Resultan algo alentadores los recientes anuncios gubernamentales para el sector de las telecomunicaciones, en particular los resultados de las subastas para la implementación de tecnología 4G (servicios de última generación a menores costos para los usuarios), en momentos en que los propietarios de líneas de telefonía celular vivimos un estado de desesperación, y muchas veces de cólera y enojo: mala calidad del servicio, exasperante caída de llamadas, tarifas que rayan el descaro, sobrecostos en los equipos, desinformación, abusos de posición dominante y falta de cobertura (si subiendo a La Calera no se agarra una llamada, no quiero imaginar lo que ocurre en Macondo profunda).
Ese estado de desesperación es más dramático si se tiene en cuenta que en los hogares colombianos (donde existen más líneas de teléfonos celulares que personas) la línea móvil se convirtió en un artículo de primera necesidad en la canasta familiar (Fedesarrollo: 5% de ingresos de hogares a pago de facturas).
La Superintendencia de Industria y Comercio, con el pulso tembloroso, reporta que las quejas de los usuarios del servicio ante los operadores (y ante la propia SIC) ha crecido en volúmenes desoladores: un promedio diario de 450 quejas o reclamaciones por cada millón de líneas móviles.
El protagonismos de Claro (ex-Comcel) en este panorama es un hecho notorio que se refleja en varias áreas y que tiende a acentuarse frente a la débil presión competitiva que recibe, y a su consolidada posición dominante (Fedesarrollo: Claro: 63,8% del mercado; MoviStar: 23,1%, y Tigo: 12,4%).
¿Cómo contener a esta criatura empresarial? ¿Leyes? ¿Procesos penales? Se han intentado ambas: el pasado mes de mayo, por ejemplo, se hundió en el Senado el proyecto de “ley antimonopolio en telecomunicaciones”, que buscaba fijar “mecanismos de la intervención del Estado para garantizar la competencia en los mercados de servicios móviles de telecomunicaciones de voz, datos y complementarios”. El proyecto se archivó —ríanse— días después de que el Ministro de las Tic´s anunciara públicamente que el Gobierno nacional apoyaba el proyecto. Qué curiosidad saber qué fue lo que ocurrió…
Pero no perdamos la fe todavía: cursa otra iniciativa de ley “por medio de la cual se promueve la competencia en los servicios de comunicaciones y se dictan medidas para la protección de los usuarios”, con la que se busca prohibir las cláusulas de permanencia mínima en los contratos de telefonía móvil (instrumento de esclavitud moderna); libertad del usuario de cancelar cualquier servicio empaquetado (telefonía fija, internet y televisión) sin sanciones, y separación de los contratos de prestación servicios de comunicaciones de los de compraventa de equipos terminales o celulares. ¿Será que está ley se aprueba? Y, ¿será que se aprovechará esta oportunidad para dar dientes a la Comisión de Regulación de Comunicaciones —CRC— y a la SIC, que están en competencia mutua por saber cuál de las dos es más inútil?
Un segundo frente se da en procesos penales: El dueño de la ex-Comcel, Carlos Slim, tiene ya encima a un fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupción, según nos acaba de informar el Fiscal Eduardo Montealegre, por cuenta del pleito con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB). Hay que recordar que desde el 9 de agosto de 2012 el Consejo de Estado, acatando una decisión del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, le ordenó a Slim devolver a la ETB “debidamente indexadas, en el término máximo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha en que esta providencia cobre ejecutoria”, la no despreciable suma de $134.000 millones de pesos que, en cuentas actuales de hoy, asciende a la suma de $200.000 millones de pesos.
No ha habido poder humano: a la ex-Comcel le importó un bledo esa orden perentoria. Por el contrario, sus abogados abrieron la última edición del Manual de Tretas Legales (corregida y aumentada) para dilatar el pago. Entre recursos, nulidades, tutelas —y otros—, acudieron a la más insólita de todas las medidas para evitar devolver recursos públicos: una denuncia penal en contra de los promotores del “apagón de celulares”, realizado en abril de este año, con el argumento de que hay “extorsión, injuria y calumnia por parte de quienes lo promovieron”. Qué bueno saber quién fue el desvergonzado dentro de Claro que sugirió esa acción. ¿Cómo así que al que el ciudadano inerme que se atreve a protestar por el pésimo servicio le zampan sin disimulo una denuncia penal? Usan la justicia para perseguir penalmente a quien hace uso legítimo del derecho a reclamar, ¿pero la desacatan cuando se trata de pagar a la ETB? El mundo al revés.
¿Amedrentarán también con el Código Penal al Presidente Santos por haberle pedido en Twitter al Ministerio de Tecnología “que tome cartas en el asunto de la desesperante y creciente mala calidad en el servicio de la telefonía celular”?
Señor Ministro: Los usuarios le agradecemos en serio las subastas de 4G, pero ¿qué cartas tomó en el asunto de Claro?
