Los casos se reproducen por todo el país y a todas las escalas, como en el reino de la impunidad: tiendas de barrio, panaderías, pastelerías, droguerías, restaurantes, cafeterías, papelerías, ferreterías, lavanderías, empresas de mensajería y tiendas en general, entre muchos otros giros, pertenecientes al régimen común.
Comercios y establecimientos grandes, medianos y pequeños que deberían cobrar el impuesto a las bolsas plásticas como una forma de desincentivar su uso no lo están haciendo, es decir, están evadiendo impuestos, ante la negligencia (como es habitual) de las autoridades.
La Ley 1819 de 2016 y el reglamentario Decreto 2198 de 2017 dejan muy claro que debe cobrarse el impuesto a toda bolsa plástica cuya finalidad sea cargar o llevar productos vendidos por los establecimientos.
Y solo las bolsas biodegradables, reutilizables o las de productos pre-empacados están exentas, mientras que las bolsas plásticas que ofrezcan “soluciones ambientales” tendrán un impuesto de entre 0 y 75% del valor pleno de la tarifa, según el nivel de impacto al medio ambiente y la salud pública.
Sobra decir que todas las bolsas plásticas, incluidas las oxodegradables (a las que se les añaden químicos que aceleran su fragmentación), tienen un impacto ambiental, por lo que la exención diferencial es una quimera. Mucho hemos oído hablar ya de cómo los plásticos al degradarse se convierten en microplásticos.
Además, para acceder a las tarifas diferenciales (entre 0 y 75%), las bolsas plásticas deben incorporar como información al menos el nombre del fabricante o importador, país de origen, norma(s) técnica(s) que cumplen en su elaboración y la leyenda: "La entrega de esta bolsa plástica cuenta con una tarifa diferencial al impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas", cosa que tampoco ocurre.
Y es tanto el descaro con que se violan estas disposiciones, que cada establecimiento se inventa sus propios pretextos para no cobrar el impuesto a las bolsas plásticas, aunque casi todos coinciden en que no lo hacen porque algunos clientes se ponen bravos.
En el caso de los supermercados de cadena, como los de Grupo Éxito, Cencosud, Olímpica o Ara, entre muchos otros, solo se cobra el impuesto de las bolsas entregadas en caja, pero no el de las bolsas transparentes de las secciones de frutas, verduras o cárnicos, o el de las bolsas en que se empacan almuerzos para llevar, como en el caso de Olímpica.
Y en ningún lado la ley exime, por ejemplo, a los restaurantes (la mayoría pertenece al régimen común) que empaquetan almuerzos para llevar o a domicilio en bolsa plástica y tampoco la están cobrando.
También debe decirse que el monto del impuesto, de ridículos 40 pesos en 2019 (que debería aumentarse a mínimo 500 o 1.000 pesos), ni siquiera alcanza a desestimular su uso.
Esto ha provocado que empresas domiciliarias como Rappi, Uber Eats, Merqueo o Domicilios.com también contribuyan al despilfarro de bolsas plásticas en las secciones de frutas y verduras.
Con contadas excepciones, en general ha faltado visión y compromiso a las autoridades de todos los niveles (nacional, departamental y municipal) para implementar campañas masivas de sensibilización, incluidas alianzas público-privadas, que expliquen a la ciudadanía que el fin último no es cobrarles un impuesto por las bolsas que usen, sino evitar que las consuman por el bien del planeta.
Cuidar el medio ambiente también es rentable. Ahora que el gobierno nacional está tan escaso de recursos, ahí está perdiendo una buena fuente de ingreso: simplemente velar por que la ley se cumpla y que todo establecimiento en efecto cobre el impuesto a las bolsas plásticas como una forma de desestimular su consumo.
Y las empresas y comercios que no lo hagan, deben recibir como sanción su buena multa por evasión de impuestos (ahí el Gobierno tendría otra fuente de ingreso adicional: las multas). A todo aquel que quiera seguir contaminando descaradamente, que pague con su bolsillo por ello.
