En un publirreportaje, confusamente denominado “contenido en colaboración” y titulado Policía Nacional De Colombia: 126 Años De Historia (11 de agosto de 2017), el general Jorge Hernando Nieto, director general de la Policía Nacional de ese entonces, lanzó una frase que resulta altamente cuestionable hoy en día: "La confianza es la base fundamental para construir una relación armoniosa entre comunidad y Policía, la receta perfecta para generar convivencia”. Ahora bien, estas palabras resultan dudosas, especialmente bajo la consideración de que los índices de confianza en la institución policial hacia tal fecha no honraban la ambiciosa afirmación del alto oficial.
La Policía Nacional, que por su naturaleza y dada la misión que encarna debería ser por esencia una entidad de confianza para la ciudadanía, mostraba una imagen favorable apenas superior a la media con un 53% de los encuestados, frente a una imagen desfavorable de 42%, tal como en su momento lo reflejó la Gran Encuesta realizada por RCN hacia finales de 2017; al tiempo que un estudio denominado Índice de Medición de Reconciliación, realizado en octubre de 2017 por una alianza entre la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) y la empresa privada de nuestro país, reflejaba que solo el 15% de los colombianos confiaban en la Policía. Hay que resaltar que el hecho más grave que se registraba hacia la fecha era la curiosa prohibición de venta de empanadas callejeras y las multas impuestas por tal hecho.
De esa época ya lejana a esta fecha ha corrido mucha agua bajo el puente, y considerando que el fin del conflicto derivado del acuerdo de paz celebrado entre el gobierno colombiano y las desmovilizadas Farc permitía un clima de mayor tranquilidad, el índice de confianza pudo haber superado los índices anteriormente comentados; no obstante, ello no solo no sucedió de tal manera sino que los últimos hechos han mostrado un creciente descontento popular hacia la entidad policial, al punto que actualmente Colombia ocupa el poco honroso puesto 107 entre los países con mayor confianza en sus fuerzas de policía.
El asesinato de Javier Ordóñez ocurrido en Bogotá la noche del nueve de septiembre último, en confusos hechos protagonizados por agentes del orden al interior de un CAI, ha destapado y puesto al descubierto el enorme rechazo que generan los abusos en el ejercicio de la fuerza cometidos por los uniformados y ha desatado una cadena de protestas que han puesto de presente el descontento popular frente a las actuaciones de la Policía Nacional, alejándola del ideal de ser una institución cercana y querida por la población. Valga decir, que la muerte de Ordóñez no ha sido ni el primer hecho cuestionable, ni el último, ni el más grave, simplemente ha sido la gota que rebosó la copa en la larga lista de hechos trágicos atribuidos a la institución.
Entre los escándalos protagonizados por los policiales y ocurridos al interior del cuerpo armado cuya función es proteger a la ciudadanía se destacan entre muchos otros: aberrantes casos de abusos a mujeres, tales como la violación sucedida al interior de un Centro de Atención Inmediata (CAI) en el mes de julio de 2017 con una mujer detenida bajo sospecha de conducir en estado de embriaguez, lo cual condujo a la destitución y posterior prisión para el uniformado que habría cometido el acto; en el mismo mes, en la ciudad de Cali, se registró el caso de una mujer obligada a despojarse de su ropa para ser filmada por los uniformados, quienes luego se escudarían en la excusa de que lo sucedido fue un acto voluntario de la víctima quien se encontraba en estado de embriaguez; a inicios de este año, se registró otro caso de violación cometido por un agente dentro de un bus de la policía que violó a una mujer acusada de haberse colado en un bus de TransMilenio. Y es que de los casos de agresión sexual hacía las mujeres al interior de la institución no se escapan ni siquiera las mismas compañeras de los uniformados, tal como podrá recordarse con un caso sucedido en agosto de 2019 cuando una mujer policía denunció a sus compañeros por violencia sexual.
Aparte de los ya comentados, también se han visto múltiples casos de policiales involucrados en delitos tales como fleteo (CAI Bachue, Bogotá, julio de 2018), hurto (el cual ha involucrado casos de organizaciones delincuenciales conformadas por agentes de la institución, tales como la Banda de los Boyacos, descubierta y judicializada en marzo de 2019, o la Banda de los centenarios, la cual fue descubierta en el mes de noviembre de 2019), secuestro (recientemente fue encontrada la temible banda de policías secuestradores denominada Los Minions, que para sus fechorías empleaba vehículos de la institución asignados a las localidades de Antonio Nariño y La Candelaria en Bogotá, y que venía operando desde 2017 y que fue judicializada a finales del mes de julio último... a sus integrantes los premiaron con detención domiciliaria), entre otros.
Aparte de los ya relatados, y en materia de abuso de la fuerza o abuso de autoridad realizados por los uniformados, son muchos los casos que han resultado verdaderamente aberrantes y han despertado de a pocos la indignación popular. Entre estos se podrá recordar cómo agentes que prestaban sus servicios en la ciudad de Medellín provocaron la muerte a un expendedor de droga al obligarle a comer treinta papeletas de base de coca (bazuco) encontradas en su poder, el arrollamiento colectivo desarrollado por agentes de la institución durante la celebración del día mundial del skate en Bogotá en el mes de julio de 2019, la muerte del joven Dilan Cruz provocada por el disparo en la cabeza del mismo de un proyectil tipo bean bag, y finalmente el conmovedor acto en el que uniformados atacaron de manera abiertamente abusiva y desproporcionada a un anciano de 80 años, vendedor ambulante, bajo el pretexto de estar violando el aislamiento preventivo obligatorio en el marco de la pandemia por coronavirus.
Todos las situaciones comentadas, que no son sino una muestra aleatoria de los muchos casos de abusos cometidos por los agentes del orden (en Bogotá, según la alcaldesa, en el último año se registran más de ciento ochenta denuncias por este tipo de hechos), muestran que lo ocurrido frente a la muerte de Ordóñez y a las más de diez registradas durante las protestas generadas por tal hecho, y las violaciones ocurridas a tres mujeres al interior del CAI de la Candelaria, no son casos aislados, ni generados por “manzanas podridas” que afectan la imagen de la institución, sino que se trata de hechos recurrentes.
Lo reflejado en realidad es una problemática de fondo que afecta la estructura misma de la institución y que ponen en entredicho procesos tales como el reclutamiento o admisión de quienes pretenden llevar el uniforme, la cadena mando, el respeto por la autoridad encarnada en los mandatarios locales que han sido ignorados en el presente contexto, tal como ha ocurrido con la alcaldesa de Bogotá, que a pesar de haber ordenado a la policía no disparar, estos hicieron caso omiso de la orden y actuaron en contra de la misma (la alcaldesa refiere haber recibido más de 119 denuncias de abuso policial, referentes a casos ocurridos en las últimas horas en el marco de las protestas por la muerte de Ordónez).
Con razón se empiezan a escuchar voces que claman por una reforma profunda a la institución policial y sus doctrinas, a la vez que se reclaman procesos de formación académica severa y estricta de los miembros de la misma (desde la base hasta la cúpula) en temas asociados al respeto y defensa de los derechos humanos y a la promoción de los mismos.
El poeta mexicano Amado Nervo decía con razón: “La fortuna es como la policía: siempre llega tarde”. Parafraseando lo anterior, sería deseable que la reforma y corrección de sus procedimientos no llegue tarde y le permita ser esa institución confiable y cercana para la población a la que se refería el general Jorge Hernando Nieto.
