Como era lo previsto, en Colombia se pasó a una nueva fase de encuentro entre el gobierno progresista y las luchas democráticas y populares que vienen de tiempo atrás. Así lo comprueba el discurso de Petro expresado el pasado 14 de febrero desde el balcón presidencial de la casa de Nariño. “El cambio no será retórico”, afirmó el primer mandatario.
Días antes se presentó el proyecto de reforma del sector salud elaborado bajo la dirección de la ministra Carolina Corcho. Además, Petro anunció la presentación ante el Congreso Nacional de las reformas pensional y laboral. “Las mayorías votaron por esas reformas y vamos a cumplir” dijo con vehemencia y remató con “iremos hasta donde el pueblo quiera”.
Así, se inició la confrontación abierta con los sectores más parasitarios de la oligarquía financiera. Esa elite bancaria se apoderó desde 1993 de los recursos de la salud, de los fondos de pensiones y de los servicios públicos (energía, agua, aseo y comunicaciones), y sobre esa base, se apropió del grueso de la “riqueza nacional” que en ese momento estaba en manos de empresas del Estado y del gremio caficultor (empresa aérea, naviera, bancos, etc.).
Lo más importante de todo es que Petro sabe que “la pelea es peleando”. Es consciente que esa oligarquía parasitaria va a defender esos “fondos financieros” con dientes y uñas, y que usarán los medios de comunicación para asustar, engañar y embaucar a la gente. Y por ello, no solo busca en forma directa el apoyo popular, sino que le envía un mensaje directo a los partidos políticos que hacen parte de la coalición de gobierno.
Sin embargo, para poder aprobar esas reformas sociales y, a la vez, ganar el mayor número de alcaldías y gobernaciones en las elecciones locales y regionales en octubre próximo, se requiere entender la estrategia que está en marcha. Hace parte de lo que se ha denominado “transición progresista” como parte de un proceso de cambio más profundo. Solo si se comprende en qué consiste esa estrategia se podrá actuar con coherencia y eficacia.
La “transición progresista”
En realidad, esa transición se inició al final de los gobiernos de Uribe (2002-2010). En ese momento importantes sectores de la oligarquía eran conscientes que había que buscar la “paz” y ofrecerle a Uribe una “salida decente y honorable”. Dicho proceso fue diseñado para desmovilizar a las debilitadas Farc sin hacer cambios en la estructura política y económica y sin juzgar a fondo los crímenes cometidos por políticos, terratenientes, y empresarios nacionales y estadounidenses.
“Pasar la página” para crear condiciones óptimas para la inversión extranjera sin tocar para nada el sistema político y económico, era el ideal de dicha estrategia.
Sin embargo, no contaban con que al calor de la “lucha por la paz” se iba a construir un proceso de cambio que iba a darle continuidad a los cambios democráticos. En ese transcurso de tiempo, en medio de múltiples luchas populares, se fue consolidando lo que llamo “alianza interclasista”, en donde se juntaron fracciones de la oligarquía (Santos), burguesías emergentes y sectores populares del campo y de la ciudad.
Y a pesar de los errores cometidos por Santos y las Farc en 2016, que hicieron posible la derrota del referendo de la paz y el “interregno de Duque”, las fuerzas democráticas lideradas por Gustavo Petro construyeron —incentivados por el “estallido social”— el Pacto Histórico y, en 2022, lograron acceder al gobierno por medio de una amplia coalición democrática. Es decir, el gobierno de Petro es fruto tanto de esa “transición progresista” como de la “alianza interclasista”.
Se podría decir que la primera meta de esta fase está bastante lograda. No era otra que derrotar políticamente a los terratenientes despojadores de tierra (nuevos y viejos) y separarlos de las mafias de narcotraficantes, para lo cual la “paz total” es el instrumento que se ha diseñado y está en ejecución. Y ahora, entramos en la fase de enfrentar a la oligarquía financiera más parasitaria.
La segunda fase de la “transición progresista”
Una vez lograda la primera meta, que está en proceso de consolidación con la “reforma agraria democrática y consensuada” que está en marcha y los avances de la “paz total”, hemos entrado en una segunda fase que consiste en recuperar para el Estado los importantes “fondos financieros” que fueron expropiados en los años 90s del siglo XX por la oligarquía financiera.
Esos “fondos” corresponden a la financiación de la Salud, Pensiones y Empresas de Servicios Públicos (energía eléctrica, agua potable, aseo, comunicaciones, transporte y otras infraestructuras), que les sirvieron a los dueños de los grandes bancos para “apalancar” sus negocios e inversiones nacionales e internacionales y convertirse en grandes emporios corporativos transnacionales (Grupo Aval, Sura-GEA, Gilinski, Ardila Lulle, Santodomingo y otros).
Hoy se requiere que el conjunto del pueblo colombiano liderado por el Pacto Histórico y el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, recuperen dichos capitales para que sea el Estado el que “apalanque” el proceso de industrialización del país y de transición energética hacia fuentes limpias y renovables, en donde tanto el sector privado como las empresas comunitarias y asociativas contribuyan para que esa meta sea una realidad.
En ese sentido, es inevitable que la alianza interclasista sea sacudida y se vaya ajustando. Algunos sectores de la oligarquía no parasitaria, o sea, comprometida con proyectos de creación de riqueza superando su visión rentística de la tierra y sus prácticas monopólicas y especulativas del capital, pueden sumarse con tranquilidad a dicha dinámica. Igualmente, los sectores productivos de las burguesías emergentes pueden colaborar y obtener beneficios, siempre y cuando superen sus prácticas estrechas y burocráticas, o sus tendencias parasitarias.
Y el grueso de nuestro pueblo debe comprender la esencia de esa estrategia, organizarse amplia y conscientemente para contribuir con dichos procesos de cambio, superando las dinámicas sectoriales que, como vemos en la actualidad, con la avalancha de movilizaciones y protestas inmediatistas y de corto plazo, no solo obstaculizan los esfuerzos que se hacen desde el gobierno, sino que contribuyen con los esfuerzos oligárquicos por desgastar al gobierno.
El gobierno también debe mejorar su desempeño. Hay que actuar de inmediato frente al problema de la inflación y del hambre, y mostrar resultados concretos. Hay que ganar a los cientos de miles de pequeños y medianos productores que hoy pagan altos intereses a los bancos para acceder a un crédito. Hay que ganar a los millones de personas explotadas por las empresas de servicios públicos que están en manos de los grandes grupos económicos y de transnacionales extranjeras.
Hay que organizar una ofensiva mediática y propagandística para contrarrestar la acción desestabilizadora de los medios de comunicación pagados por el gran capital. Debemos “fundir”, ligar, relacionar y complementar la lucha por aprobar las “reformas sociales” y, en general, por lograr los cambios planteados en esta segunda fase de la “transición progresista”, con los procesos de organización territorial y las campañas electorales en municipios y departamentos.
Si a nivel nacional el Pacto Histórico y el gobierno de Petro no logra concretar las metas propuestas en el primer semestre de 2023, seguramente ese hecho se verá reflejado en las elecciones locales y regionales. Si no logramos entender algo tan elemental, seguramente el proceso de cambio obtendrá su primera derrota, y empezaremos a caminar “cuesta arriba”. ¡Que no pase!
