La promulgación de la actual Constitución Política de Colombia estuvo precedida por hechos que incidieron en su contenido y en el orden social, político y económico del país. Entre estos se destacan, la firma del acuerdo de paz con el grupo insurgente M-19 y otros; la elección presidencial de Cesar Gaviria posterior al vil asesinato de tres candidatos presidenciales: Luis Carlos Galán del Nuevo Liberalismo; Bernardo Jaramillo Ossa de la Unión Patriótica y Carlos Pizarro de la naciente Alianza Democrática M-19. Además, en el orden económico se consolidaba en América Latina la doctrina Norteamérica conocida con el eufemismo del consenso de Washington.
En estas condiciones la promulgada Constitución Política de Colombia adquirió un carácter bifronte. Una cara esperanzadora que redimía la finalidad social del Estado y la otra, cuyo anhelo estaba centrado en las bondades de la economía de mercado. En este orden constitucional se reconocieron como derechos fundamentales la seguridad social, el trabajo, la huelga, la negociación colectiva, la educación entre otros. En relación con los servicios públicos, fueron considerados como una actividad económica regulada e inherente a la finalidad social del Estado. Por un lado, reconocimiento de derechos y por el otro, el mercado en la asignación de bienes y servicios esenciales para el bienestar de la población.
En la reglamentación de lo dispuesto constitucionalmente es importante destacar la predominancia del partido Liberal en el Congreso de la República. En 1991, tenían 58 curules en el Senado de 102 y, en la Cámara de Representantes tenían 87 de 161, en ambos casos por sí solo contaba con mayoría absoluta, además contaban con el apoyo del partido Conservador y sus escindidos. Esta circunstancia fue determinante para poder materializar normativamente lo dispuesto por el presidente Cesar Gaviria en su denominado Plan Nacional de Desarrollo denominando eufemísticamente “revolución pacífica”, en el cual se aludía a reformas estructurales ceñidas al recetario de las políticas neoliberales.
Las leyes que hoy se pretenden reformar: Ley100 de salud y pensiones; Ley 50 en materia laboral; Ley 142 de servicios públicos domiciliarios y Ley 30 de educación superior, hacen parte del paquetazo neoliberal aprobado hace más de tres décadas casi sin oposición en el congreso. Ha sido un modelo que se sustentó en la mercantilización de los derechos y la vida, la privatización de las entidades públicas y la liberalización de la economía. Sin lograr garantizar la universalidad en el acceso en condiciones de calidad y justicia al trabajo, la pensión, la salud, el agua, la electricidad y la educación.
Precisamente el gobierno de Gustavo Petro se hizo elegir prometiendo en su programa de gobierno profundizar en los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de Colombia. Para lograrlo, se comprometió a reformar las leyes que han dado predominancia a las relaciones de mercado en el sistema de protección social, generando restricciones económicas para que una parte de la población pueda tener condiciones de bienestar y vida digna. En un sistema democrático esta es la vía: ganar las elecciones para reformar, pero una parte del establecimiento se niega a perder sus privilegios y se han dado a la tarea de impedir el avance de las reformas del CAMBIO.
