que es claramente un acierto de la política social del actual gobierno.
La Renta ciudadana es el eje central de la política social del programa del presidente Gustavo Petro que está en construcción y la misma implica organizar un sistema público de dispersión de los dineros -entre millones de hogares- mediante el dispositivo financiero representado por el Banco Agrario que la poderosa banca y red financiera privada en manos de Sarmiento Angulo –el principal oligarca de este país- quiere debilitar y destruir para acaparar todos negocios monetarios de Colombia.
Por supuesto, hay necesidad profundizar los procesos de organización y reparto de la RC y en ese sentido hemos sugerido ampliar los procesos de participación ciudadana en la gestión del DPS con la presencia activa de las Veedurías ciudadanas y auditorias sociales para que estos mecanismos de participación democrática contribuyan a depurar las bases de datos y a erradicar la corrupción que carcome al DPS en los otros programas (FEST e Iraca) que administra esta importante entidad del Estado.
Adicionalmente, es conveniente definir qué es lo condicionado y que lo no condicionado en la Renta ciudadana, tal como lo plantea el texto del Plan de desarrollo vigente.
En todos los aspectos y desarrollos reglamentarios de esta prestación social se debe fomentar la participación democrática de las comunidades para que tal enfoque permita la construcción de un “sujeto social y político” que se apropie de este derecho y garantice su permanencia con nuevos elementos que contribuyan a la dignificación y ciudadanización de sus beneficiarios.
Para terminar, digamos que la guerra sucia de la ultraderecha contra la Renta ciudadana, contra el DPS y contra Cielo Rusinque y su equipo, es el reflejo de un profundo odio social de las castas oligárquicas que desprecian al pueblo y los derechos conquistados en duras batallas que han implicado movilizaciones, choques sociales, represión violenta, asesinatos de líderes y masacres de gente humilde que se resiste a los atropellos.
La Renta ciudadana tiene un gran porvenir, pero se necesita de más apoyo de la dirección del DPS a los procesos de organización de las comunidades en asociaciones, veedurías ciudadanas y comités de control ciudadano; mi llamado es a que se proyecte una agenda de trabajo con Asambleas y Mesas de diálogo y acuerdos en cada uno de los departamentos del país en las que participen los hogares involucrados en la RC.
