"El decreto del gobierno es un saludo a la bandera". Así califica el abogado Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, la medida expedida por la ministra de Justicia, Margarita Cabellos, quien demoró tres semanas desde que anunció que tomaría acciones para enfrentar el hacinamiento en las cárceles del país en medio de la emergencia por el COVID-19.
Con la medida saldrían alrededor de 4.000 presos de las cárceles, entre adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, algunos delitos menores o quienes ya hayan cumplido mínimo el 40% de la pena. Sin embargo, el decreto también excluye cerca de 70 delitos. En Colombia existen más de 123.000 presos, y el hacinamiento asciende al 53%, es decir, unos 43.000 presos.
Por tal razón, el Colegio de Abogados Penalistas decidió acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que tome cartas en el asunto. Pidiendo unas medidas cautelares que obliguen al gobierno a tomar medidas reales y efectivas respetuosas de los derechos humanos, cerca de 2.500 abogados adscritos en el Colegio tienen claro que el decreto del gobierno Duque es una muestra de la inercia y pasividad frente a la crítica situación. Hasta el momento, han fallecido dos internos en la cárcel de Villavicencio y existen más de 15 contagiados.
Aunque los tiempos de la CIDH son largos, ante la emergencia se espera que actúen con mayor celeridad.
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