El Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios asegura que las Comisiones de Regulación se han preocupado más por las empresas privadas que por los usuarios. Explica los lineamientos para garantizar el servicio continuo, de buena calidad y accesible a todos los colombianos. Y asegura que en esta crisis la corrupción es un componente tarifario común en todos los servicios.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se estaba preocupando más por los empresarios que por los usuarios, pero esta administración se preocupará más por los usuarios sin menoscabar a los empresarios que presten un buen servicio, asegura el superintendente Dagoberto Quiroga Collazos.
Para ampliar cobertura y con otros fines, con la Ley 142 de 1994, se abrió la libre competencia en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, quedando facultados, además del Estado, los privados y también las organizaciones sociales, cumpliendo algunos requisitos.
En concepto del Superintendente, si bien los servicios públicos son un monopolio natural, lo que se dio en realidad fue una concentración del servicio en pocas manos y con el paso del tiempo se vio el servicio público más como un negocio que como un derecho inherente al ser humano consagrado en la Carta Magna, con la consecuente baja en la calidad y la eficiencia por parte de muchos de esos empresarios, a lo que se agregó en algunos casos la corrupción.
Esta situación en contravía de los usuarios, según Dagoberto Quiroga, no se arregla con reclamos. Muchos creen que la labor principal de la Superintendencia es funcionar como una oficina de quejas y reclamos, encargada de atender al público e iniciar los trámites administrativos, previa la reclamación desatendida a la respectiva empresa prestadora del servicio.
El superintendente reveló que al asumir el cargo, en septiembre de 2022, había doscientas cincuenta mil quejas represadas, lo cual –a su parecer- es una burla a los ciudadanos porque cuando pasan meses, o incluso varios años, la respuesta generalmente es inútil.
En vez de centrar su actividad en atender quejas y reclamos (servicio que debe ofrecer), la Superintendencia debe principalmente garantizar que las empresas de servicios públicos presten un servicio continuo, eficiente y de calidad a todos los colombianos, como –recalca- se lo ordenó la Constitución Política de Colombia.
Regaño a las Comisiones Reguladoras
Para el superintendente, la prestación de los servicios públicos domiciliarios está en crisis. Para sustentar esta afirmación sostiene que la gente cree, por ejemplo, que la prestación del servicio de energía está bien, pero las elevadas tarifas en la Costa Atlántica son muy graves para el ciudadano porque no se ha regulado pensando en el usuario sino en el empresario.
De acuerdo con Dagoberto Quiroga, allí las empresas han puesto a los usuarios a pagar hasta sus pérdidas y sus malos negocios, dejando en la práctica a estos empresarios con la potestad de fijar e imponer las tarifas a su acomodo, impidiendo la garantía de accesibilidad al ciudadano, llevando en muchos casos al ciudadano a enfrentar dilemas como comer o pagar el servicio.
Para remediar esta situación, el Presidente Gustavo Petro emitió el Decreto 227 del 16 de febrero de 2023, asumiendo algunas facultades de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), generando inconformidad en los empresarios privados, pero el Consejo de Estado suspendió este decreto provisionalmente.
Como el Presidente no ha perdido ni la capacidad ni el deber de regular los servicios públicos, con el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia se elaboró otro borrador de Decreto que está publicado en la web de la página del Ministerio de Minas para comentarios generales, en el que se establecen políticas y lineamientos para las Comisiones Reguladoras con el fin de promover la eficiencia y la competitividad del servicio público domiciliario de energía eléctrica.
De esta manera –explica- las Comisiones Reguladoras continuarán actuando pero bajo los parámetros que les fije el Presidente porque él es quien tiene la responsabilidad y el deber de que los servicios públicos sean de calidad, continuos, accesibles y oportunos.
¿Por qué el usuario debe pagar los malos negocios?
En este proyecto de decreto, el propósito –explica- es que las tarifas de energía bajen porque luego de un análisis en el tema de generación de energía eléctrica se encontraron elementos y riesgos que hacen parte de la estructura tarifaria y que no deberían cargarse al usuario. Igual sucede con la comercialización, la transmisión, la distribución, para que la tarifa no tenga esa ola alcista.
De la lectura del proyecto de decreto mediante el cual se modifica y adiciona el Decreto 1073 (único reglamentario del sector administrativo del sector de Minas y Energía) se concluye que su intención es promover la participación ciudadana en los procesos de regulación y política del sector, y se define lo que se denomina un prestador de última instancia para asegurar el servicio para usuarios en áreas especiales y situaciones de retiro del mercado de agentes comercializadores.
En generación, los lineamientos buscan la promoción del desarrollo de autogeneración a pequeña escala, mediante lineamientos para su liquidación en el mercado -democratizando la generación-, y se flexibilizan los requisitos de medida para la implementación de medida inteligente (medidores), además de la eliminación del cobro de potencia reactiva (energía reactiva) para usuarios residenciales, garantizando medir un mínimo vital.
Esta política busca promover la disposición de demanda a la bolsa de energía para facilitar su compra fuera de bolsa; disminuir pérdidas con generación distribuida a partir de fuentes renovables cerca al sitio de consumo; determinar el poder del mercado de los agentes para evitar el abuso de la posición dominante y la manipulación de la fijación del precio.
Así mismo los lineamientos buscan disminuir los costos de transacción de las coberturas en el marcado mayorista y promover la eficiencia en la construcción del precio de bolsa mediante ajuste a las reglas y ofertas de agentes.
Estos lineamientos, precisa el superintendente, deberán ser desarrollados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, y agrega que -además de lo anterior- se busca discutir la posibilidad de un indexador propio para el sector energético.
