Las decisiones de las Comisarías de Familia en contra de hombres, con complicidad de abogados y funcionarios públicos, y que estarían ordenadas desde la Secretaría Distrital de Integración Social, una de las entidades más importantes de Bogotá, es la denuncia de padres de familia que sienten el peso del poder de Omaira Orduz, una funcionaria feminista radical que controla las 37 salas que toman decisiones sobre el futuro y bienestar de los hijos de padres separados, una de las batallas que más enfrentan familias en el país.
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El hijo de Luis-Carlos* y Martha*, una pareja separada, tiene seis años. Al pequeño le da pavor ir a la casa de su mamá. Según lo que el niño manifestó y así lo confirmó Medicina Legal, la mujer le ha provocado cuadros de desnutrición, agresiones físicas y psicológicas, además de un comprobado abuso sexual. La entonces comisaria de familia que en su momento conoció el caso, Yaneth Fabiola Castillo, una profesional con un amplio soporte académico multidisciplinario y 25 años de experiencia, le entregó la custodia provisional al padre. La decisión fue confirmada por el Juzgado tercero de familia en una segunda instancia, así mismo, esta decisión tuvo concepto favorable de la Personería de Bogotá. Al día de hoy, la madre se encuentra imputada por la Fiscalía, en espera de juicio por los abusos a su hijo.
El informe de Medicina Legal, conocido por Las2orillas, evidencia el abuso que sufrió uno de los pequeños, al parecer por su propia madre, una de las mujeres que se reunió varias veces con Omaira Orduz.
Esta y otras decisiones emitidas por la comisaria Castillo en favor de hombres, que fueron falladas en derecho y que contaron con la fiscalización de otras entidades, así como la confirmación de jueces de la República no fueron bien recibidos en la Secretaría Distrital de Integración Social, donde quien manda en las 37 comisarías de Bogotá es Omaira Orduz Rodríguez, subdirectora para la familia, una feminista radical a quien al parecer le incomodan las decisiones en favor a los hombres. Según denuncias, ha estado favoreciendo a madres vinculadas en casos probados de violencia física, psicológica y sexual hacia sus propios hijos.
El feminismo de Orduz la ha llevado a organizar foros sobre familia y mujer en los que participan como panelistas, mujeres sobre quienes hay fallos en su contra y medidas de protección por violencias. Una de sus invitadas ha sido la mamá investigada por la Fiscalía por abuso a su hijo.
En este foro, publicado en la plataforma Youtube, participa como panelista invitada en temas de familia, una de las mamás sobre quien hay investigaciones en curso por violencias con su hijo, una de las mujeres cobijada por Omaira Orduz.
Orduz, quien no debería tener competencia jurisdiccional en las comisarías, ha generado probadas intervenciones en casos donde los papás, según decisiones administrativas, son garantes de los derechos de los niños. La funcionaria, quien intentó llegar al Consejo de Bogotá con la bandera feminista por delante, por el Partido Verde, el mismo de la alcaldesa Claudia López, alejándose de la imparcialidad como funcionaria pública, en compañía de Marleny Barrera Jefe de la Oficina de Asuntos Disciplinarios, reunió a por lo menos una veintena de mujeres que perdieron casos en esta comisaría Usaquén II para ser redireccionadas y actuar en colectivo con el objetivo, según testigos presenciales, quitar del camino a la incómoda comisaria que emitía fallos en contra de mujeres.
En estos encuentros a los que también asistieron otros funcionarios de la Secretaría de Integración, como Luz Myriam Rincón, Diego Arcila y otros de la Procuraduría delegada, cercanos a Orduz, como Horfa Victoria Poveda Chocontá.
El objetivo de aquella reunión fue levantar quejas, descalificaciones y denuncias contra la comisaria que estaba en contravía de su feminismo, que usaron para sacarla de Usaquén y lograr por presiones su renuncia en 2020. No acatar directrices de una feminista radical, a quien le resultó inaceptable que otorgara custodia de niños a papás, fue su fin como funcionaria.
El compromiso de Orduz en dichas reuniones con las madres era revertir fallos en su contra, en donde las custodias de niños estuviesen en favor de sus padres, a pesar de ser decisiones ratificadas hasta por jueces de la República y sin importar que los niños quedarían vulnerables en manos de madres que habían sido diagnosticadas por peritos expertos con serios trastornos psicológicos y psiquiátricos.
Con Castillo fuera del camino, Orduz buscó reemplazarla con otros comisarios, quienes en su mayoría renunciaron o pidieron traslado negándose a ser parte de sus actuaciones, hasta que logró poner en Usaquén II a Diana Patricia Martínez Hemelberg, una comisaria que presenta investigaciones disciplinarias ante la Personería por irregularidades cometidas en procesos y que según lo denuncian, es del corte feminista de Orduz.
Martinez llegaría para actuar bajo los lineamientos de género que ordenan desde la Subdirección para la Familia de una de las secretarías de Bogotá con más poder, donde los fallos de género le dan a los hombres pocas oportunidades de luchar por sus hijos, al haber una articulación entre Orduz, los comisarios que le obedecen al pie de la letra y abogadas feministas como la sonada Carmen Alicia Bernal, que según indican, usarían el género como arma jurídica para montar falsas denuncias contra los hombres.
