La división e independencia de los poderes del Estado tienen como finalidad, tal como lo concibieron sus creadores, garantizar que el legislativo expida las leyes que regulan la conducta de las personas, tanto naturales como jurídicas; que el ejecutivo aplique las leyes y conciba e implemente las políticas orientadas a satisfacer las necesidades de la sociedad y, que el poder judicial vigile el cumplimiento de las leyes y de la constitución, aplicando las sanciones pertinentes a quienes las infrinjan.
El funcionamiento e independencia de los poderes, para que sea equilibrado y eficaz en el cumplimiento de los fines que persigue el Estado, debe darse bajo una relación de autoridad y de mutuo respeto, para que no haya cabida a ambiciones y abusos de poder que debiliten y afecten las bases de nuestra democracia.
Ahora bien, la estructura de los partidos políticos colombianos que detentan el poder no se fundamenta en objetivos o plataformas programáticas que orienten el accionar de los gobiernos hacia metas de bienestar colectivo, sino en proyectos con visiones cortoplacistas, que satisfacen los intereses personales de los miembros de las coaliciones entre gobierno y congreso. El punto de unión de esta relación bien lo ha sabido definir el Centro Democrático como “mermelada”, pues endulza el apetito de quien gobierna y sus aliados; elemento que con acierto ha distribuido el presidente Duque para domeñar al Congreso y lograr que sus “enmermelados” nombraran a sus fieles amigos en los máximos órganos de control de la administración pública, hecho que lo ha alentado a sentirse con la autoridad para censurar los fallos de los máximos organismos judiciales.
La situación se torna grave, en la medida en que los partidos más críticos del gobierno ladran pero no muerden, dedicándose a fomentar el ego y la soberbia de políticos que tienen varias décadas de atraso en su visión de nuestra sufrida Colombia.
Tenemos que vivir el presente y actuar en consecuencia para afrontar con acierto el futuro. Es hora de enfrentar al gobierno con autoridad y con propuestas innovadoras que sienten las bases para el desarrollo sostenible, una educación que no robotice al ser humano, sino que lo humanice y le desarrolle su creatividad, y, la aplicación de una verdadera justicia que acabe con el imperio de la impunidad y la corrupción.
Consecuente con mi posición crítica y, consciente de la imposibilidad de que el Congreso de Colombia haga la reforma que requiere la justicia para acabar con la corrupción y la impunidad reinante, hago un primer aporte para empezar a construir el temario de un necesario referendo, mediante el cual el pueblo adopte la legislación jurídica que establezca el imperio de la justicia en nuestra patria. Este aporte inicial tiene como objetivo, deslindar la dependencia del poder judicial y de los organismos de control del poder ejecutivo; esto con el fin de eliminar la dañina participación de la Casa de Nariño en la designación de los magistrados de las cortes y de los máximos directivos de los órganos de control.
La propuesta contempla la creación de un organismo totalmente independiente, que reemplace al presidente en sus funciones nominativas de los altos funcionarios del poder judicial.
Además de lo anterior, el nuevo organismo ejercerá la función de juez de segunda instancia de los magistrados, de los congresistas, del procurador, contralor, fiscal, defensor del pueblo, ministros y miembros de la junta directiva del Banco de la República y, asumirá las investigaciones correspondientes a las demandas presentadas contra el presidente, quitándole tal responsabilidad a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes (labor que nunca ha cumplido), enviando los resultados, cuando haya lugar, al Senado de la República para que tome las decisiones pertinentes.
El nuevo organismo estaría integrado por 15 magistrados, designados de la siguiente forma:
- Tres miembros designados por la Corte Constitucional.
- Tres miembros designados por la Corte Suprema.
- Tres miembros designados por el Consejo Superior de la Judicatura.
- Tres miembros designados por el Consejo de Estado.
- Tres miembros escogidos de sendos delegados del cuerpo docente de cada una de las facultades de derecho con más de 10 años de acreditación. Estos delegados se reunirán y, previa reglamentación, elegirán a los tres miembros que les corresponde.
Los magistrados del nuevo organismo podrán estar en su cargo hasta que cumplan ochenta (80) años.
El reemplazo de cualquier miembro de este organismo se hará por cooptación, es decir, lo elegirán sus mismos integrantes.
El funcionamiento de este nuevo organismo infundiría más confianza y respeto en el desempeño de las altas cortes, y, fundamentalmente, en la labor de seguimiento y control de la administración pública por parte de las instituciones que desempeñan esta función al cumplir una función más autónoma y decidida en la lucha contra la corrupción.
