De acuerdo con los datos del Dane, si se toma el promedio móvil de doce meses, la tasa de desempleo lleva cuatro años consecutivos aumentando. Para el periodo enero a mayo de 2019, Colombia tenía 144.000 ocupados menos, 265.000 desocupados más y los sectores productivos, industria y agropecuario, destruyeron conjuntamente 317.000 empleos tan solo en mayo. No hay forma de que esta situación se detenga, pues ese es el plan de quienes manejan la economía. Porque si la idea fuera resolver los problemas económicos y sociales de la población en general, la política sería completamente diferente.
La historia es la herramienta más útil para saberlo, pues ningún país que haya avanzado en mejorar la calidad de vida de sus habitantes ha hecho lo que los políticos corruptos y los farsantes académicos de Colombia proponen. Por eso la comparación debe ser con los países ricos, no con los más pobres, como generalmente sugieren algunos para consolarse con el desastre que provocan aquí.
Primero, habría que frenar las importaciones de aquellos productos que compiten con la producción local y que provienen de países que subsidian y protegen a sus empresas, como las de etanol desde Estados Unidos, para dar solo un ejemplo.
Segundo, se deben establecer medidas de compras públicas nacionales. Es absurdo que el Estado, que es el agente de mercado más poderoso, actúe favoreciendo a productores y empleados extranjeros. ¿Alguien se imagina a la canciller Ángela Merkel transportándose en un Cadillac o a Trump en un BMW?
Tercero, el Estado debe incrementar su inversión en bienes y servicios públicos, que son la infraestructura y la logística que necesitan las empresas y sus trabajadores para ser más productivos. Los fletes, la energía, la innovación tecnológica, la capacitación laboral, el crédito financiero, entre otros, son costos de producción que en los principales socios comerciales de Colombia son más baratos, porque el Estado es -en verdad- socio de las empresas y los asume en una muy buena medida.
Cuarto, el Estado, debe obtener los recursos para hacer estas inversiones. Para ello debe evaluar y estudiar si los 230 privilegios tributarios que ha otorgado a sus socios empresariales, que se pagan con el esfuerzo que realizamos todos con los impuestos, están justificados. Si no lo están, debe eliminarse y esto permitiría recaudar $ 14 billones adicionales cada año, más $ 9,5 billones que tendremos que darles desde 2020, por cuenta de nuevos beneficios creados en la Ley de Financiamiento de 2018. Esos recursos deben servir para hacer inversiones productivas.
La anterior es la parte fácil. La difícil es ¿quién la ejecutará? Obviamente no serán los mismos que ya hicieron colapsar al país. Ellos, que les gusta tanto el comercio desleal, deberían exportarse a Alaska.
Adenda: La política de erradicación de coca debería estar liderada por los exministros de Agricultura. Ya fueron muy exitosos erradicando de la producción colombiana el algodón, el trigo, el arroz…
