Bogotá, 3 mayo de 2020
Iván Duque Márquez
Presidencia de la República
Ciudad
Señor Presidente,
El 3 de mayo de 1493, Alejandro VI, obispo de Roma, representante de una organización que se autoproclamó propietaria de la Tierra, otorgó a Fernando II de Aragón y a Isabel I de Castilla el dominio sobre las tierras descubiertas por Colón así como el monopolio del comercio a estas tierras, a cambio de enviar misioneros para convertir a las poblaciones descubiertas a la doctrina católica. Reafirmaba la postura de Bonifacio VIII, Nicolás V, Calixto III, entre otros.
Con fundamento en esta milenaria pretensión, el obispo de Roma otorgó potestad a las coronas europeas --de hecho y en derecho sus capataces-- para manejar territorios en Europa, colonizaciones en África, en nuestro continente y Asia. Avalando sus conquistas militares.
Pero es a través del Banco de Pagos Internacionales (BPI) que los socios del Estado Vaticano gestionan hoy la vida política y económica de los pueblos en su afán de consolidar un estado mundial. El BPI lleva no sólo la secretaría del G 7 y del G 20. Define también la política de emisión de dinero por los establecimientos bancarios y la de banca central.
En el ámbito político colombiano la dependencia del orden angloveneciano además de estructural es altamente significativa. Tenga presente, Señor Presidente, que desde que nos independizamos de España en 1819, con el beneplácito de Roma y el patrocinio de los Ingleses, quince (15) nietas de don Juán de Toro han sido las esposas de quince (15) presidentes de esta colonia, dos (2) de ellas las respectivas madres de Alfonso López y de Andrés Pastrana, y otra más, la tía abuela de Juán Manuel Santos: nuestro estado profundo.
Recordemos que en 1990, César Gaviria, miembro, junto con Ana Milena Muñoz, del clan de Juán de Toro, institucionalizó las competencias del sistema financiero colombiano. Con la venia del Congreso, otorgó a los establecimientos bancarios facultad para emitir los medios de pago, y a endeudarse para cubrir el pasivo creado. En contrapartida, el gobierno nacional se obligó a socializar sus pérdidas: el cuatro-por-mil es botón de muestra.
Y si bien el Banco de la República tiene el monopolio de contratar la impresión de billetes y la fabricación de monedas, estos sólo llegan al mercado a través de usuarios del crédito bancario.
Así se consagró a los establecimientos bancarios como nuestra verdadera autoridad monetaria y crediticia. Así se sometió a su dominio la orientación y el desarrollo de la economía, la vida y destino de los colombianos.
Señor Presidente, desde el 3 de octubre pasado, radica en el despacho de Hernando Sánchez, Consejero de Estado, una Acción Popular por medio de la cual le solicité al tribunal administrativo que proteja nuestros intereses comunitarios como usuarios de medios de pago.
Sostengo que en el manejo del crédito de la Nación lo que está en juego es el goce de un atributo que pertenece, por derecho propio, a creadores-proveedores de bienes y servicios: el crédito que estos estarían dispuestos a conceder a sus consumidores.
Es moneda corriente que, Roma, a través de los banqueros, se apropió del crédito de las comunidades, a escala global, “monetizando deudas”, a cambio de pagarés, hipotecas y de intereses (señoreaje) por su arriendo. Una práctica que constituye por doquier la fuente crónica de la inestabilidad económica, y un cuello de botella ficticio para el desarrollo.
Señor Presidente, consagrar, por Contrato Social, la moneda como verdadero servidor público, -concentrando la emisión de medios de pago en legítimas manos soberanas para que todo ciudadano tenga la oportunidad real de producir un bien o prestar un servicio- de manera responsable, libre y solidaria, sería nuestra mejor estrategia de salida de la crisis financiera actual, y quinientos veintisiete años después, de nuestro sometimiento a Roma.
Como la moneda no tiene valor, poner su fuerza de intercambio al servicio de la comunidad es el mecanismo más eficaz para auspiciar la creación de riqueza, y el instrumento más efectivo para propiciar el desarrollo de las potencialidades de todos y cada uno de nuestros conciudadanos, al interior de un orden fiscal, por definición, exento de deudas. Sin lugar a dudas, el perfecto blindaje contra la depresión económica.
Señor Presidente, ante el tribunal de la Nación y de la historia pongo mi Acción Popular.
Quedo a Usted agradeciendo su atención.
Hernando Martínez Arias
Cc Álvaro Namén Vargas, Presidente, Consejo de Estado Fernando Carrillo Florez, Procurador General