Colocada en Usaquén, Diana Martínez abrió varios de los expedientes sobre los que se emitieron fallos que incomodaron a Orduz, y se tomaron decisiones en contravía de las falladas con anterioridad que favorecían a los niños con custodia asignada a sus papás. También se levantaron medidas de protección a mujeres y a sus contrapartes, a los hombres, sin lugar a la defensa les impusieron otras sin ninguna prueba en medio de diligencias que no contaron con el acompañamiento de la Personería y el ICBF, dicen las denuncias recibidas.
Un ejemplo de que Martínez fue puesta allí para emitir fallos de género lo expone Luis Carlos*, el papá del menor abusado por su mamá, a quien después de las denuncias elevadas ante la comisaria Diana Martínez, según lo dice él, su respuesta fue: “Papá, aquí no vamos a hacer nada en contra de las mujeres”. El actuar de la comisaria en este caso, conociendo el informe de Fiscalía, que confirmaba los abusos, mantuvo las visitas a la mamá; las cuales, aunque estas deberían ser acompañadas por el ICBF, fueron asistidas por una familiar de la mujer investigada. Hoy día el padre del menor está a puertas de la cárcel, porque acudiendo a su instinto de salvaguardar la integridad de su pequeño, no lo entregó a su madre. Martínez le impuso incumplimiento a sus órdenes y puede parar tras las rejas por no acatar las decisiones de la comisaria de Omaira Orduz.
Otras de las madres que asistió a las reuniones con Orduz es una reconocida modelo e influencer monteriana que perdió la custodia de su hija por violencia probada en contra de la menor. La custodia se otorgó a su expareja, un empresario barranquillero que demostró violencia y maltrato por negligencia cometidos por la modelo con su pequeña. Actualmente esta madre está siendo beneficiada por los presuntos hechos de corrupción y manejos inadecuados por parte de la actual comisaria Diana Martinez.
También hay audios que muestran que la veintena de mujeres encontraron en Orduz, quien sería la cabeza del entramado en contra de hombres, una abanderada del género. La mujer del audio, quien contactó vía mensaje de voz a un funcionario solicitando celeridad en su proceso, deja entrever la intervención de Orduz a su favor y la comunicación directa con la subdirectora para la familia.
La mujer del audio, bajo la facultad de Martínez, logró revertir una decisión ya tomada en favor del padre quien tenía la custodia de sus hijos, quienes le fueron entregados al cuidado exclusivo de la mamá. En la actualidad uno de aquellos niños ha sido hospitalizado en varias ocasiones por presentar desnutrición y anorexia. Aunque el padre ha solicitado la intervención de la Comisaría, con copia de historia clínica, no ha obtenido respuesta en favor de la menor.
Las órdenes feministas de Omaira Orduz también han encontrado respaldo en abogados como Bernal y en funcionarios de la procuraduría como Pablo Sandino Badillo, de quien dicen las denuncias, acompaña algunos de los casos para favorecer al grupo de mamás que estarían asesoradas por la subdirectora.
La hoja de vida Omaira Orduz, con la que aspiró fallidamente al Consejo de Bogotá, deja ver que entre sus causas mayores está la mujer, lo que no sería equivoco sino lo utilizara como arma contra los hombres dentro de las Comisarías de Familia
Denuncian que Carmen Alicia Bernal, a través de la delegada para la familia, Viviana Mora Verbel, solicita Agencias Especiales de la Procuraduría para respaldar los casos de sus defendidas. Llama la atención que la mayoría de procesos que lidera la abogada Bernal en los juzgados de familia y en la comisaria de familia Usaquén II son acompañadas por el mismo Sandino.
Hay pruebas que evidencian la irregular presencia de Sandino en audiencias en las que no se solicitó la comparecencia de agencias especiales. En una de las audiencias uno de los padres consultó a la Procuraduría sobre la asistencia de agencia especial por parte de Sandino en su proceso y le confirmaron su no presencia, pero el citado procurador asistió a la diligencia, quedando en evidencia que este funcionario fue citado y acudía a las audiencias con fines de defensa hacia las madres defendidas por la abogada Carmen Alicia Bernal.
Llama la atención, según las denuncias hechas por los padres, que Martínez no convoca al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a las audiencias de comisaría, mientras sí lo hacía su antecesora; sin embargo, cuando el instituto hace presencia en las diligencias, por solicitud de los padres ha detectado irregularidades. Como en el caso donde la Defensora de Familia, adscrita al Centro Zonal Usaquén del ICBF, ratificó la omisión al deber funcional por parte de Diana Martínez, al levantar una medida de protección de una madre sin soportar con informes claros la superación de conductas de violencia y maltrato por negligencia en una niña de primera infancia, así mismo el ICBF confirmó que desde que Martínez asumió el conocimiento de ese despacho administrativo, no han sido notificados de las audiencias de medida de protección llevadas a cabo, mientras que otras comisarías sí lo hacen.
Aquellos hombres quienes han levantado denuncias públicas han ido aunando pruebas del comportamiento inequitativo en las entidades de familia, incluso los han llevado ante instancias superiores para frenar, aquello que en el fondo es igualmente un abuso de cara a los derechos de una veintena de papás frente a la custodia y protección de los niños, quienes no se deberían ver afectados más allá de la difícil situación de las separaciones de sus padres.
*Nombres cambiados para proteger la integridad de los menores de edad
