En primer término, habría que considerar una especie de contexto general referencial, distinguiendo las llamadas mayorías silenciosas en una sociedad, de las montoneras de las que hablara en su época el presidente Alfonso López Michelsen. Un buen ejemplo de lo primero, la tuvimos el pasado 12 de diciembre en la ciclovía nocturna realizada en Bogotá, cuando, según cálculos y registros de prensa, salieron a recrearse tres millones de personas de las más variadas formas y condición social, sin que se reportara ningún incidente que lamentar. En cambio, en las llamadas marchas que se han autodenominado como la voz de la calle, ha predominado el criterio de montonera sin quien asuma operativamente la organización y responsabilidad de la mismas y, casi todas, las más numerosas sumadas las de todo el país no suman trescientos mil, han terminado en hechos vandálicos que, paradójicamente, se atribuyen a infiltrados que se sabe son estudiantes anarquistas, pero que la alusión de los organizadores, con la complicidad de un registro periodístico complaciente, termina volcándose hacia el ESMAD y sus supuestos abusos.
Ese diferente trato noticioso lo hemos observado en el caso del estudiante Dylan, a quien los videos muestran intentando recoger un artefacto explosivo para devolverlo probablemente en la dirección de su origen.
Hechas las anteriores consideraciones, es importante hacer algunas reflexiones sobre problemas acuciantes de la realidad nacional, atendiendo a la petición presidencial a que todos participemos en la Conversación Nacional.
Colombia es una democracia formal pero no es una sociedad democrática. Estamos gobernados, en la práctica, por lo que hace décadas se llamó en USA, los grupos de presión o factores reales de poder. Aquí se observa un contubernio entre los poderosos gremios económicos y una élite tecnocrática, con un visible intercambio de roles que se retroalimenta y refuerza mutuamente en sus intereses, según el gobierno de turno. Ello se advierte en las decisiones de política, en las que paulatinamente se ha instrumentado una normatividad que se sustenta en una legalidad que no siempre está en armonía con la legitimidad social.
De ello, cito algunos ejemplos:
El caso del sistema UPAC, en cuya primera etapa se generó la revolución y masificación del ahorro nacional y que funcionaba con base en el IPC del DANE, verdadera variable de mercado, el cual paulatinamente fue defenestrado hasta hacerlo depender de la variable DTF que es una variable dependiente de pequeños grupos en un mercado oligopólico. Es conocida la historia de tantos usuarios que se quebraron pues sus deudas iniciales crecieron exponencialmente.
El Icetex, creado bajo la administración Ospina Pérez, como organismo de fomento de la educación superior y facilitador de especializaciones en el exterior, con tasas de interés bajas con exigencias especiales, ha sido convertido en un organismo financiero sujeto a la misma normatividad del resto del sistema bancario, con condiciones restrictivas y exigencias de pago como las que tiene un cliente cualquiera con un banco. Contrasta esa situación con países con Estados Unidos y algunos de la Unión Europea en los que, para educación, se presta a 20 y 30 años de plazos y en algunos casos se condona la deuda. Esta situación es críticamente estratégica para el futuro del financiamiento democrático de la educación superior, de cuya adecuada atención depende evitar futuros y condenables actos terroristas y vandálicos, como el que sufrió tal entidad en el marco de una de las marchas habidas.
Otro tanto podría decirse de entidades como el Fondo Nacional de Ahorro y Colpensiones, sometidos a la camisa de fuerza de ser tratados como organismos financieros, con lo cual se ha estrangulado la misión de fomento con la cual fueron creados.
Las famosas comisiones de regulación de los servicios básicos, agua, luz, alcantarillado, telefonía, televisión ,etc., son otras de las formas mediante las cuales se expresa el poder tecnocrático en nuestro medio, con miembros elegidos por periodos fijos que manejan y administran las tarifas y conceden licencias con total autonomía, según su leal saber y entender, ante quienes, aun los propios ministros responsables de los sectores, deben hacer antesala para que se tengan en cuenta sus puntos de vista. Una de esas creaciones elefantiásicas fue la de Electricaribe, la que sin un estudio de factibilidad riguroso transformó una entidad que era una especie de asociación gremial, Electrocosta, entre distintas empresas que operaban en el Caribe colombiano, concebida más para facilitar la interconexión eléctrica en esas zonas, en una sola empresa como si fuera un solo mercado de características homogéneas, lo cual ha conducido a la situación caótica y de quiebra que se hoy se trata de conjugar con recursos de todos los colombianos.
Podría extenderme en otros temas, como el caso del holding financiero, que se ha creado con la aparente intención de competir con grupos similares privados, pero que en la práctica lo que hace es amarrar la iniciativa y acción del Estado a las reglas y normatividad prevista para los actores privados, acabando con la flexibilidad que ahora se tiene para que el Estado pueda arbitrar esos recursos, en lo que se considere social y eficazmente más eficiente. Estamos recorriendo el camino inverso al de Chile, en el que muchas decisiones de carácter administrativo se dejaron amarradas a una constitución de talante pinochetista que, con la crisis actual, ha estallado en pedazos.
