Para la ministra de Agricultura, Cecilia López, “la reforma agraria de Petro es una revolución”. Ni más, ni menos. Una revolución que inicia por quitarle el “freno de mano” a la reforma rural creada en el acuerdo de paz y por activar el acelerador. Así, con la reciente entrega de 680.000 hectáreas a campesinos, afros e indígenas, el gobierno se la juega por dinamizar su política rural desde dos frentes; por un lado, priorizando la compra de tierra; y por el otro, en el fortalecimiento de las capacidades administrativas de la Agencia Nacional de Tierras para impulsar el Fondo de Tierras, el catastro multipropósito y el programa de formalización masiva.
Sin embargo, los instrumentos de planificación más importantes del acuerdo de paz, esenciales para cerrar brechas y sacar del atraso a los territorios más afectados por el conflicto armado, han tenido poco espacio en la agenda del gobierno; al punto, que en la entidad encargada de operativizar su ejecución -la Agencia de Renovación del Territorio- no ha se ha nombrado un director en propiedad. Me refiero a los dieciséis Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-, los pilares de la reforma rural integral que, entre 2017 y 2018, convocaron a 200.000 personas en 170 municipios y en 11.000 veredas para priorización la participativa de 32.808 iniciativas de transformación territorial.
A los PDET les asista la paradoja de ser uno de los procesos más visibles del acuerdo de paz, pero también uno de sus capítulos más incomprendidos, pues su potencial transformador, que no se reduce al diseño de las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional, se ha visto condicionado por limitaciones técnicas, presupuestales, logísticas y por la politización que excluyó a buena parte de las comunidades -organizadas en torno a grupos motores y en comisiones municipales y subregionales de planeación participativa- de su ejecución, entregándole un importante capital relacional a sectores políticos que vieron la oportunidad de engordar sus feudos electorales con la entrega y saqueo de las denominadas “obras PDET”.
Ahora bien, el gobierno de la “revolución agraria” tiene la posibilidad de enderezar el rumbo y restituirle a los PDET su centralidad como el principal instrumento de planificación y gestión de la reforma rural en los territorios más afectados por el conflicto; para ello, deberá recomponer los espacios de planificación que dieron vida al diseño de los pactos veredales, municipales y subregionales; es decir, afianzar nuevamente las relaciones de confianza entre las comunidades, la institucionalidad local, el sector privado y el movimiento social, confluyendo en visiones compartidas de desarrollo que pongan en el centro la participación, el control y la veeduría en la implementación de las iniciativas.
Además, tendrá la oportunidad de integrarlos en los principales objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, a partir de los diálogos regionales vinculantes, como una apuesta de planeación a escala local - regional. Retomando así lo logrado en su etapa de diseño, pero ampliando sus posibilidades de ejecución y fortaleciendo sus redes organizativas. Ya en algo se avanzó en ese sentido en 2020, cuando 170 municipios y 14 departamentos incluyeron en los diagnósticos e indicadores de sus planes de desarrollo territoriales cerca de 11 mil iniciativas priorizadas por las comunidades en los dieciséis PDET.
La tarea no pinta sencilla y pasa por reestructurar sus fuentes de financiación (tras el saqueo del OCAP-PAZ); recomponer una confianza erosionada por un gobierno que se empeñó en hacer trizas la paz; reconstruir y potenciar sus metodologías de participación, veeduría y control; e integrar a las gobernaciones y alcaldías en lo que en políticas públicas se conocen como círculos virtuosos.
No será fácil, pero las condiciones están dadas para lograrlo y lo que se necesita es mucha voluntad política.
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