EPM ha sido un orgullo de los paisas y de todos los colombianos por su gran gestión empresarial, con trascendencia internacional y continuidad como empresa pública a pesar de los embates del modelo privatizador de las últimas décadas y la voracidad de la clase política. No en vano es considerada por todos los sectores de la sociedad antioqueña como parte de su patrimonio.
Ha tenido un manejo gerencial ejemplar, que no ha reñido, al contrario, ha coexistido pacífica y constructivamente con su sindicato. Adicionalmente, tiene una gran labor de responsabilidad social y medioambiental reconocida por la ciudadanía y sus usuarios.
Desde su nacimiento ha estado acompañada de claros valores cívicos y de ética pública con amplia participación ciudadana, representada no solo en la clase política sino en los distintos gremios económicos y comunitarios.
Además, con el avanzar de su desarrollo y crecimiento ha generado inversiones empresariales que han dado lugar a discusiones financieras en torno a Hidroituango y otras, pero, al margen de estas, EPM ha sido una suma mancomunada de esfuerzos colectivos de la sociedad antioqueña, con unos claros principios de gerencia y de rentabilidad sustentable, que deben ser al largo plazo.
La satisfacción de sus clientes, la creación de valor agregado para la empresa que debe dirigirse a la comunidad, y la separación de los intereses de los políticos de los intereses de la empresa, y una cultura cívica de veeduría y control de la empresa por parte de la sociedad antioqueña son parte de ellos.
Lamentablemente, para EPM este esquema histórico de gerencia de la empresa y compromiso ciudadano está en riesgo por la polarización política que vive el país. La polarización política del país ha trasladado el ring de estas disputas a la más importante empresa de servicios públicos del país con propósitos de fondo claramente clientelistas y politiqueros.
De otra parte, es importante considerar como un hito significativo desde el punto de vista laboral del Estado en armonía con la constitución y teniendo en cuenta el tamaño de EPM, que es casi de una multinacional, que genera miles de empleos de distinta clase y de todos los perfiles, que la vinculación de su personal no ha estado sujeta a manejos clientelistas, característica de todas las empresas de servicios públicos del país, que las convierten en botín de cada alcalde elegido y la clase política que lo acompaña. Eso garantiza la inmunidad de la empresa de ese cáncer de la administración pública en todas las ramas del poder público y en todos sus niveles y órdenes.
La meritocracia ha sido característica de EPM para la vinculación de sus trabajadores y directivos. Para dar cumplimiento a esas políticas tiene diseñado un marco normativo en armonía con los preceptos constitucionales del mérito y la igualdad de oportunidades que reglamenta la forma de vinculación y ascenso de sus trabajadores que tienen la categoría de trabajadores oficiales. Sin duda que se constituye en un ejemplo de manejo democrático, progresista y respetuoso de la constitución para las demás empresas y entidades públicas que tienen trabajadores oficiales.
Bogotá, en cambio, ha estado influenciada por esa ola privatizadora de décadas anteriores, y sus empresas públicas han sido vendidas a capital privado, con el manido argumento neoliberal de que la empresa privada es más eficiente y de que las públicas son corruptas e ineficientes.
De esta manera, políticos proclives a vender el capital público y sus fichas en la administración pública o gerentes buscan todos los argumentos habidos y por haber para feriarlas al capital privado. Así ocurrió con la antigua Edis (recolección de barrido y recolección de basuras), que ha sido privatizada dos veces, y energía, que fue semiprivatizada. Teléfonos, acueducto y alcantarillado han resistido con sus sindicatos las intenciones privatizadoras de alcaldes.
Así pues, las ganancias de estas empresas privatizadas no solo quedan en manos privadas, sino que las formas de vinculación laboral dejan de ser públicas y transparentes, y facilitan igualmente un manejo clientelar en el que nadie tiene forma de controlar, ni el concejo, ni los órganos de control, ni menos la ciudadanía (aún siendo servicios públicos).
Si algo ha dejado claro EPM es que el argumento de que las empresas públicas no son eficientes ni eficaces, que son un nicho de corrupción y manejo politiquero, no es cierto y su historia lo testimonia. De igual forma, se desvirtúa ese otro mito de que los sindicatos acaban las empresas.
Esta ha convivido exitosamente con su sindicato y ha crecido a niveles internacionales. Igualmente, sus trabajadores y directivos son vinculados mediante mecanismos meritocráticos, son bien tratados y no explotados, bien remunerados, gozan de estabilidad y hay una importante simbiosis con sus usurarios y habitantes.
Por todo lo anterior, no deja de ser lamentable y preocupante la situación que está viviendo EPM en estos momentos, y que pone en riesgo la estabilidad de la empresa, sus éxitos alcanzados, su fama bien ganada, su transparencia y su democracia. Todo por intereses no muy claros de su nuevo alcalde y los sectores políticos que lo apoyan, y una contraparte que no es necesariamente la voz de la mayoría, con claros tintes politiqueros y electoreros, como se mencionó anteriormente.
Como bogotano, me siento orgulloso de EPM, que es un ejemplo de empresa a replicar como modelo gerencial en todas las grandes empresas públicas del país y como patrimonio de la sociedad, y no de capitalistas avariciosos, con sistemas meritocráticos de vinculación laboral, y con un compromiso claro con sus habitantes de calidad de servicio, rendición de cuentas y rentabilidad financiera.
