A nadie le cabe en la cabeza que alguien que fue presidente de la República dos veces, y tres veces senador bajo el imperio de la Constitución de 1991, ignore lo que dispone el artículo 150 de ese Código Fundamental, en el numeral 10, respecto de las facultades extraordinarias de que se reviste al jefe del Estado para expedir decretos con fuerza de ley, hasta por seis meses, cuando las necesidades lo exijan y las conveniencias públicas lo aconsejen.
Pero la egolatría rezaga a la vanidad intelectual, sin duda. El señor Uribe Vélez prefiere quedar como ignorante con tal de que el país sepa que él no solo tiene presidente, sino fuerza y carácter suficientes para marcarle el paso al Congreso. Quienes asimilan en las aulas las enseñanzas de sus profesores de Derecho Constitucional saben que, al decir la Carta que tales “facultades deberán ser solicitadas expresamente por el Gobierno”, el mandato es imperativo y no hay brujo ni milagrero que le usurpe esa competencia al Ejecutivo.
Al calificar de “necesario” el discurso del bachiller Macías el 7 de agosto, Uribe no lo hizo por los epítetos lanzados contra Santos, sino por las zalamerías gastadas en tributo del Zeus del Centro Democrático. Su reacción a los elogios desmedidos fue un gesto de falsa modestia, echando las manos hacia abajo para que amainaran los vítores y los aplausos de los lacayos extasiados. Siempre que lo hace renueva el culto a su personalidad e inspira en su cauda más fe en un liderazgo que engaña con la prédica y convence con su talante militarista.
Los colombianos de buen olfato captaron la intención de su proyecto de facultades extraordinarias para subir el salario mínimo, independientemente de la equivocación en el trámite. El país tiene un dueño político y un dueño económico que, asociados en trinca, harían bellezas con leyes cortadas a sus respectivas medidas. “Los grandes negocios –decía Alzate Avendaño– no tienen partido y llaman patria al reducto de sus intereses”. Lo demás es teatro, y en eso es maestro el encargado de la acción política, que no deja de derrochar dramatismo siempre que las tablas sienten sus pisadas.
Decretar un aumento salarial que no vaya al bolsillo del destinatario, sino a un fondo especializado en manipulación de circulante ajeno, es un truco perfeccionado entre un político con sentido reverencial por dinero y un magnate multifacético (el encargado de la acción económica) al que le cabe la plutocracia nacional en la palma de la mano derecha. Al paso que cambian los tiempos crece el descaro de la codicia capitalista y hay un ministro de Hacienda, dedicado por ahora al tanteo en los foros gremiales, fletado para tatuar las mayúsculas de la DIAN en la piel de las muchedumbres.
Ahora entendemos por qué el impedimento moral
para permanecer en el Senado
desapareció de los escrúpulos del señor Uribe
Ahora entendemos por qué el impedimento moral para permanecer en el Senado desapareció de los escrúpulos del señor Uribe. Quiere ser, en efecto, el Licurgo de los próximos cuatro años, no a la manera del legislador espartano, sino con los gruñidos del ofiólatra (culebrero) que aprende a serpentear con sus “criaturas” y, como ellas, a mudar cada año de epidermis. Que se sepa sí, que se sepa que Duque es el presidente y Uribe es el jefe, y de él las iniciativas aunque atropelle las instituciones que jura respetar, pues el que manda, manda.
La señora ministra de Trabajo luce feliz, ya que la iniciativa del expresidente confirmó que Duque es el presidente pero Uribe es el jefe. Por eso, y no por dúctil y disciplinada, es por lo que ha hecho mutis por el foro. Tan perjudicial es que un ministro hable más de la cuenta como que calle para siempre ante los asuntos que le conciernen, y con mayor razón si la materia es clave como la suerte del salario mínimo y su impacto en la economía, a menos que la táctica sea la de bombardear a la conciencia pública con globos de ensayo a ver qué resulta.
Cuando se intenta legislar de manera apresurada, olvidando que la ley enfrenta controles posteriores a su aprobación, aparecen las frustraciones. El poder tiene límites en los contrapesos jurisdiccionales. Para eso son los altos tribunales que revisan leyes y decretos y demás actos administrativos en general, porque el poder, abusado o mal ejercido, estropea las instituciones y las priva de legitimidad. El respeto a la Constitución no exime ni al presidente ni al jefe.
