Amigos en España me hacen llegar dos invitaciones a una Velatón que tendrá lugar el viernes 6 de julio en las ciudades de Madrid y Barcelona. En Madrid se llevará a cabo en la entrada principal del Parque El Retiro (La puerta de Alcalá) a las 19:00 horas. En Barcelona, en la plaza San Jaume, a las 20 horas. Los actos se realizarán en defensa del derecho a la vida, por los líderes y lideresas asesinados y amenazados impunemente en Colombia.
El mismo día, en siguientes ciudades colombianas se celebrarán eventos similares: Armenia, Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Chía, Cúcuta, Medellín, Montería, Palmira, Pereira, Ibagué y Popayán. La situación en esta materia se ha hecho intolerable. El gobierno nacional asegura que no se trata de crímenes sistematizados, y repite una y otra vez que no existen en nuestro país grupos paramilitares, ni colaboración de las autoridades con estos.
Las cifras sin embargo lo desmienten. Según el último informe de la Defensoría del Pueblo, desde el 1 de enero de 2016 al 30 de junio pasado, sumaban ya 311 los líderes de derechos humanos asesinados en el país. Si nos atenemos a los datos sobre asesinatos de líderes y lideresas desde el 1 de diciembre de 2016, cuando entraron en vigencia los Acuerdos de La Habana, las cuentas alcanzan los 178, según el coronel José Restrepo, de la Policía Nacional.
Ya se habla de que cada 3 días se asesina un líder social en Colombia. De hecho solo el martes 3 de julio, mientras jugaban Colombia e Inglaterra en el mundial de Rusia, cayeron Luis Barrios Machado en Palmar de Varela, Atlántico, y Santa Felicinda Santamaría en Quibdó, capital del Chochó, los dos por obra de sicarios que los balearon en sus propias casas de habitación. Según El Espectador del 5 de julio, en 2018 han sido asesinados 40 líderes de juntas de acción comunal.
Vale recordar lo que quedó sentado en el punto 3 de los Acuerdos de La Habana:
“3.4. Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”.
En sus principios orientadores figuró, que el Estado es el garante del libre y pleno ejercicio de los derechos y libertades de las personas y comunidades en los territorios. Y en sus desarrollos aparecieron compromisos tan serios como la celebración del Pacto Político Nacional, la creación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la conformación de la Unidad Especial y la integración de un Cuerpo Élite de la Policía Nacional, todos para los mismos fines.
Es de hacer notar que la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres no ha sido puesta nunca en marcha, por cuanto el actual Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, desde un comienzo se ha encargado de ponerle todo tipo de trabas. No sorprenden por tanto los pobres resultados de la propia Fiscalía en el combate a este tipo de crímenes.
El Pacto Político Nacional que debía ser promovido desde las regiones más afectadas por la violencia, buscaba hacer efectivo el compromiso de todos los colombianos para que nunca más se usaran las armas en la política, ni se promovieran organizaciones violentas como el paramilitarismo, que irrumpieran en la vida de los colombianos vulnerando sus derechos humanos. Ni el gobierno nacional ni ciertos sectores políticos reconocidos han mostrado interés en su concreción.
La necesidad urgente del cumplimiento de los Acuerdos de La Habana,
queda patente ante la oleada de asesinatos y terror
que se extiende por diversas regiones del país
La necesidad urgente que para la nación colombiana representa el cumplimiento de los Acuerdos de La Habana, queda patente ante la oleada de asesinatos y terror que se extiende por diversas regiones del país. Pese a la indignación que producen los asesinatos y amenazas, pero sobre todo la impunidad que los cobija, es evidente que una respuesta armada y violenta solo contribuiría a agravar más la situación. El camino justo es la lucha de masas.
Y es ella la que comienza a despertar con fuerza, incluso allende las fronteras. Si la situación es grave ahora, con el gobierno que firmó los Acuerdos de Paz, es de pensar cómo podría empeorar con la llegada al poder del Centro Democrático y otros sectores de ultraderecha. Desde ya se envalentonan seguidores agresivos, mientras su obtusa dirigencia se empeña en sabotear la implementación legal y material de lo acordado. La memoria enciende alarmas.
Y aconseja organizarse firmes. Este país ya no es el mismo de hace 16 años. Desde ya se construyen los bastiones de una resistencia multitudinaria que terminará por imponer la paz.
Según el último informe de la Defensoría del Pueblo, desde el 1 de enero de 2016 al 30 de junio pasado, sumaban 311 los líderes de derechos humanos asesinados en el país
