Sabemos que los servicios educativos han tenido serias dificultades, pues se cambió de un momento a otro la acción educativa presencial y tradicional (basada en una interacción física en el aula) por una medida virtual, que si bien ejerce igualmente la presencialidad, especialmente en la educación superior (teniendo en cuenta horarios y tiempo de cátedra), existe sin duda la carencia de la relación humana entre maestro y estudiante, vínculo fundamental.
Lo anterior ha obligado a que los aprendices sean más autónomos, solitarios y responsables de su formación, algo así como un factor deshumanizante en la misma formación. Estrategia sin duda difícil, pues la educación virtual no es la misma para todos, especialmente para los estudiantes de los sectores más vulnerables, que obligatoriamente han tenido que conseguir hardware y conectividad, deteriorando aún más las condiciones económicas. Todo este esfuerzo para no quedar excluidos de este tipo de educación a través de las tecnologías de información y de la comunicación.
Esta situación debe generar una profunda reflexión, en el sentido de que debe existir una política educativa clara al respecto, ejemplarizada en formación docente, e inversión en conectividad, hardware y software, que de verdad conviertan esta nueva metodología en una verdadera posibilidad de formación. Sin embargo, sin recursos que garanticen una conectividad universal, este tipo de acciones serán una verdadera utopía en nuestro país.
Lo anterior hablando de educación superior, pero hablar de virtualidad en la educación básica y media es un verdadero cuento de ciencia ficción, pues para nadie es un secreto que las instituciones educativas urbanas carecen de equipos, conectividad eficiente, etcétera. En fin, miles de problemas que se multiplican por diez cuando hablamos de la educación rural.
La educación rural es la que más se ha perjudicado con esta pandemia, pues para la gran mayoría de instituciones educativas tener conectividad es un sueño inalcanzable. Muchas han logrado tener algún computador, pero paradójicamente no tienen servicio de energía eléctrica en su municipio, vereda o corregimiento; una realidad en las zonas rurales en pleno siglo XXI. Esta es una verdadera contradicción en la que está inmersa la falta de gestión de algunos rectores (especialmente en los sectores rurales) que esconden información y no trasladan las verdaderas necesidades a los entes territoriales; eso sí, no podemos dejar de lado, la falta de inversión y de voluntad política, una constante por parte de los gobiernos de turno.
Con todas esas dificultades ahora tocan campanas para una posible alternancia educativa, pero entonces la pregunta sería: ¿es válido invertir miles de millones de pesos en alcohol, agua, termómetros, tapabocas, entre otras acciones importantes de bioseguridad, teniendo déficit en infraestructura educativa, conectividad, entre otros? El hecho es que se nota un amplio afán de volver a la normalidad a las aulas, con medidas de bioseguridad. Seguramente, al principio las garantizará el gobierno, pero después, como muchas políticas educativas, terminarán asumiéndolas los padres de familia.
Ahora bien, las otras preguntas serían: ¿existen garantías que puedan proteger la vida y la salud de la comunidad educativa, tendiendo en cuenta que antes de la pandemia muchas I. E. (rurales y urbanas) operaban sin tener los conceptos higiénicos sanitarios?, ¿de quién es la responsabilidad penal, civil y administrativa de la posible muerte de docentes, estudiantes y familiares de los que conforman la comunidad educativa?, ¿quién pagará las indemnizaciones?, ¿el Estado podrá dar garantías a docentes y comunidades educativas cuando ni siquiera pudo asegurar la vida de uno de sus más destacados ministros?
No sé, pero tal como están las evidencias científicas, las tasas de mortalidad y contagio, la falta de UCI y sobre todo del talento humano en salud (intensivistas), en estos momentos es una insensatez hablar de alternancia y presencialidad, cuando no hay garantías, solo alcohol y tapabocas.