Adicionalmente y con el fin de democratizar los servicios públicos, según Quiroga, se busca brindar facilidades para para que las comunidades puedan gestionar servicios públicos tanto en energía como en agua. Existen comunidades energéticas que, por ejemplo, compran paneles solares y acueductos comunitarios, pero la normatividad limitante les pone trabas y muchos requisitos para sacar adelante sus proyectos comunitarios.
Licencias de construcción donde no hay agua
En el caso del agua, uno de los grandes problemas es que las autoridades competentes (curadurías, oficinas de planeación, alcaldías) para aprobar y otorgar licencias de construcción, las están otorgando para grandes edificaciones en lugares donde no hay capacidad para prestar el servicio de acueducto ni de alcantarillado, como por ejemplo en Santa Marta o Ibagué, donde no hay fuentes cercanas, ordenando el territorio alrededor del ladrillo, el concreto y el negocio, y no alrededor del agua, e igual sucede con la capacidad de las redes aguas residuales, denuncia Quiroga Collazos.
Por otra parte, la corrupción está afectando seriamente el servicio de agua en numerosas zonas del país. Para ilustrar este problema, Dagoberto Quiroga menciona el caso del departamento de Córdoba. Doce alcaldes municipales de ese departamento manifestaron que los anteriores alcaldes entregaron en concesión a empresas privadas el servicio de agua, pero estas empresas no están prestando el servicio.
Se han quejado sin que pase nada ante las empresas de servicios y ante sus interventores, y al parecer ellos están de parte de las empresas y no atienden el problema, posiblemente por corrupción porque no se explica por qué ante una situación tan grave no se han tomado medidas.
Si bien la Superintendencia no puede impedir a un alcalde que entregue el servicio en concesión durante varias décadas, y más en esta época pre-electoral, ¿qué pasa con las poblaciones de esos municipios sometidas a injustos racionamientos?, se pregunta Dagoberto Quiroga.
El parágrafo 1 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994 le prohíbe expresamente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios supervisar la contratación de las empresas municipales de servicios públicos, y por ello estos contratos son codiciados y ello explica por qué existen en el país muchos problemas de calidad de agua y de continuidad en el servicio.
Otro ejemplo que el superintendente califica como el escandaloso pero no atípico es el caso de Yopal, donde se firmó un contrato por setenta millones de dólares con Ingenicontec, una firma de ingenieros desconocida, para la construcción y administración durante treinta años de la planta de tratamiento de aguas residuales, por medio de contratación directa, y respecto al cual hay denuncias y grabaciones de comisiones por veinte millones de dólares para el alcalde, un representante a la Cámara por Casanare, el gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado y su exjefe jurídico.
Para cambiar esta nefasta situación, Dagoberto Quiroga propone, sin amenazar la autonomía empresarial, que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios u otra entidad competente revise estos contratos a partir de ciertos montos, reformando la Ley 142 de 1994.
Basuras, una cuestión de sobrepeso
Por su parte, la crisis en el aseo se presenta, según el superintendente, porque estamos utilizando métodos que ya cumplieron su papel y están obsoletos, como los rellenos sanitarios, sustituyéndolos por avances tecnológicos que resuelvan el problema de los residuos sólidos, y practicar economía circular.
Además, añade, los negociantes del aseo no están trabajando para ver una ciudad limpia, para que los ciudadanos vean un medio ambiente visual ajeno a las basuras.
En la Superintendencia se ha evidenciado que quienes transportan los residuos al relleno sanitario están cobrando más de la cuenta, incrementan el kilometraje; le agregan elementos de construcción e incluyen en el carro transportador los residuos clasificados para reciclar y echan las bolsas blancas y verdes con toda la basura, perdiendo ese esfuerzo de las familias y empresas que lo hacen, para incrementar el pesaje; cobran subsidios sin haber sido prestado el servicio; traen residuos de otros municipios, y todo ello en detrimento del Estado y del ciudadano que finalmente paga de su bolsillo este servicio.
¿Y la dignidad de los recicladores?
A su vez, los desechos aprovechables seleccionados para el aprovechamiento deben ser depositados en bodegas bajo ciertas condiciones de ubicación geográfica, capacidad y otros requisitos, operados por asociaciones de recicladores, explica el superintendente.
Pero como los recicladores no tienen la capacidad económica para adquirir o construir esas bodegas, entonces –sostiene Dagoberto Quiroga- aparecieron los negociantes con el capital suficiente, compraron bodegas y se aprovecharon de los recicladores para conformar las supuestas “asociaciones” ya que no los afilian a seguridad social ni les dotan con los elementos mínimos para ejercer su trabajo.
Además, muchas de estas “asociaciones” tienen a los mismos usuarios, con el agravante de que esos mismos usuarios pesan los residuos en muchas asociaciones, las cuales reportan varias veces el mismo peso, incrementando de manera fraudulenta el número de toneladas aprovechables, facturando y cargando su pago a la tarifa que pagan los ciudadanos y el Estado en sus recibos.
La Superintendencia detectó esta anomalía mirando las cifras de la sobrefacturación de estos residuos: En Bogotá, que reporta el 71% de todo el país, se facturaron un millón ochenta mil toneladas de toneladas aprovechables en menos de un año, y Bogotá sólo produce ciento cincuenta mil toneladas aprovechables. Y eso pasa en todo el país.
La Superintendencia se pregunta dónde está la gran estructura para aprovechar esta inmensa cantidad de toneladas aprovechables. Esta entidad ya inició investigaciones respecto a estas cifras infladas y está trabajando en el cambio de las normas y de las regulaciones para corregir este tema.
En conclusión, el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga, asegura que faltan lineamientos generales para mejorar el rol de las Comisiones Reguladoras y luchar contra la corrupción, la cual es un componente tarifario en todos los servicios públicos domiciliarios.
*Escritor y periodista
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