La instalación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición genera cierta esperanza. Quisiéramos que, por lo menos, esto sea respetado en el ya incumplido acuerdo de La Habana.
La Comisión de la Verdad debe proporcionarnos una importante posibilidad de conocer qué ha pasado realmente en el conflicto y sus antecedentes, quiénes tienen responsabilidades prevalentes y cuáles fueron los móviles para desatar una orgía continua de guerra. A lo menos debe ser un punto de partida formal que involucre a la institucionalidad y a la sociedad en general en el esclarecimiento de responsabilidades. Será un avance aunque sea por el hecho de llamar la atención respecto a la urgencia de escudriñar hechos recientes del país. La creación de la Comisión presupone y significa de por sí la existencia de un relato oficial con falencias e inconsistencias, así como la de una verdad subrepticia y hasta estos días oculta.
La investigación juiciosa de nuestra historia, realizada por personas comprometidas con el futuro del país y no por trabajadores a sueldo de los grupos de poder, es un precepto determinador de justicia. Seguramente ese nuevo relato que debe empezar a develarse dejará al descubierto figuras de la más despreciable calaña, figuras que han pretendido venderse como respetables y hasta admirables, y empezarán a caer las placas de mármol de un estado constituido y mantenido a fuerza de embustes, encubrimiento de crímenes y dolor de pueblo. Por supuesto, a esto le temen muchos(as) colegionarios(as) de las casas políticas tradicionales que desde siempre han usurpado el poder y dirigido desde sus cómodos escritorios la guerra contra el pueblo, creando grupos de “pájaros”, “chulavitas”, Convivir, bloques Capital o Bacrim.
Lo difícil será darle a esa Comisión los mecanismos que le permitan hacer un ejercicio serio, sin que las prácticas encubridoras de quienes han escrito la historia oficial se precipiten a obstaculizar su desempeño. Por ejemplo, esta Comisión debe contar con la desclasificación de los archivos secretos de los organismos del estado, para determinar la responsabilidad de las instituciones y sus agentes en fenómenos como el paramilitarismo, el narcotráfico, la desapariciones de los líderes de izquierda y revolucionarios, los “falsos positivos”, entre otros.
El ejercicio de descubrir lo ocurrido durante el conflicto debe conducir necesariamente a establecer también unas responsabilidades jurídicas, porque lo contrario sería tener la verdad y no hacer nada con ella. Hoy día se ha dicho que la Comisión no tendrá carácter jurídico, ni sus resultados serán objeto de investigaciones penales, pero frente a eso confiamos en que, como sucedió en Argentina con los responsables de las atrocidades durante las dictaduras, lo revelado por la Comisión sirva para adelantar causas penales contra quienes promovieron, auspiciaron y aplicaron la guerra sucia.
Pero, de hecho, más allá de las implicaciones penales, lo que más debe interesarnos son las implicaciones políticas que este ejercicio puede traer consigo, porque lo fundamental será que la gente pueda identificar a sus verdugos y responsables de la debacle de nuestro país. Al fin y al cabo, el juicio definitivo de la historia lo hará el pueblo, el cual sabrá definir con quién se la jugará para construir la Colombia del futuro.
Conocer la verdad de por sí puede desencadenar fuerzas inesperadas, por eso cuando esta ha sido secuestrada por el poder, exigir que se descubra también es un planteamiento de alcances transformadores. Ojalá por esta ruta desenmascaremos a muchos que en la actualidad se pavonean como denodados compatriotas, encubriendo el fétido olor de sus actuaciones criminales con perfumes costosos, ocultando el rostro de miles de desaparecidos con las caras rozagantes y los buenos peinados con los que se presentan en televisión para engañar al ciudadano y dejar impunes sus traidoras comisiones.
Tácitamente el gobierno Santos aceptó la condición enclenque del relato sobre el cual se sustenta el actual régimen, por eso es necesario descubrir la verdadera historia sobre cuyas bases pueda edificarse una sociedad en paz.
El incumplimiento del acuerdo es un hecho y el daño causado al mismo es irreparable, porque, aunque más adelante se activara su implementación, de ningún modo se podrá recuperar el tiempo perdido por la perfidia estatal, ni las vidas segadas en el entretanto. No obstante, el cumplimiento de la misión que el acuerdo le confirió a la Comisión de la Verdad en particular —y a la verdad en general a través del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR)—, puede abrir las posibilidades para subsanar heridas abiertas en lo más profundo de nuestro ser nacional. Si el engaño constituye nuestro pasado y atroz presente, un futuro de reconciliación debe construirse con cimientos de verdad.
Quizá por eso cabe recordar el decir del nazareno: “conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”.
* Fragmento editado del artículo titulado Lo que quieren contar los grupos de poder, esa ha sido la historia oficial, fechado 8 de junio de 2015.
