El proyecto pasó su segundo debate en el Senado con una mayoría aplastante: el fracking será una actividad prohibida en Colombia. La ponencia de la senadora Esmeralda Hernández, una de las congresistas más cercanas al presidente Gustavo Petro, pasó su examen con holgura: 62 votos a favor.
Uno de los temas más interesantes del debate es que el ala de los llamados “conservacionistas” logró convencer a los senadores que la vieja discusión sobre el uso del fracking como alternativa ante las insuficientes reservas de hidrocarburos, no debía darse solo en términos de utilidad y rentabilidad de un negocio, sino que debe tener en cuenta la sostenibilidad ambiental.
En otras palabras, que el país no se podía quedar en el dilema de aumentar la producción de petróleos y sacrificar los recursos hídricos y medioambientales.
El sustento técnico del proyecto incluía un acopio de estudios especializados, entre ellos un estudio del Banco Mundial, según el cual Colombia ocupa el tercer lugar en volumen de agua en el planeta. Su rendimiento hídrico es de 56 litros por kilómetro cuadrado, mientras que el promedio latinoamericano es de 26 litros por kilómetro cuadrados y el del mundo de 10 litros por kilómetro cuadrado.
Uno de los principales problemas asociados al fracking sería que las cinco zonas hidrográficas no son homogéneas y los bloques que alcanzaron a ser aprobados provisionalmente en el pasado reciente coincidían con las áreas donde el recurso es más escaso o no está en capacidad de competir con otros usos sociales.
Uno de los argumentos de mayor peso entre los defensores del proyecto estuvo relacionados precisamente con los riesgos para el medioambiente, encabezados por la liberación de metales pesados e isótopos radiactivos, lo que representaría un peligro para la salud de las comunidades.
También fueron mencionados la sismicidad inducida y los problemas con el tratamiento, disposición y reinyección de fluidos de retorno y cuerpos de agua de producción. No fueron excluidos los efectos severos se la industria sobre acuíferos y cuerpos de agua superficial.
Según las mayorías, lo decidido hasta ahora está llamado a tener grandes impactos en materia de soberanía energética.
De lo que sí se habló poco fue de los impactos que la prohibición tendría en términos macroeconómicos, especialmente para las finanzas públicas y para las inversiones regionales.
Con todo, la ponente dijo que, aunque es cierto que el país obtiene importantes regalías del sector petrolero y minero energético, la decisión no tendría mayor impacto fiscal porque la explotación con fracking está incluida en el marco fiscal de corto y mediano plazo.
La decisión legislativa fue tomada antes de que se conocieran los resultados del primer proyecto piloto de explotación con la técnica del fracking, recomendada por el Consejo de Estado en una consulta sobre el tema.
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